El Ministerio de Hacienda recortó ¢248 millones del presupuesto destinado el año pasado a la Dirección de Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para pagar la prima de la polémica póliza con que el gobierno pretende cubrir al presidente Rodrigo Chaves y su gabinete ante eventuales litigios o sanciones por acciones ilegales, negligencia u omisiones.
La modificación fue autorizada mediante un decreto ejecutivo suscrito por Chaves y el jerarca de Hacienda, Nogui Acosta. La directriz, publicada el 1.º de julio del 2024 en el diario oficial La Gaceta, ordenó reducir ¢555 millones de la subpartida para TIC y, de ese monto, redireccionar ¢248 millones a la de “Seguros, reaseguros y otras obligaciones”.
La instrucción para pagar esta póliza con una partida del Presupuesto Nacional fue girada por el primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner. Así lo confirmó el ministro Acosta, bajo juramento, durante una comparecencia que tuvo, la semana pasada, ante la comisión de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.
Consultado por La Nación, Acosta aseguró que el traslado de recursos no causó “ninguna dificultad”. Argumentó que la subpartida destinada a las TIC estaba inicialmente presupuestada en dólares y que, debido a la disminución del tipo de cambio, “se creó un exceso en la partida” que permitió redirigir los fondos al rubro de los seguros.
La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación, adscrita al Ministerio de Hacienda, se encarga de coordinar y garantizar el cumplimiento de las actividades relacionadas con la gestión de las TIC. Su objetivo es alinear dichas actividades con los fines estratégicos y las funciones operativas de la institución.
Entre sus responsabilidades, figuran emitir políticas y procedimientos relacionados con las TIC, garantizar su cumplimiento, definir estrategias alineadas con los objetivos institucionales, y asegurar la gestión eficiente de recursos financieros, humanos y tecnológicos. Además, supervisa planes estratégicos y operativos, atiende informes de auditoría, gestiona proyectos, y asegura la calidad y continuidad de los servicios.
Este miércoles 22 de enero, este diario solicitó a Hacienda detallar el monto original presupuestado para dicha dirección en el 2024 así como las otras partidas a las que se redirigieron los fondos que fueron reasignados mediante el decreto ejecutivo. Al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.
Diputados fustigan rebaja a servicios de TIC ante ciberataques
Diputados de diversas fracciones criticaron la decisión del Ministerio de Hacienda de redirigir recursos asignados a los Servicios de Tecnologías de Información y Comunicación hacia la partida de seguros.
Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), y la legisladora independiente Kattia Cambronero cuestionaron que la medida se aplicara en un contexto marcado por ciberataques históricos que han afectado a esta institución en años recientes.
En abril del 2022, por ejemplo, Hacienda admitió que sus plataformas informáticas tributarias y de procesos aduaneros fueron objeto de un hackeo y que hubo exposición de información de contribuyentes.
Nicolás calificó de “gravosa” la decisión de Hacienda de tomar el dinero de la subpartida de TIC para financiar lo que denominó como la “póliza de la impunidad”.
“La debilidad del Ministerio de Hacienda está en la vulnerabilidad de ataques y ciberataques, y lo tediosos y poco estables que son sus sistemas informáticos. Lo único que demuestran es una crisis profunda que tiene en esa materia.
“Sin embargo, el Ministerio toma ese recurso para financiar esta póliza vergonzosa. Esto es una muestra más de que este gobierno no solo está comprometido a rescatar y pensar solo en sus funcionarios de alto nivel, sino que también le importa muy poco la funcionalidad de sus instituciones”, concluyó.
Por su parte, la independiente Kattia Cambronero calificó como “una incoherencia” que, en medio de la compleja situación de recaudación de impuestos e inseguridad derivada de los hackeos se destinen recursos del área de Tecnologías de Información para financiar un gasto que, según dijo, legalmente no puede realizarse.
“Me parece una incoherencia del ministro también, desde la perspectiva de que viene diciéndole a todos los costarricenses que el dinero no alcanza (...). ¿Cómo es que habla de que el dinero no alcanza, si toma dinero de una subpartida de un área estratégica para el Ministerio de Hacienda para pagar un gasto, que no necesariamente se va a ver traducido en réditos a los costarricenses?” cuestionó.
Ante estos señalamientos, el jerarca de Hacienda sostuvo que no se puso en riesgo ninguna de las acciones que tiene hoy esta cartera para asegurar la ciberseguridad a nivel interno y en todos sus sistemas.
Sofía Guillén: ‘Es simplemente indefendible’
Sofía Guillén Pérez, diputada del Frente Amplio (FA), sostuvo que justificar un gasto millonario para pagar una póliza que protegería a los más altos jerarcas del gobierno frente a demandas, financiada con recursos de los costarricenses, “es simplemente indefendible”.
“Tal y como lo dije en la Comisión de Ingreso y Gasto, no parece coherente para un ministro obsesivo de la austeridad y que congela recursos a la educación y a la seguridad porque ‘la plata no alcanza’ , que ahora venga a defender un gasto de millones para una póliza a jerarcas (...). Es simplemente indefendible”, aseveró.
Vanessa Castro, congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), también rechazó el traslado de fondos de una subpartida a otra, pues sostuvo que esta acción evidencia un interés del Ejecutivo de proteger a los jerarcas.
“Esto es algo que creo que tenemos que ver con mucho detenimiento y no permitir que se quite dinero de algo tan importante como la parte tecnológica, que evidentemente es motor para el desarrollo de un país, pero también evidencia que al Gobierno de la República no le interesa ese sector de tecnología, sino que le interesa más bien proteger a los jerarcas con dineros públicos”, arguyó Castro.
Por su parte, el diputado Manuel Morales Díaz, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), afirmó desconocer si los fondos fueron redirigidos. Sin embargo, explicó que, de ser así, lo común es que los recursos tomados de una partida para cubrir otras necesidades se reemplacen con nuevas fuentes de ingreso.
“Siempre son movimientos planificados para poder cumplir con todo en un país que aún no sale de sus problemas financieros”, señaló.
Alcances de póliza que cubriría a Chaves y su gabinete
En octubre del 2024 trascendió que el ministro Nogui Acosta gestionó la contratación con el Instituto Nacional de Seguros (INS) de una póliza de ¢248.391.706 que librará de eventuales responsabilidades civiles al mandatario, vicepresidentes, ministros y viceministros, en caso de que enfrenten litigios, sanciones por actuaciones contrarias a la ley, omisiones o negligencia en su quehacer como funcionarios públicos.
Con esta protección, los jerarcas podrán cubrir los pagos por indemnizaciones, enjuiciamientos, multas, sanciones civiles, costas legales, fianzas y hasta los gastos para proteger su reputación y costear asesorías de relaciones públicas. Además, cubriría las sanciones impuestas por violaciones ambientales y los costos relacionados con procesos de extradición.
No obstante, el jerarca anunció el 28 de octubre que frenaría la contratación con la intención de enviar una consulta a la Procuraduría General de la República (PGR) para determinar la legalidad de utilizar fondos públicos para adquirir el citado seguro.
En noviembre pasado, la Dirección Jurídica del Ministerio de Hacienda remitió a Acosta un criterio en el que concluyó que esta póliza es ilegal.
Los abogados de Hacienda indicaron que no existe en el ordenamiento jurídico nacional una norma que habilite la suscripción de dicho seguro ni que una contratación de este tipo se pueda financiar con recursos del Presupuesto Nacional.
Por ello, advirtieron de que, si el Estado considera suscribir una póliza para proteger los intereses particulares de los integrantes del gabinete, es necesario contar con una autorización legal previa.