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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se presta para ocultar los datos sobre los salarios públicos a pesar de que esa información es de libre acceso para cualquier ciudadano.
Este lunes, La Nación solicitó a la oficina de prensa copia de la última planilla de empleados del Banco Nacional reportada al Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), de la CCSS.
No obstante, Rónald Lacayo, director del Sicere, negó los datos, al alegar que la Caja está requerida en varios recursos de habeas data para que no le facilite las cifras salariales de funcionarios públicos al diputado libertario Otto Guevara.
Esos recursos fueron planteados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y su subsidiaria, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
Según Lacayo, prefieren esperar a que la Sala Constitucional resuelva los recursos.
La Nación también le recordó a Lacayo que, como dichos recursos están en estudio, aún rige lo último resuelto por la Sala: los salarios de los empleados públicos son de libre acceso.
En respuesta, Lacayo detalló que sí se puede solicitar la información a la Junta Directiva de la Caja y esperar a que lo autorice.
“Dicha autorización solo se dará cuando sea evidente que la información solicitada será empleada en propósitos de indudable interés público, según la calificación que, en cada caso, hará la propia Junta Directiva”, agregó.
Es de interés público. La Sala ha declarado decenas de veces que un ciudadano no está obligado a justificar ante la Administración Pública por qué requiere acceder a un dato público.
El acceso a esa información es un derecho constitucional estipulado en el artículo 30 de la Carta Magna y posee reconocimiento en el derecho convencional.
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Incluso, instrumentos básicos del derecho internacional lo han calificado como componente del derecho de información, que se encuentra a su vez asociado a la libertad de expresión, según precisó el tribunal constitucional en su sentencia 4037-14.
En el caso de salarios públicos, el principio de publicidad administrativa prevalece sobre el derecho a la intimidad.
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La razón es sencilla: esos sueldos se pagan con fondos públicos y eso justifica su divulgación en virtud de los principios de transparencia y control de finanzas de la Administración Pública.
La Sala ha llegado al punto de indicar que debe entregarse la información con nombres y apellidos, puesto que una alusión genérica a un cargo es “una excelente medida para disimular que detrás de la administración de fondos públicos, se oculten relaciones de amigos o nepotismos”, se lee en resoluciones del tribunal.
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Otto Guevara, del Movimiento Libertario, condenó la actuación de la Caja y afirma que afecta su trabajo como legislador. Por eso presentó un recurso de amparo contra la entidad.
“Las solicitudes de datos que he realizado a la CCSS se han realizado de forma legítima, en cumplimiento de funciones propias de mi cargo como diputado”, aseguró Guevara.
Antonio Álvarez, del Partido Liberación Nacional, también se declaró víctima de la CCSS en el marco de la Comisión de Control y Gasto Público del Congreso.
“Hemos hallado en esta administración una negativa a la transparencia, pues cualquier información solicitada se niega, se oculta. Percibimos que la Administración promueve el oscurantismo y la carencia de rendición de cuentas”, aseguró Álvarez.
