“La CIDH reconoce la oportunidad de diálogo con el Estado colombiano y enfatiza la importancia de una visita de trabajo a la brevedad posible”, señaló la entidad tras reunirse con la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez.
LEA MÁS: Crisis en Colombia suma más víctimas tras casi un mes de protestas contra Duque
En un comunicado, la Comisión “expresó preocupación por los resultados del uso desproporcionado de la fuerza y denuncias de violencia sexual” y dijo que “seguirá monitoreando” los sucesos en el país suramericano.
La CIDH solicitó el 14 de mayo la anuencia del gobierno de Iván Duque para evaluar in situ la situación de derechos humanos en Colombia, pero, de gira esta semana por Estados Unidos, Ramírez no consideró que por ahora sea pertinente.
“En este momento consideramos que hay que esperar que los propios organismos de control acaben de hacer su tarea”, dijo el lunes a periodistas en Washington, tras conversar con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a quien también elevó una solicitud de visita.
Este martes, Ramírez destacó la iniciativa del gobierno de Duque de reunirse con la CIDH, prometió enviarle información sobre las protestas y la invitó a realizar la visita luego de la audiencia pública de oficio sobre la situación en Colombia, prevista para el 29 de junio en el 180 Período de Sesiones de la Comisión.
“¡El país siempre cooperará con este organismo!”, tuiteó Ramírez.
“Vamos a definir conjuntamente un formato que asegure que la Comisión tenga la oportunidad de escuchar a los distintos sectores y actores afectados por el paro, primando así la transparencia en la entrega de información”, prometió.
Al pedir la visita, la CIDH señaló reportes de “personas fallecidas y desaparecidas, hechos de violencia sexual, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes en contra de manifestantes, abusos contra personas defensoras y ataques a personas indígenas”
Agregó que también recibió informes de “agresiones y actos vandálicos contra agentes de policía y propiedades del Estado”.
LEA MÁS: Vicepresidenta de Colombia defenderá en EE. UU. actuación del gobierno en las protestas
Desde el 28 de abril, el estallido social en Colombia, desatado tras un proyecto de reforma fiscal que Duque ya retiró, deja al menos 43 muertos, casi todos civiles, y más de 2.000 heridos, mientras persisten 84 cierres viales que afectan particularmente a departamentos del oeste del país.
La respuesta del gobierno de Duque generó condenas de las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y oenegés internacionales.
Estados Unidos, que ha patrocinado durante décadas el combate contra el narcotráfico, permitiendo equipar y capacitar a la fuerza pública en su lucha contra las guerrillas, ha denunciado los abusos cometidos por la policía en la represión de las protestas.
