La póliza que el gobierno pretendía contratar con fondos públicos, para proteger al presidente y sus ministros de eventuales responsabilidades, quedó prácticamente muerta esta semana. Este es uno de los hechos más políticos más relevantes de esta semana.
Ante las dudas, el Ministerio de Hacienda había consultado a la Procuraduría General de la República si era factible financiar la póliza con dinero estatal. El jueves, trascendieron dos pronunciamientos fundamentales al respecto.
Primero, el procurador general, Iván Vincenti, le contestó a Hacienda que la determinación le corresponde a la Contraloría General de la República.
Segundo, la Contraloría le advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, de que la póliza carece de sustento legal y violenta el principio que impide al Estado asumir las responsabilidades personales de los funcionarios.
El gobierno aún puede apelar la decisión y atacarla políticamente. Sin embargo, bajo estas circunstancias, la adquisición del seguro ahora pende de un hilo. En buenahora, los órganos de control detuvieron una contratación que chocaría con la legalidad.
Hacienda intentó comprar la póliza al Instituto Nacional de Seguros (INS), con un costo de ¢248 millones anuales, para cubrir a los jerarcas que afronten litigios o sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencias, hasta por $500.000 (¢256 millones).
La propia oficina legal de Hacienda había advertido de la ilegalidad de contratar esta cobertura con fondos públicos, para la cual el Ministerio sacó a concurso un contrato a mediados de julio del 2024.
El 16 de enero del 2025, el ministro de Hacienda reveló que fue el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner, quien ordenó pagar la póliza con recursos del Presupuesto Nacional. Añadió que él, Brunner y la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, acordaron el monto que se pagaría.
Para ello, se tomarían recursos del presupuesto de la Dirección de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) del Ministerio de Hacienda.
La intención era que el seguro cubriera indemnizaciones, procesos judiciales, multas, sanciones civiles, gastos legales, fianzas y asesorías de relaciones públicas para proteger la reputación de los jerarcas. Además, habría respondido ante violaciones ambientales y procedimientos de extradición.
La Contraloría precisó que cualquier póliza que responda por los actos de un funcionario debe ser cubierta con el bolsillo de este.
Además, la Ley de Administración Financiera exige pagar una caución, con su propio peculio, a todo funcionario encargado de recaudar, custodiar o administrar fondos públicos.
Esa responsabilidad no puede trasladarse al Estado bajo ningún argumento legal ni mucho menos constitucional.
La Procuraduría añadió que, en términos generales, la contratación de seguros en el Estado debe fundamentarse de forma técnica y jurídica, para satisfacer el interés público, pero nunca procede la contratación de seguros personales, con fondos públicos, que supriman el análisis de la actuaciones dañinas de los funcionarios.
Me despido, esperando contactarnos de nuevo en una semana. Le saluda Esteban Oviedo, editor de Política de La Nación.