Poder Ejecutivo pidió al BCIE eliminar refrendo de Contraloría de Ciudad Gobierno, revela Dante Mossi

El gobierno solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) eliminar el refrendo de la Contraloría General de la República (CGR) del acuerdo para autorizar el financiamiento de Ciudad Gobierno, reveló Dante Mossi, expresidente del BCIE.

En el documento original, en febrero del 2023, la revisión y aprobación de la Contraloría figuraban como una de las garantías exigidas, pero, seis meses después, en agosto, el BCIE accedió a excluirlas.

Según Dante Mossi, exjerarca del banco regional, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, envió una “nota urgente” solicitando eliminar el refrendo, justo después de que la contralora general, Marta Acosta, informó a la Asamblea Legislativa de que la figura escogida para desarrollar el proyecto de edificios implica un endeudamiento internacional que debe ser aprobado por los diputados.

Hacienda no contestó reiteradas preguntas enviadas a La Nación sobre la solicitud hecha por el ministro Acosta, de acuerdo con el relato de Mossi, quien presidió el BCIE hasta el 1.° de diciembre del 2023.

La administración de Rodrigo Chaves anunció el desarrollo del proyecto de gobierno con el BCIE, el 28 de febrero del 2023. Ese mismo día, el Directorio del banco autorizó participar en Ciudad Gobierno, bajo la estructura Construya, Opere, Arriende y Transfiera el Proyecto (BOLT, por sus siglas en inglés).

Según la resolución DI-18/2023, la primera de siete garantías exigidas era un contrato de arrendamiento no cancelable entre el BCIE y la República de Costa Rica, bajo la modalidad BOLT, “refrendado por la Contraloría General de la República”.

No obstante, el Directorio del BCIE modificó el acuerdo el 29 de agosto del 2023, mediante la resolución DI-93/2023.

En el nuevo acuerdo, se eliminó el refrendo de la Contraloría y cambió el modelo para construir el proyecto inmobiliario.

Según el documento, ahora Ciudad Gobierno se ejecutará bajo la estructura de un Arrendamiento de Inmuebles por Construir.

Los demás elementos, como el límite de financiamiento por $450 millones y el plazo de 25 años, se mantienen sin variación.

Dante Mossi, economista hondureño quien dejó la presidencia del BCIE el 1.° de diciembre, es del criterio de que el financiamiento no requiere aprobación de la Asamblea porque se trata de un préstamo no soberano, pero sí requiere el refrendo de la Contraloría “para asegurarse de que sea una obligación” de Costa Rica y “por eso es un poquito más caro”.

Los créditos no soberanos no tienen garantía del Estado. En este caso, el BCIE hace la inversión y necesita que el Gobierno costarricense se comprometa a pagar la inversión mediante un arrendamiento, incluido el pago de intereses.

Mossi recalcó que el refrendo de la Contraloría como garantía para este tipo de financiamientos ha sido una práctica común en las relaciones con Costa Rica.

El complejo inmobiliario llamado Ciudad Gobierno pretende agrupar a 35 instituciones públicas y casi 11.000 funcionarios. Contempla 210.000 metros cuadrados de construcción y áreas verdes, las cuales abarcarán tres cuadras al oeste de plaza González Víquez, y media cuadra al costado oeste del Liceo de Costa Rica, al sur de San José.

Documento confirma que refrendo se eliminó

El BCIE respondió a La Nación que no recibió una solicitud del Gobierno de Costa Rica para modificar la operación de Ciudad Gobierno. Alegó que, en agosto del 2023, el Directorio hizo una modificación para adecuar la operación a la nueva Ley de Contratación Pública y sus reglamentos.

No obstante, la Ley de Contratación empezó a regir en diciembre del 2022, antes de que se tomara el primer acuerdo.

La figura de Arrendamiento de Inmuebles por Construir, que sustituyó la modalidad BOLT, es la que el gobierno pretende utilizar para desarrollar Ciudad Gobierno, sin necesidad de abrir un concurso público para escoger un desarrollador. La selección de los contratistas recaería en el BCIE.

