La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) asegura que el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, firmó documentos elaborados por los ingenieros de MECO para darle “apariencia de legalidad” a las aparentes irregularidades de la constructura en la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.
Para el Ministerio Público, el exjerarca incurrió en actos contrarios al interés público para beneficiar a la empresa contratista, que se adjudicó la obra en casi $40 millones.
El órgano acusador del Estado sostiene que Batalla usó los documentos hechos por MECO para formalizar una modificación “ilícita” del contrato ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Obra se ejecutó bajo decreto de emergencia
El contrato se financió con dineros del Fondo Nacional de Emergencias, a pesar de que la pista del aeródromo no había resultado dañada por el impacto de la tormenta tropical Bonnie (julio,2022), como se aseguró en el decreto de emergencia 44072, del 21 de junio de 2023, firmado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, y la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana.
Durante la ejecución del contrato, que incluía la sustitución de 27 centímetros de capa asfáltica y 30 centímetros de capas subyacentes, MECO habría incurrido en incumplimientos porque la mezcla no reunía las especificaciones técnicas establecidas y suspendió las obras unilateralmente, de acuerdo con la Fiscalía.
El documento firmado por Batalla sugería que las capas subyacentes de la pista estaban en buenas condiciones y que, por lo tanto, MECO solo debía sustituir los 27 cm de la capa superior. Para sustentar estas aseveraciones, se contrató a un ingeniero externo, Fabian Alejandro Schvartzer, quien rindió cuatro informes técnicos distintos, hasta que hubo concordancia con los intereses de la constructora, agrega el Ministerio Público.
Señalamientos del Ministerio Público
El Ministerio Público alega que, en lugar de multar a la constructora por las fallas detectadas, la firma propuso una ingeniería de valor (una modificación del contrato que incluso abarataría los costos finales), “para con ello ocultar los incumplimientos contractuales”.
Agrega que dichas reformas fueron avaladas por Mauricio Batalla, el director de Aviación Civil de la época, Marcos Castillo, y el jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras en la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Henry Villalobos, entre otros funcionarios técnicos.
Cuando las reformas al contrato quedaron en firme en Aviación Civil, el ingeniero David Rojas Alfaro, quien se desempeñaba como jefe de la unidad ejecutora del proyecto, se negó a firmar la orden de modificación y sustentó esa decisión en un oficio previo donde advertía de presuntas irregularidades en ese proceso. Por esta razón, Rojas fue destituido.
En su defecto, los estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas, correspondientes a la ingeniería de valor, fueron presentados ante el CFIA y firmados por el propio ministro Batalla, en diciembre del 2024.
“Para darle apariencia de legalidad a las acciones antes desplegadas, al carecer de algún profesional que asumiera la responsabilidad ante el CFIA y a sabiendas de que dicho proyecto es propiedad de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, (Mauricio Batalla) actuó como ingeniero particular e introdujo información falsa en el sistema informático del Departamento de Análisis de Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, toda vez que, aprovechando su condición de ingeniero, firmó con su nombre y código profesional IC-11874 como ingeniero responsable de los estudios preliminares, anteproyecto, planos y especificaciones técnicas correspondientes a la ingeniería de valor aprobada para la empresa Constructora MECO S.A.
“(...) a sabiendas que dichos documentos no los confeccionó él, sino que los mismos fueron realizados por ingenieros de la empresa imputada Constructora MECO S.A., otorgó un beneficio indebido a la empresa contratada, ya que ningún ingeniero de esta se hará responsable de la dirección, ejecución y supervisión del cumplimiento de los resultados en la obra y que los mismos se ajusten al rediseño elaborado", se lee en la orden de allanamiento del expediente 24-000454-1218-PE, de la cual La Nación tiene copia.
Investigados en la causa
Figuran como investigados en esta causa Mauricio Batalla, Marcos Castillo y Henry Villalobos, así como el presidente de la CNE, Alejandro Picado, la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, y otras nueve personas. El Ministerio Público indaga los supuestos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.
La Fiscalía también señala que la obra, como se incorporó en un decreto de emergencias, tuvo menos controles y no requirió, ni siquiera, del refrendo de la Contraloría General de la República.