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Elio Cordero Castro trabaja para el Banco Nacional, percibe un salario de ¢2,2 millones y entrega ¢25.000 al mes para la manutención de su hijo; Sidar José Quesada labora para el ICE, gana ¢1,3 millones y gira ¢30.000 con el mismo propósito; Miguel Ángel Madrigal devenga ¢1,7 millones en el Sinac y envía ¢48.000 de pensión para todos los gastos de su hija.
Estos son solo algunos de los nombres de padres que, no obstante disponer de un salario que oscila entre ¢920.000 y ¢4,3 millones, tienen hijos que reciben dinero de Avancemos, el programa del IMAS que subsidia la educación de jóvenes de escasos recursos.
Una investigación de
De cada padre y madre se consolidaron sus propiedades, vehículos y salarios, se revisaron los expedientes del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en las siete provincias y se hicieron 630 llamadas a los progenitores de quienes se benefician de ese programa social del Estado.
La investigación reveló la existencia de una desproporción entre los salarios que ganan los padres y el monto de la pensión alimentaria que entregan mensualmente para criar a sus hijos.
Los expedientes del IMAS y las entrevistas con las madres de estos adolescentes pusieron al descubierto la radiografía de un grupo de mujeres solas a quienes las pensiones exiguas o inexistentes, la fragmentación familiar y el desempleo empujaron a pedir la asistencia del Estado para evitar que sus muchachos abandonen las aulas del colegio.
En contraste con esta realidad, se halló que los excompañeros de estas mujeres, en su mayoría, reconocieron a sus hijos tras ser sometidos a pruebas de ADN, casi no tienen contacto con los muchachos y limitan los deberes de su paternidad a depositar raquíticas pensiones mensuales.
Entre los casos analizados, el monto promedio de las pensiones que fueron establecidas por disposición de un juzgado de familia asciende a ¢96.000 mensuales.
En tanto que, en los casos de madres que no acudieron a un juez y convinieron acuerdos voluntarios con sus excompañeros, el monto promedio de pensión que obtienen es de ¢86.000 por mes.
Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el costo de un paquete básico de útiles escolares para el 2010 fue de ¢67 .000; es decir, que solo este rubro consumió entre el 70% y el 78% de todo lo percibido.
La investigación mostró además que, solo en la mitad de los casos (52% de las mujeres), el monto de las pensiones alimentarias lo estableció un juzgado de familia.
En el resto de situaciones, tres de cada diez madres depende de la voluntad de su excompañero para sobrevivir y el resto no recibe ningún aporte del padre.
Solo en el 4% de los casos estudiados la pareja aún convive y pidió la ayuda del IMAS para solucionar una coyuntura por desempleo.
Ellas expresaron desconocer el monto de salario que perciben sus exparejas, así como la cantidad de propiedades y vehículos que poseen, y la participación que tienen en diversas sociedades anónimas.
Por esta razón, se ven perjudicadas a la hora de establecer el monto de una pensión alimentaria.
Tal es la situación de Xinia Acuña Delgado, quien es madre soltera y tiene que hacerle frente a la crianza de tres hijos.
Uno de ellos recibe dinero del programa Avancemos. Su padre es Dagoberto Ulloa Marín, quien trabaja para una entidad bancaria en donde devenga un salario de más de ¢2,3 millones por mes, posee una casa en Belén, Heredia, y un Hyundai Tucson 2011.
Durante la entrevista que se le hizo en la casa que alquila en Bello Horizonte, Escazú, Acuña Delgado declaró que nunca gestionó la pensión por vía judicial “para evitar problemas” y que su excompañero le había dicho que ganaba un salario mucho más bajo.
“Una vez le encontré una colilla de la Caja (orden patronal) y me asusté al ver el monto, pero él me dijo que era un error , que él no ganaba esa cantidad de dinero. Además, me dijo que la casa de Belén en donde vive era alquilada y que el carro era de la empresa para la que trabaja”, agregó.
En tanto que las jefas de hogar se representan solas o con la asistencia de un defensor público, sus excompañeros contratan abogados privados con especialidad en derecho de familia.
La situación se agrava debido a que durante el año anterior los juzgados de familia de todo el país mantuvieron activos 101.732 casos de pensiones alimentarias. Para atenderlos, la defensa pública dispuso de solamente 34 abogados.
Es el caso de Natalia Fonseca Mora, empleada de una carnicería en la ciudad de Alajuela y quien procreó un hijo con el médico Tobías Sánchez Elizondo.
A ella la representó un defensor público; él contrató a un exjuez de familia de San Ramón.
Sánchez Elizondo alega que desde hace dos años paga una pensión alimentaria y afirma que delegó todo el asunto en su abogado.
“A él lo representó un abogado que había sido juez en los tribunales en donde se tramitaba la pensión y a mí me representaba un defensor público –expresó Fonseca--. Es realmente humillante. Como tiene una posición social más alta (su expareja) trata de ponerte el pie encima y piensa que siempre va a ganar, y, desgraciadamente, es así”, se lamentó la joven madre.
