Tras una espera de siete años, habitantes de 14 territorios indígenas de las zonas sur y atlántica del país tendrán acceso a servicios de Internet y telefonía entre julio del 2021 y diciembre del 2022.
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) ofreció estos servicios a las comunidades desde el 2014, pero no fue hasta abril anterior que firmó un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para arrancar con las obras.
En ese momento se proyectó que se concluiría con los trabajos a mediados de este año, pero el ICE indicó este martes que aplicó una cláusula para detener las labores entre marzo y setiembre del 2020, con el fin de evitar contagios por covid-19.
Según el Instituto, los proyectos avanzan de acuerdo con el plazo aprobado por el fideicomiso Superintendencia de Telecomunicaciones y Banco Nacional de Costa Rica (Sutel-BNCR) y en seguimiento a las disposiciones de salud ante la emergencia por la pandemia.
Los trabajos permitirán que 105 comunidades, 87 centros educativos y 32 centros de salud cuenten con facilidades de telecomunicaciones. En total, se instalarán 53 torres nuevas y se readecuarán siete existentes en todas las zonas.
Este año se activarán los servicios en Talamanca Cabécar y Tayní (zona atlántica), así como en Rey Curré y Salitre (zona sur).
Hasta ahora existen siete torres en el Caribe, pero las estructuras deben dotarse de equipos que permitan su completa operación, para luego superar las pruebas técnicas.
Costo de las obras
Los proyectos en estos 14 territorios indígenas están valorados en un total de $47,9 millones, según detalló Federico Chacón Loaiza, presidente del Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), el cual administra Fonatel.
La inversión en el Caribe asciende a $27,6 millones para atender las comunidades de Cabécar Tayní, Talamanca, Bajo de Chirripó, Altos de Chirripó, Bribrí de Talamanca y Keköldi.
En la zona sur, se invertirán $20,2 millones en los territorios de Guaymí de Conteburica, Altos De San Antonio, Abrojos-Montezuma, Brunka de Curré (Rey Curré), Térraba, Cabécar de Ujarrás, Bribrí de Salitre y Cabagra.
El ICE indicó que ha trabajado de manera cercana, oportuna y conjunta con la Dirección General de Fonatel en la revalidación de los acuerdos con las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIs) para el ingreso y uso de terrenos dentro de estas comunidades, según lo establecido por la normativa vigente.
Además, agregó que también mantiene comunicación con los pueblos indígenas para dar a conocer los alcances del proyecto, con el fin de progresar con los permisos de los entes reguladores en materia ambiental y de construcción de obras con los municipios respectivos.
Años de atrasos
El Fondo Nacional de Telecomunicaciones tiene como propósito llevar telefonía e Internet a zonas y comunidades donde no se dan estos servicios porque no es rentable para los operadores.
Sin embargo, es labor del Fondo asegurarlos porque una de sus funciones es promover el “acceso universal, servicio universal y solidaridad” conforme con la Ley General de Telecomunicaciones N° 8642.
En el caso de estos territorios indígenas, el 5 de setiembre del 2019, Sutel admitió a la diputada liberacionista Yorleny León mediante un oficio que desde el 2014 coordinó con esas comunidades la instalación de los servicios.
Sin embargo, pasaron cuatro años, hasta el 11 de diciembre del 2017, para que la Superintendencia instruyera al fideicomiso que administra los recursos de Fonatel a emitir los concursos públicos necesarios.
La espera se prolongó hasta el 9 de enero del 2018 cuando el fideicomiso a cargo del Banco Nacional (BN) publicó dos concursos públicos (001-2018 y 002-2018) para atender a estas poblaciones.
La apertura formal de ambos concursos consumió otros nueve meses. En octubre del 2018, se recibieron ofertas del ICE, que fue el único oferente en ambos proyectos.
La Dirección General de Fonatel mantuvo en análisis las ofertas del Instituto hasta setiembre de 2019, antes de hacer su recomendación formal al Consejo Directivo de la Sutel. Por fin, el desenlace se dio el 31 de octubre del 2019 con la adjudicación al ICE.
“Aunque la ley es sumamente clara en identificar las poblaciones indígenas como merecedoras de los recursos de Fonatel, a 10 años de la apertura del sector de telecomunicaciones y de existir Sutel; aún los proyectos para atender a estas poblaciones no se inician”, reclamó entonces la diputada León.
Para ella, hay un incumpliendo “evidente” del mandato de garantizar acceso universal, servicio universal y solidaridad como lo ordena la Ley General de Telecomunicaciones.
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