La justicia argentina allanó seis domicilios en la provincia de Buenos Aires, Argentina, para investigar si se graba un documental no autorizado sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona. Una de las juezas del caso, Julieta Makintach, es señalada por haber participado en esa producción, según una fuente oficial.
El tribunal suspendió el juicio el pasado martes durante una semana, mientras se indaga si Makintach colaboró con el ingreso de cámaras a las audiencias para la grabación del documental sin consentimiento de las partes.
“Sí, hubo”, afirmó una fuente vinculada a la investigación, que solicitó anonimato, al ser consultada por los operativos que reportó la prensa local.
El viernes, el abogado querellante Fernando Burlando aseguró que el juicio debe reiniciarse porque “nada de lo que se hizo sirve”. Lo dijo tras conocer detalles de los allanamientos, que presuntamente evidencian la implicación de Makintach, en una entrevista con la emisora Radio Con Vos.
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Burlando indicó que pedirá recusar a Makintach y someterla a juicio político. También evalúa la misma medida contra los otros dos jueces. “¿Me vas a decir que en este tribunal no sabían qué estaba pasando?”, exclamó en esa entrevista.
Juicio mediático por la muerte de Maradona
El juicio comenzó el 11 de marzo y busca determinar la responsabilidad del equipo médico de Maradona en su muerte.
Se desarrolla en un tribunal de San Isidro, al norte de Buenos Aires, cerca de la casa donde residía Maradona cuando falleció el 25 de noviembre de 2020.
La policía allanó la noche de este jueves dos productoras audiovisuales y cuatro domicilios particulares, informó la fuente.
Uno de los domicilios está relacionado con una mujer que, según una de las defensas, realiza el documental y asiste con frecuencia al juicio, reportó el diario argentino La Nación.
Makintach la identificó como “amiga de la infancia”. Negó cualquier relación con el documental, tanto suya como de la mujer, en declaraciones a medios nacionales.

La jueza enfrenta tres recusaciones presentadas por dos defensas. Una fue rechazada y apelada. Las otras dos serán resueltas el próximo martes, cuando se reanude el juicio, que ahora está en riesgo por el escándalo.
Maradona falleció por un edema pulmonar mientras recibía atención médica en su domicilio. Semanas antes se había sometido a una operación neurológica.
Siete profesionales de la salud están acusados de homicidio con dolo eventual. Esta figura legal implica que sabían que sus actos podían causar la muerte del paciente. Podrían recibir penas de entre 8 y 25 años de prisión. Una octava acusada enfrentará un juicio aparte.
Durante el proceso judicial, la parte querellante cuestionó la decisión de internar a Maradona en su casa después de la operación, así como las condiciones del lugar y la calidad de la atención recibida.

