Managua. El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó en tiempo récord una polémica ley que cierra el espacio de competencia electoral para el 2021 a quienes promuevan sanciones contra el gobierno de Daniel Ortega, quien se postulará para un cuarto mandato consecutivo.
La iniciativa denominada Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, promovida por Ortega, que apunta a sus críticos opositores, fue aprobada este lunes con 70 votos a favor, 15 en contra y 4 abstenciones. El proyecto fue presentado hace cuatro días.
Nicaragua celebrará elecciones presidenciales y legislativas en noviembre del 2021, en las que el sandinista Ortega, de 74 años, presumiblemente tratará de extender su permanencia en el poder, al que llegó en el 2007.
La norma establece que “aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua” no podrán optar a cargos de elección popular.
Además excluye a quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, inciten la injerencia de otros países o se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
Para la dirigente del bloque opositor Unidad Nacional, Ivania Álvarez, Ortega “está dando muestras de que no quiere un proceso limpio y transparente”, y saca del camino a sus oponentes.
Hablar mal de la patria
“¿Acaso se pueden llamar ciudadanos nicaragüenses quienes pretenden derramar sangre de hermano y decir que tienen derechos?”, dijo el diputado sandinista Edwin Castro, en referencia a opositores.
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El presidente del Parlamento, Gustavo Porras, también justificó la ley: “Todo aquel que haga una acción de traición a la patria tiene que ser juzgado”, declaró. “Quien quiera hablar mal de la patria, que vaya a correr (a elecciones) a donde quiera, sobre todo en los ejemplos de democracia que estamos viendo en estos tiempos en el imperio”.
La bancada del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votó en contra porque considera que viola derechos de los ciudadanos protegidos por la Constitución.
El gobierno acusa a la oposición extraparlamentaria de golpistas y terroristas por participar en las protestas del 2018, según dice, aupados por Estados Unidos. También de aplaudir las sanciones que Washington ha impuesto a funcionarios y familiares de Ortega, señalados de corrupción y violación de derechos humanos.
La vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo, celebró la aprobación de la ley, tras calificar a los opositores de “traidores” y “serviles”. Son “esclavos de los imperios, que al silbato del amo se movilizan como manadas, qué vergüenza”, agregó.
A la misma hora que el Parlamento aprobaba la nueva norma, se conoció que Estados Unidos sancionó a otros tres funcionarios oficialistas, entre ellos un diputado y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El director de Human Rights Watch (HRM), José Vivanco, dijo que el gobierno “presentó este proyecto para impedir que la oposición participe en las elecciones presidenciales del 2021”, lo que viola el derecho a la participación política y “ayudará a consolidar a la dictadura Ortega-Murillo”.
ALERTA
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) December 19, 2020
Nicaragua: el regimen presentó este proyecto de ley para impedir que la oposición participe en elecciones presidenciales 2021.
De ser aprobado, violará abiertamente el derecho humano a la participación política y ayudará a consolidar la dictadura de Ortega-Murillo. pic.twitter.com/KSNQhbk2Nl
Debilitar los cimientos de la oposición
“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones en contra (...) perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones; ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, había dicho Ortega la semana pasada.
El Parlamento ya había aprobado en octubre la denominada ley de Agentes Extranjeros, que obliga a organizaciones y personas civiles que reciben fondos del exterior a registrarse como tal y les prohíbe optar a cargos públicos.
También está la ley de ciberdelitos, por la que se puede sancionar a adversarios de Ortega que lo critican en redes sociales.
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El líder opositor Félix Maradiaga, perfilado como contrincante de Ortega, aseguró hace unos días que no obedecerán esta norma que busca “inhibir a millones de personas en Nicaragua” que piden sanciones contra el gobierno de Ortega por presuntas violaciones contra los derechos humanos.
El politólogo José Peraza dijo que con esas leyes lo que Ortega “está haciendo es debilitando desde sus cimientos a la oposición” y a todo posible candidato que considere un peligro para sus aspiraciones de reelegirse “lo va a inhibir y a eliminar políticamente”.
“Ortega va a escoger al candidato con el que se va a enfrentar (...), uno que sea medianamente potable, creíble, para decir ‘yo gané limpiamente’”, opinó.
La opositora Álvarez, recordó que “no es la primera vez que Ortega manipula las leyes para mantenerse en el poder”, como hizo cuando eliminó el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial consecutiva y establecía un segundo período de forma alterna por una sola vez.