Aunque parezca inaudito, un nuevo escándalo del gobierno con la Constructora MECO terminó golpeando un proyecto de seguridad ciudadana, debido a una represalia del mandatario Rodrigo Chaves contra el Poder Judicial.
Se trata del plan para permitir que se realicen allanamientos en cualquier momento del día, sin restricciones de horario, ni día de la semana, incluyendo feriados.
La contradicción de Pilar Cisneros es dramática
Hace menos de tres meses, la diputada oficialista Pilar Cisneros clamaba por la aprobación de la reforma alegando que Costa Rica debe ser el único país del mundo en donde los allanamientos tienen horario de oficina. Calificó de “regalito para los delincuentes” el hecho de que una ley limita los operativos a un horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales (artículo 193 del Código Procesal Penal).
Sin embargo, cuando llegó el momento de actuar, el presidente Rodrigo Chaves vetó por completo la reforma y Cisneros cambió de opinión, según lo describe un artículo publicado por los periodistas Lucía Astorga y Aarón Sequeira en La Nación.
Ahora, Pilar Cisneros dice que no se escuchó a “abogados penalistas que tenían mucho que opinar” y que los allanamientos “se justifican para gente peligrosa, para gente armada, para gente que represente un peligro para la sociedad, pero ahora quedó totalmente abierto”.
La Presidencia llegó al grado de decir, el miércoles 14 de mayo, que la ley actual “se ha venido utilizando con bastante éxito”.
En cambio, el 12 de marzo, cuando se dictaminó positivamente el proyecto en la Comisión de Asuntos Jurídicos, el diputado de gobierno Daniel Vargas pidió el voto afirmativo alegando que “para la delincuencia no hay horarios, y tampoco deben existir, mucho menos, para quien los controla”. Los diputados de Chaves votaron a favor del expediente en el primer debate, pero votaron en contra en el segundo.
El presidente dice que vetó el texto por razones de inconstitucionalidad. No obstante, durante una conferencia, en realidad centró sus críticas en el allanamiento por el nuevo escándalo del gobierno con MECO.
El día anterior al veto, el martes 13 de mayo, la Fiscalía detuvo temporalmente al exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado, por sospechas de que favorecieron a MECO con un cambio en el contrato de reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
La Fiscalía sospecha que:
- Mauricio Batalla habría presionado por modificaciones que permitieron un recarpeteo superficial de la pista, en vez de ejecutar la reconstrucción completa que se le había encargado a MECO. El exjerarca le habría aceptado a MECO lo que ningún ingeniero de Aviación Civil quiso firmar.
- Los documentos firmados por el exministro habrían sido elaborados por los ingenieros de MECO para darle “apariencia de legalidad” a los presuntos incumplimientos de la constructora en la reparación de la pista. Esto habría permitido a la empresa librarse de sanciones.
- Batalla habría influido indebidamente sobre el ingeniero argentino, Fabian Schvartzer, para que se ajustara a las pretensiones de la administración en relación con el cambio planteado por MECO.
Este caso se suma al primer escándalo de esta Administración con MECO, el cual fue denunciado por el propio Chaves en marzo del 2024. En aquel momento, culpó al exministro Luis Amador de adjudicar el mismo contrato del aeropuerto a esta constructora mediante un contrato a la medida, con un sobreprecio de ¢1.000 millones.
De hecho, el presidente figura como investigado, en un expediente aparte, por supuestamente incluir el aeropuerto de Liberia en un decreto de emergencia, sin sustento real, lo que permitió contratar la obra sin la fiscalización de la Contraloría.
MECO también estuvo involucrada en los escándalos de Cochinilla y Diamante, ocurridos en la administración anterior.
Chaves, ahora, alega que no firmará una ley que les dé más herramientas a la Fiscalía y el OIJ. Adujo que los funcionarios del Ministerio Público y la dirección del OIJ “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios, y aplican la ley como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”.
Declaración de Luis Amador sobre Chaves
Dos días después del veto, trascendió el testimonio que el exministro Luis Amador le dio a la Fiscalía en setiembre del 2024. Declaró que Chaves pidió una revisión exhaustiva para ver si el contrato del aeropuerto Daniel Oduber podía adjudicarse a la empresa Pedregal, en lugar de MECO. Según relató Amador, el mandatario le reenvió un mensaje de WhatsApp, en el que se decía que se estaba favoreciendo a MECO en el cartel, por el tema de la experiencia. El exjerarca sospechó que ese mensaje se lo envió Pedregal, según informó Telenoticias.
Asimismo, Amador relató a las autoridades judiciales una reunión que sostuvo con Chaves en Casa Presidencial, en la que estuvieron presentes los dueños de Pedregal.
“En esta reunión, el presidente quería saber por qué en una licitación de conservación vial del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) no se le estaba adjudicando nada a Pedregal. Creo que estaba Mauricio Batalla, porque era el director (del Conavi)”, dijo.
CR Hoy también publicó que, según la declaración de Amador, Chaves quería adjudicar a la empresa mexicana Grupo Tradeco las obras de ampliación de la carretera Interamericana Norte, entre Barranca y Limonal.
“La primera molestia del presidente Rodrigo Chaves con respecto a mi persona se da con Tradeco, que es una empresa mexicana. A mí me llamaron a una reunión en Casa Presidencial. El presidente quería que se le adjudicara Barranca-Limonal a esta empresa”, declaró el exministro.
En mayo del 2024, La Nación había publicado que la Fiscalía investigaba un supuesto tráfico de influencias de Chaves para dejar en manos de Tradeco el contrato de Barranca-Limonal.
El embajador de Costa Rica en México, Pablo Heriberto Abarca, admitió que conocía a los representantes de la costructora mexicana, la cual consiguió reuniones en Casa Presidencial en busca de que le cedieran el contrato valorado originalmente en $182 millones.
¿Se justifica la represalia contra el proyecto de seguridad?
Le saluda Esteban Oviedo, jefe de Redacción de La Nación.