“Con la energía del rugir de un jaguar, Costa Rica está recuperando la paz”, destaca el informe de labores del presidente Rodrigo Chaves, presentado el lunes 5 de mayo ante la Asamblea Legislativa.
Aunque el mandatario afirmó que hay “más policías en las calles, más tecnología en los centros penales y puertos esterilizados contra el tráfico de drogas”, tres decisiones sobre seguridad tomadas en los últimos meses levantaron dudas y cuestionamientos tanto de opositores al gobierno como de los mismos sindicatos policiales del Ministerio de Seguridad Pública.
Una de esas decisiones controvertidas trascendió a finales del 2023, cuando la Policía de Control de Drogas (PCD) anunció que se abrirían tres delegaciones nuevas, en Heredia, Cartago y San Carlos, debido al aumento del crimen en esas zonas.
Estas delegaciones fueron habilitadas en enero del 2024, pero no tienen instalaciones físicas y operan con personal policial proveniente de otras oficinas. Dirigentes sindicales se manifestaron contra la creación de departamentos “fantasma”, sin infraestructura, personal propio, ni vehículos.
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En diciembre del 2023 el Ministerio de Seguridad Pública afirmó que se estaban gestionando los aspectos logísticos para habilitar físicamente las oficinas. No obstante, casi año y medio después estas siguen sin abrirse.
Jonathan Flores Mata, criminólogo y representante sindical del Ministerio de Seguridad Pública, aseguró a La Nación que hay una diferencia entre abrir una jurisdicción y una delegación.
“Abrir una delegación conlleva que vas a inyectarle recurso policial, administrativo, que le vas a dar móviles, equipamiento, muebles, Internet; todo lo que se necesita. Eso no se hizo en este caso”, explicó Flores.
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El procedimiento realizado por la PCD consistió en asignarles la cobertura de las jurisdicciones de Cartago, Heredia y San Carlos a delegaciones ya existentes de San José, Alajuela y Guápiles, respectivamente.
“Es un ejemplo un poco caricaturesco, pero de alguna manera dijeron: ‘Los cubículos de este lado van a ver esta jurisdicción y los de este lado van a ver esta otra’. Por eso, decimos que son delegaciones fantasma”, manifestó el sindicalista.
Cambios en Guardacostas
Otras dos decisiones controversiales atañen a cambios aplicados en el Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), dependencia que permaneció casi un año sin director hasta que, en enero pasado, fue nombrado en el cargo Juan Carlos Alvarado Quesada.
En octubre del 2024, La Nación dio a conocer que Seguridad Pública trasladó la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Quepos, Puntarenas, donde funcionó desde el 2011, a la Rita de Pococí, en Limón, a 103 kilómetros de la costa más cercana.
Con el traslado, la Academia vio reducida su plantilla en un 68%, al pasar de 16 funcionarios a solo cinco. De los once servidores que dejaron el centro, algunos fueron reasignados a otras bases en Golfito, Quepos y puerto Níspero.
Como resultado, la capacitación de nuevos oficiales quedó a cargo de solo tres instructores y un oficial de guardia. Todos residen en Quepos y ahora deben recorrer cerca de 250 kilómetros —un trayecto de casi cinco horas— para llegar a Pococí.
Poco después, trascendió que el puesto de control de Guardacostas que operaba en bahía Drake, en Osa, fue reubicado en Quepos y Golfito, cada uno a dos horas de distancia en lancha.
La medida se tomó a pesar de que autoridades como Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señalan a Drake como uno de los puntos principales de llegada de cargamentos de cocaína desde Sudamérica.
Varios jefes policiales sostuvieron bajo anonimato, por temor a represalias, que esta movilización no estaba documentada, y que en esa sede solo quedaron policías administrativos, sin especialización, ni lanchas rápidas y sin los equipos especiales de comunicación, que también fueron retirados.
El viceministro de Seguridad, Manuel Jiménez Steller, argumentó en aquel momento que el puesto fue cerrado por una orden girada por el entonces director de Guardacostas, Martín Arias, desde junio del 2023, cuando se dispuso trasladar el Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) a Golfito.
Jiménez alegó que en el sitio no había atracadero y que las mareas impedían fondear cerca de la playa las dos valiosas patrulleras donadas por el Gobierno de Estados Unidos.
Sin embargo, esas declaraciones fueron desmentidas por Arias, quien manifestó que el cierre ordenado en el 2023 fue temporal, como una respuesta a los problemas de mareas altas que se registran en Drake dos veces por año.
El ahora exdirector de Guardacostas aseguró que la intención era mantener la medida solo mientras amainaban las condiciones adversas. Además, indicó que ninguna orden de ese tipo se habría sostenido en el tiempo sin el aval de su superior jerárquico, en este caso, el propio Jiménez Steller.