ONU denuncia deterioro del Estado de derecho en Nicaragua y demanda reforma electoral
Cambios en leyes son clave para que las elecciones de noviembre sean ‘libres, justas y transparentes’, dice alta comisionada de Derechos Humanos
A street vendor shows a face mask depicting Nicaraguan President Daniel Ortega and Vice-President and First Lady Rosario Murillo reading �Welcome victorious July� at a bus stop in Managua on July 17, 2020, amid the new coronavirus pandemic. - Nicaragua will celebrate on Sunday the 41st anniversary of the Sandinista Revolution, for the first time without a public event for the speech of Nicaraguan President Daniel Ortega due to the COVID-19 pandemic. (Photo by Maynor Valenzuela / AFP) MAYNOR VALENZUELA
El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, controla todo el poder en Nicaragua. AFP (MAYNOR VALENZUELA/AFP)
Ginebra. El Estado de derecho se está deteriorando en Nicaragua, advirtió la ONU este jueves, al tiempo que reclamó una reforma electoral urgente para garantizar que las elecciones presidenciales y legislativas de noviembre sean “libres, justas y transparentes”.
“Mientras Nicaragua se acerca a las elecciones generales del 7 de noviembre del 2021, el Estado de derecho sigue deteriorándose”, declaró la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante la presentación de un informe sobre ese país ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
“La adopción reciente de varias leyes contrarias a los derechos a la libertad de asociación, expresión, la participación política y las garantías al debido proceso, constituye un claro ejemplo de la continua restricción del espacio cívico y democrático”, agregó en un mensaje grabado en video.
Nicaragua atraviesa desde el 2018 una grave crisis política. En el poder desde el 2007 y acusado por la oposición de haber instaurado una dictadura marcada por la corrupción y el nepotismo, Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista que ya dirigió el país de 1985 a 1990, podría presentarse a un cuarto mandato consecutivo.
Sin embargo, Wendy Carolina Morales, procuradora general de Nicaragua, indicó que “el gobierno (...) expresa su no aceptación y rechazo absoluto del informe”, al que tacha de “injerencista”, por “considerarlo unilateral, parcializado, carente de objetividad”, en una nota enviada al Alto Comisionado de la ONU.
En su informe, Bachelet reclama la adopción urgente de reformas electorales “que garanticen unas elecciones libres, justas y transparentes” como parte de un diálogo con las fuerzas opositoras.
‘Impunidad’
Asimismo, la alta comisionada insta a las autoridades a “poner fin de inmediato a las detenciones arbitrarias, a las restricciones indebidas a la libertad de circulación, a las amenazas y otras formas de intimidación contra las personas que participan en reuniones pacíficas u otras actividades políticas, o que expresan opiniones que difieren de las del Gobierno”.
La responsable también lamentó que el gobierno no haya reconocido “la responsabilidad del Estado por las múltiples violaciones de derechos humanos, incluidos homicidios y detenciones arbitrarias, cometidas desde abril del 2018” y señala que “la impunidad” condujo a “la reiteración de violaciones de derechos humanos”.
Según el informe, el Alto Comisionado documentó, entre el 1.° de agosto del 2019 y el 31 de diciembre del 2020, 117 casos de acoso, intimidación y amenazas por parte de policías y elementos progubernamentales contra estudiantes, agricultores, activistas políticos, defensoras y defensores de derechos humanos y organizaciones de víctimas y de mujeres.
Además, registró 34 casos de intimidación, amenazas y otras campañas de difamación contra medios de comunicación y periodistas considerados “opositores”.
En el 2018, la violenta represión de unas manifestaciones gubernamentales causó al menos 328 muertos y 88.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Bachelet ha denunciado en varias ocasiones los abusos cometidos en Nicaragua y ha pedido al gobierno que representantes del Alto Comisionado puedan visitar el país para el “monitoreo de los derechos humanos en el contexto electoral” y funciones de asesoría técnica.
