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El FBI admitió la compra de datos de localización para rastrear a ciudadanos de los Estados Unidos. La agencia utiliza esta información dentro de sus procesos de investigación actuales. Kash Patel, director de la entidad, reveló estas adquisiciones este miércoles pasado durante una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado.
Patel explicó que compran información disponible de forma comercial. Según el jerarca, estas transacciones son compatibles con la Constitución y la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas. El director aseguró que estas herramientas proporcionan datos valiosos para el cumplimiento de sus labores.
Esta práctica genera polémica debido a un fallo del Tribunal Supremo del 2018. Dicha sentencia exige una orden judicial para obtener datos de ubicación. Sin embargo, la restricción aplica solamente para los proveedores de telefonía móvil de forma directa.
La falta de regulación clara creó un vacío legal. Este permite a las agencias federales conseguir información mediante intermediarios comerciales. Las autoridades evitan así la necesidad de acudir a las operadoras telefónicas o solicitar permisos a un juez.
Reportes previos de The Wall Street Journal indicaron que el gobierno obtuvo datos mediante aplicaciones móviles. Los usuarios entregaron su ubicación a programas de juegos, servicios del clima o tiendas virtuales. Las agencias utilizaron estos registros para tareas de control migratorio.
Christopher Wray, exdirector del organismo, reconoció en marzo del 2023 que la agencia compró esos datos en el pasado. El jerarca brindó la información en una audiencia y el medio Wired publicó las declaraciones.
Wray afirmó en aquel momento que la oficina ya no adquiría información derivada de la publicidad en internet. No obstante, las declaraciones recientes de Patel confirman la continuidad de compras comerciales de datos.
Los senadores Ron Wyden y Mike Lee presentaron la Ley de Reforma de la Vigilancia Gubernamental. Esta propuesta busca obligar al FBI a presentar una orden judicial antes de comprar información personal. Wyden calificó la práctica como una maniobra para evadir la Cuarta Enmienda constitucional.
El legislador advirtió sobre los riesgos del uso de inteligencia artificial en estos procesos. Esta tecnología permite examinar cantidades masivas de datos privados con gran rapidez. Por su parte, sectores que defienden la medida, como el senador Tom Cotton, alegan que los datos ayudan a capturar criminales peligrosos o líderes de algún cartel.
