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El Tribunal Penal de Limón rechazó la solicitud de extradición de Gilberth Hernán Bell Fernández alias, Macho Coca, para afrontar cargos de narcotráfico en Estados Unidos.
La resolución se dictó a las 2:02 p. m. de este lunes y fue firmada por el juez Jorge Arturo Sequeira Rodríguez.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York había solicitado la extradición de Bell Fernández en noviembre del 2025, para que enfrente en ese país cargos por tráfico internacional de drogas.
Las autoridades estadounidenses señalan al hombre, de 62 años, por presuntamente formar parte de una estructura delictiva que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023, en el acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica a Estados Unidos.
Sequeira Rodríguez rechazó la petición de las autoridades norteamericanas con el argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos que se cometieron antes de la reforma constitucional que avaló la extradición de personas nacionales, vigente desde el 28 de mayo del 2025.
“En consecuencia, no procede la extradición por haber sucedido los eventos antes de la reforma constitucional que la posibilita, de modo que, en el juzgamiento que de esos sucesos debe haberse en Costa Rica, así mismo, se determina que Gilbert Bell Fernández debe ser puesto a las órdenes del Ministerio Público para que este efectúe lo que en derecho estime procedente”, se lee en la resolución.
Macho Coca permanece en prisión preventiva desde que fue detenido en octubre del 2024 por presunto robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), en un caso conocido como Petro Coca. La libertad de Bell depende de lo que resuelva un juzgado sobre las medidas cautelares en esta causa.
Tras conocerse el fallo sobre su extradición, el fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó a este medio que revisará el fundamento de la resolución para determinar si corresponde recurrir a la apelación.
Otro rechazo a extradición
El pasado 3 de febrero, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José había realizado un primer rechazo a una solicitud de extradición de un nacional. Se trata del proceso de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, también requerido por Estados Unidos por presunto narcotráfico.
En la acusación formal, a Álvarez Alfaro se le atribuían hechos que habrían ocurrido entre el 2014 y mayo del 2021, es decir, mucho antes de que entrara en vigor la reforma constitucional.
Lo contrario sucedió en el caso de Edwin López, alias Pecho de Rata, y el exmagistrado penal Celso Gamboa, a quienes se les imputa una actividad que, en apariencia, ocurrió antes y después de la reforma constitucional.
“El hecho se considera cometido al final, ergo, una vez vigente la reforma constitucional que permite la extradición, y, en consecuencia, no se hace un uso retroactivo de dicha disposición”, se lee en el fallo que autorizó la entrega de los imputados a las autoridades estadounidenses.
Manrique González, uno de los abogados de Bell, afirmó estar contento por el fallo que rechazó la extradición de su cliente.
“El Tribunal Penal de Limón nos da la razón cuando en nuestro escrito de oposición a la petición del Gobierno de los Estados Unidos; nos da la razón jurídica en los argumentos que esbozamos”, afirmó González.
Según indicó, la defensa compartió el mismo voto que rechazó la extradición de Álvarez y este fue admitido. Además, agregó, a su cliente nunca se le ha decomisado ni un solo gramo de droga como para que afronte cargos por narcotráfico.
El otro de los abogado de Bell Fernández, Michael Castillo, declaró que este fallo obliga a que a futuro se analice minuciosamente cada caso antes de “simplemente querer remitir a una persona ante otro gobierno para que sea juzgada sin determinar si se cumple o no con la legalidad del acto”.
Ambos están a la espera de la reacción del país requirente y de la Fiscalía.
Presunto líder organización criminal
Estados Unidos solicitaba la extradición de Macho Coca por presuntamente encabezar una organización criminal dedicada a importar, fabricar, poseer con la intención de distribuir y distribuir grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia los Estados Unidos.
Según la petición, Fernández y miembros del grupo participaron en comunicaciones electrónicas, telefónicas y presenciales con dos fuentes confidenciales que operaron bajo la dirección de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y se hicieron pasar por miembros de una red internacional de tráfico de drogas que distribuía toneladas de cocaína en Estados Unidos para su redistribución.
El documento cita que, en conversaciones grabadas en audio, miembros del grupo de Bell confirmaron que él era el líder y que podía proporcionar cargamentos de toneladas de cocaína.
Las fuentes confidenciales también llegaron a conversar de forma directa con Bell en múltiples ocasiones, tanto en persona como por teléfono, para negociar los términos de una asociación de distribución de cocaína.
Una compra se habría negociado en febrero del 2023. Con la aprobación de Bell Fernández, un miembro del grupo delictivo presuntamente entregó a la fuente de la DEA una muestra de un kilogramo de cocaína a cambio de $6.000 dólares.
Además, las mismas fuentes llegaron a reunirse con Bell en Costa Rica durante una conversación que fue grabada en audio y video, en la que se habló de un cargamento de aproximadamente 700 kilogramos de cocaína que finalmente sería transportado a la ciudad de Nueva York.
