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Un hombre de apellidos Alfaro Flores, investigado en el Caso Lusso como supuesto cabecilla de un clan dedicado al lavado de activos, acumula un historial de investigaciones por narcotráfico a lo largo de la última década.
El sospechoso y siete personas más, incluidas su pareja e hija, fueron detenidas este lunes, luego de que la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ejecutaron 17 allanamientos.
Alfaro Flores, nicaragüense naturalizado costarricense, fue investigado en 2015 en el Caso Torrero, a cargo de la entonces Sección de Estupefacientes (hoy Sección Especializada Antidrogas) del OIJ.
Alfaro figuraba como sospechoso de integrar una organización dedicada al trasiego aéreo de cocaína. Según se menciona en el expediente judicial, la red habría utilizado un hangar del Instituto Aeronáutico de Aviación (IACA), en el aeropuerto Tobías Bolaños, para obtener alijos de droga de Panamá y Colombia y trasladarlos en aeronaves a otros destinos.
Los miembros del grupo “contaban con profesiones y conocimientos importantes como pilotos de avión, encargados de logística, legitimadores y reclutadores”, detalla el legajo.
El vínculo de Alfaro Flores con ese grupo habría quedado documentado el 12 de enero de 2016, cuando agentes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), alertaron al OIJ que sujetos de distintas nacionalidades habían cargado en Corozalito y Punta Islita de Nandayure, Guanacaste, maletas de manera sospechosa en una aeronave blanca, matrícula TI-ATR.
Al día siguiente, esa misma avioneta aterrizó de emergencia en Puerto Morazán, Nicaragua, con 83 paquetes de cocaína distribuidos en tres maletas. Dos vehículos Toyota Prado y Hilux vinculados con ese trasiego, estaban inscritos a nombre de Inversiones y Desarrollos Aguilar Ellis S.A., sociedad de la que Alfaro Flores era presidente.
Sin embargo, el caso Torrero no prosperó. Según consigna el legajo, la causa penal fue desestimada por el Juzgado Penal de Pavas porque ese despacho “no admitió la interceptación de comunicaciones”, lo que limitó la obtención de pruebas contra Alfaro Flores.
Caso Manantiales
Derivado de esa investigación del 2015, al año siguiente surgió el Caso Manantiales, en donde el OIJ estimó que Alfaro Flores supuestamente coordinaba movimientos de cocaína en Heredia junto a dos hombres de apellidos Moya Soto, Sojo Soto y otros miembros de la estructura.
Las vigilancias mostraron que vehículos inscritos a nombre de sociedades de Alfaro, servían como posibles “puntas”, es decir, escoltas para proteger cargamentos de droga en tránsito.
El 22 de noviembre de 2016, la Policía Judicial allanó viviendas en el residencial Manantiales en Belén de Heredia y a la Hacienda Magallanes, en donde decomisaron más de 500 kilos de cocaína, dinero en efectivo, armas de grueso calibre y documentación bancaria de Inversiones y Desarrollos Aguilar Ellis S.A.
Entre los casos Torrero y Manantiales, los decomisos sumaron una tonelada de cocaína, más de $400.000 en efectivo, armas y seis vehículos de lujo.
Pese a esos hallazgos, Alfaro Flores tampoco fue procesado penalmente por los hechos. La resolución judicial no explica en detalle el motivo por el qué no fue imputado en el Caso Manantiales, pero sí establece que la DEA retomó la investigación con base en nueva información, lo que dio origen a la causa por la que fue detenido este lunes.
Recicladora en zona franca
En julio de 2022, la Fiscalía de Legitimación de Capitales recibió información confidencial de que Alfaro Flores, presuntamente, estaba legitimando ganancias del narcotráfico a través de negocios mampara. Una de las sociedades que investigó el Ministerio Público fue Valu Shred Costa Rica VSCR S.A., empresa recicladora de chatarra electrónica con sede en una zona franca de Montecillos en Alajuela.
Según la investigación, la recicladora sería una fachada. “No se ubica personal laborando en el domicilio físico y tampoco están contratando personal”, consigna la resolución. Pese a tener inscritos a su nombre camiones, semirremolques y otros bienes por varios de millones de colones, la empresa no reportaba actividad económica “ni afluencia significativa de usuarios”.
En una llamada telefónica interceptada el 23 de febrero de este año, un hombre de apellidos Solís Torres, socio de Alfaro Flores y administrador de la recicladora, rechazó una oferta de compra de cobre del ICE valorada entre $50.000 y $100.000. Para los investigadores, eso confirmó que el negocio no tenía interés real en operar lícitamente. “La empresa recicladora no es más que una mampara para encubrir el origen ilícito de los recursos”, concluye el documento.
El expediente detalla que el mismo esquema se replicó en los gimnasios The Gym, con sedes en Heredia y Alajuela, registrados a nombre de la sociedad Importadora de Motos RJ Alajuela S. A.
El legajo los señala como “el centro de operaciones del grupo delictivo dedicado a la legitimación de capitales”. En junio de 2025, cuando se anunció el cierre temporal de la sede de Heredia por remodelaciones, los usuarios fueron redirigidos al gimnasio Lanuza Performance, vinculado a otro de los investigados de apellidos Lanuza Víquez.
Alfaro Flores residía, hasta este lunes, en una mansión en el condominio Cerro Real de Escazú, valorada en $3.000.000 que tiene cine y piscina. De acuerdo con la pesquisa, poseía vehículos de alta gama como un Ferrari Roma, un Ferrari 296 GTS y un Lamborghini Urus.
El salario que el imputado reportaba a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), oscilaba entre ¢1.000.000 y ¢2.500.000, cifra que, según los investigadores, “no guarda ninguna concordancia” con un patrimonio que podría superar los $4 millones.
