Por la cantidad de personas que afecta y en una etapa tan vulnerable de la vida, la noticia más importante de los últimos días es el hecho de que un documento elaborado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) propone subir de 65 a 70 años la edad para pensionarse en el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el mayor del país.
Adicionalmente, plantea eliminar la pensión anticipada para mujeres (actualmente en 63 años) y reducir el dinero que recibirán los futuros jubilados a un 40% del promedio salarial de su vida laboral, en vez del rango actual, que va del 43% al 52,5%.
Se eliminarían también los aumentos automáticos semestrales sobre las pensiones mínimas, se obligaría a todos a pagar el seguro de salud y se aumentarían las cotizaciones que deben pagar trabajadores, patronos y Estado de un 11,16% a un 13,16%.
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Se trata de medidas duras enfocadas en la reducción de los beneficios, así como en un aumento de los aportes obligatorios.
El documento lo dio a conocer el sindicalista Albino Vargas, mientras que la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) confirmó que lo elaboró la administración de la CCSS tras una sesión-taller realizada en enero en el Comité de Vigilancia del IVM.
El Comité está conformado por representantes del sector sindical, solidarista, cooperativista y patronal, con una Secretaría Técnica a cargo de la Dirección de Pensiones de la CCSS.
No obstante, ahora la Caja se desmarca del documento argumentando que los informes o eventuales propuestas que se conocen o emiten en el Comité de Vigilancia del IVM son de carácter recomendativo, no vinculante.
La situación evidencia una ausencia de conducción política para atender la crisis de las pensiones del IVM, régimen que afronta un déficit actuarial de ¢74,6 billones. Las dificultades para cumplir con las pensiones comenzarán en el 2047, según el último estudio actuarial hecho por la Caja.
La actual y las anteriores administraciones han evitado tomar medidas al respecto, posiblemente porque representan un alto costo político.
Para evitar que las soluciones recaigan solo sobre una reducción de beneficios y un aumento de las cotizaciones, se requiere que gobierno, diputados y sectores discutan soluciones adicionales que contemplen otras fuentes de ingresos, incluidas las tributarias.
No obstante, no parece haber voluntad para propiciar un debate nacional sobre las pensiones, como el que está ocurriendo en Panamá. Se perdieron otros cuatro años.
En noviembre pasado, el gobierno actual renunció explícitamente a tomar medidas para atender la crisis. El mandatario Rodrigo Chaves justificó la decisión en el contexto preelectoral y la poca confianza que su administración tiene en la Asamblea Legislativa.
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La administración de Luis Guillermo Solís, en la que se creó una comisión mixta para atender este tema del IVM, también evitó tomar las medidas más polémicas.
Jaime Barrantes, gerente de pensiones de la Caja, explicó que el Comité de Vigilancia recibe un informe de la Caja sobre el estado actual del IVM y otro de la Superintendencia de Pensiones y, con base en esos informes, emite las recomendaciones que considere convenientes hacia la Junta Directiva. No obstante, la cúpula de la CCSS quiere desligarse de la propuesta.
¿Qué hacer?
El Régimen Voluntario de Pensiones (RVP) es una alternativa para quienes buscan mejorar sus ingresos durante la jubilación, a fin de complementar los fondos que recibirán del IVM. Les dejo el siguiente link en donde podrán encontrar información al respecto:
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