Se trata de una figura de excepción para la compra y arrendamiento de bienes inmuebles, contenida en el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, la cual entró a regir en diciembre de 2022.

Empero, la Contraloría sostiene que, por tratarse de terrenos públicos, no es posible utilizar esa vía, por lo que es necesario recurrir a otras vías, como los procedimientos ordinarios de contratación de obra.

El órgano fiscalizador ha señalado que el proyecto de Ciudad Gobierno, según las manifestaciones del Poder Ejecutivo, no corresponde a un arrendamiento puro y simple, sino que se trata de un arrendamiento financiero, lo cual conlleva endeudamiento y, por tanto, requiere el aval del Congreso.

Este medio también consultó a la Casa Presidencial si el Gobierno pidió eliminar el refrendo de la Contraloría, pero no se obtuvo respuesta.

Por su parte, el BCIE agregó que no ha eliminado el requisito de cumplimiento de la normativa legal del país para la entrada en vigor del contrato, “siendo el Gobierno quien debe obtener todas las autorizaciones internas previo a la firma, sean estas autorizaciones legislativas, refrendos o vistos buenos en caso de ser necesario”.

Mossi solicitó investigar a jefe de misión del BCIE

El manejo de Costa Rica sobre Ciudad Gobierno también contribuyó a que Mossi solicitara una investigación en contra de Álvaro Alfaro Gutiérrez, jefe de la misión del BCIE en Costa Rica.

El expresidente del Banco estimó que el funcionario faltó a la verdad y se excedió en sus atribuciones por tres manifestaciones que hizo el 22 de agosto del 2023, cuando atendió una convocatoria de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Una de esas declaraciones estuvo relacionada con Ciudad Gobierno.

Previamente, en esa misma sesión, la contralora había indicado a los diputados que la propuesta del Poder Ejecutivo describe una compra financiada con un crédito del BCIE, en vez de un “arrendamiento operativo”, como argumenta el Gobierno.

“Cuando se manifiesta que los edificios volverán (a poder del Estado), eso es un arrendamiento financiero, porque esto no es un alquiler, esto es una compra financiada. Entonces, ahí hay endeudamiento y en criterio de la Contraloría, esto sí debería de venir a la Asamblea Legislativa”, afirmó Acosta.

Sin embargo, Alfaro rebatió la versión de la jerarca en declaraciones dadas a este medio. Aseguró que no se trata de un préstamo, sino de un proyecto de inversión, y que los dineros del financiamiento no califican como recursos públicos

“Pareciera que el señor Alfaro salió corriendo al Ministerio de Hacienda a decirles: ‘Miren, mejor arreglemos esto’”, dijo Mossi con respecto a la posterior gestión del Gobierno de Costa Rica, en la que se solicitó eliminar la aprobación de la Contraloría.

La segunda situación tiene que ver con el ofrecimiento que Alfaro hizo a los diputados de Hacendarios, de reducir, en 0,50 puntos, la tasa de interés de un préstamo por $700 millones para reconstruir infraestructura pública en riesgo.

De acuerdo con el expresidente del Banco, Alfaro no contaba con la autoridad para asumir tal compromiso.

En tercer lugar, Mossi cuestionó que Alfaro estuviera autorizado para dar declaraciones al medio AmeliaRueda.com, sobre la polémica contratación del productor audiovisual Christian Bulgarelli, para una consultoría en comunicación a Casa Presidencial, que se financió con $405.000 donados por el BCIE.

Sobre la solicitud de investigación que hizo Mossi, el BCIE indicó que los órganos de control de la entidad “determinaron que ni el señor Alfaro ni ningún funcionario de la oficina en Costa Rica, incurrieron nunca en actuaciones irregulares o faltas éticas que dieran pie a abrir una investigación”, por lo que no se efectuaron las pesquisas.