Hazel Feigenblatt. 27 mayo

El matrimonio igualitario se convirtió en una realidad esta semana en Costa Rica, irónicamente justo en un momento en el que grupos (y algunos políticos individuales) con creencias religiosas extremas representan casi la mitad de la Asamblea Legislativa.

“Nos están imponiendo el matrimonio homosexual”. Palabras más, palabras menos, esa ha sido una frase común en círculos religiosos. Tras la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la narrativa parece estar dando un giro hacia “la objeción de conciencia está bajo ataque”.

Ninguna de las dos percepciones tiene apego en la realidad, pero ello no impide que se use desinformación para dar la impresión contraria.

¿Quién se impone a quién?

La resolución constitucional que dio pie al matrimonio igualitario no obliga a ninguna persona a casarse con alguien de su mismo sexo ni impide que se sigan realizando matrimonios heterosexuales. Es decir, no existe imposición alguna.

El nuevo marco legal tampoco obliga a ninguna iglesia a oficiar matrimonios que no encajen con sus creencias, por más discriminatorias que estas sean. Es decir, tampoco existe una amenaza a la objeción de conciencia.

La realidad hasta esta semana era más bien a la inversa.

Una creencia religiosa sobre matrimonio – por tanto, una idea que no puede ser obligatoria para ninguna ciudadana o ciudadano – se le imponía a quienes no la compartían, creando una categoría de personas con menos derechos. Eso sí constituye una imposición.

Además, es posible argumentar que la ley violaba la objeción de conciencia de personas con convicciones morales contrarias a la discriminación, a quienes se les obligaba a negar la realización de matrimonios y por tanto a ser partícipes de actos de discriminación.

Así, lo que esas dos frases revelan es una concepción de la sociedad como un espacio primariamente cristiano, y no solo cristiano en general sino con una interpretación muy específica de cristianismo. Cabe recordar que no todas las iglesias de corte cristiano se oponen al matrimonio homosexual, al aborto, al liderazgo de las mujeres, etc.

Siendo la sociedad – según ellos – un espacio antes que todo de dominio cristiano, queda claro por qué ven leyes y prácticas culturales que desafían sus creencias como una “imposición”. También explica por qué creen tener derecho a “objetar” el estilo de vida de los demás.

Evidentemente ese concepto de sociedad es incompatible con el concepto de democracia. En una democracia por definición hay espacio para quienes desean vivir según creencias religiosas, pero hay igualdad de espacio para quienes no tienen creencias religiosas – o para quienes tienen algunas creencias, pero no comparten las actuaciones o interpretaciones de las iglesias.

La idea de que el espacio cristiano puede existir sin necesidad de atacar o eliminar los demás espacios ha ganado mucho terreno entre la población creyente en los últimos 100 años. No así entre políticos religiosos que dependen de atizar divisiones sociales para acceder a puestos de poder, e iglesias que ven la polarización como una oportunidad para recuperar influencia política.

Estos actores resienten que la religión organizada haya perdido el poder de usar los mecanismos coercitivos del Estado para imponer creencias y prácticas a la totalidad de las personas, creyentes y no creyentes.

La conciencia como arma política

En ese escenario, la figura de la objeción de conciencia emerge ya no para lo que se creó (proteger a una persona de ser obligada a realizar acciones contrarias a sus convicciones) sino como un arma política para hacer presión contra leyes y políticas públicas. Está por demás decir que es también una forma de continuar la discriminación de grupos vulnerables.

Por ello no sorprende que desde el primer día de matrimonio igualitario se empezara a promover en diferentes foros desinformación sobre que “la objeción de conciencia está bajo ataque” y es urgente “defenderla”.

Para crear esa falsa sensación de estar bajo ataque y/o indignación en una parte de la población creyente a menudo se utiliza desinformación, como tratar de establecer vínculos engañosos entre objeción de conciencia y cosas que no tienen ninguna relación con esta.

Por ejemplo, vincular contenido sobre matrimonio igualitario en prensa estatal con la objeción de conciencia. A menos que el Estado convierta en un deber jurídico el ver la prensa estatal en el momento en que transmite determinado contenido, la objeción de conciencia no tiene relación con el tema.

Algunos podrían quejarse de que se usen fondos públicos para cubrir temas de matrimonio igualitario, pero esa queja tampoco tiene relación con objeción de conciencia ni tiene ningún fundamento.

Una de las principales razones por las que la prensa estatal existe en una democracia es precisamente contribuir al pluralismo mediático, de forma que todas las personas se puedan ver representadas y tener voz en los medios – no solo las figuras religiosas y las que estas “aprueban”. Por ello, igual que se transmite contenido religioso como misas, se puede y debe también transmitir contenido de interés para otros sectores.

Sin embargo, crear una falsa sensación de indignación en torno a la objeción de conciencia sirve para generar presión y crear un ambiente político favorable a convertir la figura de la objeción en una licencia para violar los derechos fundamentales de otras personas.

Durante mucho tiempo la objeción de conciencia existió para evitar unirse al ejército por convicciones éticas (no necesariamente religiosas) y su uso se ha ido extendiendo a otras áreas, como estudiantes que rehúsan ir a clases donde se exhiben animales disecados o médicos que se niegan a atender a policías que reprimen manifestantes.

La objeción de conciencia como portillo para discriminar. Crecientemente, grupos religiosos en diferentes países han politizado esta figura al promover su uso ya no como una protección individual ante una obligación jurídica, sino como una “acción colectiva, de alcance público, que se orienta a una reforma de las leyes y políticas públicas del Estado”, en palabras del especialista legal Marcelo Alegre.

Así, son las iglesias y otros grupos conservadores quienes necesitan y fomentan que la práctica ocurra de forma masiva para poder usarla para hacer presión a favor de diferentes objetivos políticos.

A menudo, se crea una tensión entre el derecho de una persona a la objeción de conciencia y el derecho de otra persona a ejercer sus derechos fundamentales, tal como recibir atención médica urgente.

Por ejemplo, en Estados Unidos grupos evangélicos recientemente promovieron un proyecto que permitiría al personal médico (incluyendo secretarias, choferes de ambulancia, etc.) negarse, incluso durante emergencias médicas, a atender personas trans o mujeres embarazadas que podrían llegar a necesitar un aborto terapéutico.

Cuando la objeción de conciencia se ejerce de forma politizada, coordinada y colectiva puede obstaculizar e incluso llegar a impedir del todo el ejercicio de los derechos de ciertos grupos y perpetuar su discriminación. Es por eso que algunos organismos internacionales de derechos humanos han dicho que la objeción no puede darse de forma que resulte en negarle un servicio o derecho a nadie.

Si la agenda que la derecha religiosa ha promovido en otros países es indicador de la que seguirán sus pares en Costa Rica, en los próximos meses – si no años – veremos propuestas e intentos de usar la objeción de conciencia como un portillo para revivir viejas formas de discriminación hoy prohibidas por ley.

También veremos grupos religiosos acusando de supuesta violación a la libertad religiosa y/o de supuesta persecución religiosa a quienes se opongan a permitir portillos para la discriminación por parte de personas religiosas contra quienes no comparten sus creencias.

La pregunta es qué tan permisivo podría llegar a ser el Estado costarricense frente a estas ambiciones y qué grado de influencia podría jugar la desinformación en ese proceso.