Lo que Martha Patricia Seibert conocía como vida normal se detuvo hace seis años, tres meses y 14 días, cuando recibió una llamada donde le alertaron que su hijo Christian Tijerino López, estaba desaparecido.
Aquel 18 de febrero del 2020, doña Martha atendió el teléfono en California y escuchó una voz a más de 6.000 kilómetros, en la cual le precisaban que el carro de su hijo había aparecido abandonado en vía pública, en Bagaces, Guanacaste, pero de Christian, hasta el sol de hoy, no se sabe nada.
En noviembre de ese mismo año se detuvo a tres hombres sospechosos en esta causa: uno de ellos, de apellido Fallas, quien fue sobreseído posteriormente; mientras que Ugarte Villalobos, de 34 años y Woodley Britton (33), hijo de la diputada oficialista, Esmeralda Britton, permanecen apegados al proceso.
Luego de apelaciones y suspensiones, está previsto que entre el 15 y el 17 de junio se celebre una audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Liberia para determinar si, finalmente, las autoridades judiciales tienen pruebas suficientes para elevar el caso a juicio. Doña Martha reconoce que tantos tropiezos han erosionado todas sus expectativas.
“Lo que ha pasado es que cada seis meses se cancela la audiencia”, aseguró Seibert en entrevista telefónica con La Nación. “Así han pasado seis años en total. Lo que han estado haciendo es encubriendo a los (posibles) criminales”.
Christian Tijerino estaba a una semana de cumplir los 33 años cuando desapareció. Había viajado a Costa Rica para celebrar su natalicio junto a un amigo de juventud, de apellidos Ugarte Villalobos, a quien conocía desde los 15 años. “Christian decía que él era como su hermano”, recordó su madre. “Y vea...”, dijo la mujer sobre el principal sospechoso de la desaparición y posible muerte de su hijo.
Seibert relató que destinó todos sus ahorros a la búsqueda de Christian. “Pagué a gente que lo siguiera buscando por dos años más y nada hemos sabido de él. Todavía hay personas que me siguen ayudando”, contó. “Todo mi dinero del retiro se me fue en eso, buscando los restos de mi hijo, para tener paz, igual que toda mi familia, para hacer un cierre. Cuando uno no hace un cierre de un familiar, uno queda en el limbo”.
Reiteradas suspensiones
Según la madre, la audiencia preliminar ha sido suspendida en múltiples ocasiones por distintos motivos. Por ejemplo, recordó un episodio en el que Ugarte Villalobos informó desde un hospital que se encontraba enfermo, cuando las partes ya esperaban el inicio de la diligencia. “Ellos la cancelan tres días antes, dos días antes, y a veces el mismo día en la mañana”, puntualizó.
También señaló al abogado y diputado oficialista José Miguel Villalobos, quien presuntamente habría postergado la audiencia en tres ocasiones, alegando posible choque de agendas.
La Nación consultó a Villalobos, quien también es legislador oficialista de Pueblo Soberano, si aún es el abogado defensor de Woodley Britton y respondió que, “posiblemente, no voy a continuar en esa representación y por ahora no haría ningún comentario”.
La diputada Britton, por su parte, manifestó: “este caso está judicializado por lo que no me voy a referir al tema”.
La Fiscalía Adjunta de Liberia confirmó a La Nación que la audiencia preliminar ha sido programada en varias ocasiones desde el 2023, pero ha debido reprogramarse por gestiones planteadas por las partes.
Cuestionamientos a resolución judicial
La familia de Tijerino y su abogado cuestionan decisiones adoptadas durante una audiencia preliminar anterior, en la que la jueza Juliet Jiménez Torrente dictó el sobreseimiento de dos imputados.
Según una querella presentada por el litigante, Javier Campos Villegas, en nombre de la madre del ofendido, la juzgadora modificó la descripción de los hechos contenida en la acusación al sustituir expresiones como “procedieron a matar” o “provocó la muerte” por referencias a una presunta privación de libertad y desaparición de la víctima.
Seibert recordó que al salir de aquella audiencia se sintió muy frustrada. “Se burlaron de mí, me humillaron, me trataron como si yo fuera una criminal. Ante tanto dolor que tengo, esta gente se comporta sin ningún respeto, sin ningún profesionalismo”, denunció.
La querella también impugnó la anulación de un allanamiento efectuado el 21 de febrero del 2020 en el hostal Café Café, donde las autoridades localizaron indicios de un cultivo hidropónico de marihuana. La representación legal de la familia sostiene que ese hallazgo podría estar relacionado con el móvil del crimen.
Entre los elementos señalados por la querella figuran el hallazgo de sangre de Tijerino en el sitio donde presuntamente ocurrió el secuestro, una alerta emitida por el perro Baco (entrenado en detección de sangre), en un vehículo utilizado por Ugarte y el intento del sospechoso por salir del país ocho días después de la desaparición.
Asimismo, se mencionan declaraciones de una exnovia de Ugarte, quien afirmó haberlo visto días después de los hechos “sumamente demacrado, como si hubiera visto un fantasma”.
Largo y tortuoso camino
Desde Estados Unidos, Seibert sigue el proceso por medios virtuales, pues dice que ya se cansó de venir a Costa Rica y que se suspendan las audiencias, aunque espera que esta vez por fin acabe su espera. “Que los lleven a juicio. Ya llevamos seis años en esto”, expresó.
La costarricense, quien tiene muchos años de vivir en el país norteamericano, sostuvo que el proceso ha significado un desgaste adicional para la familia. “Una tortura total para las víctimas. Es un juego total”, resumió.
La mujer también reprocha que estos años de espera le han generado un doble castigo. “Una cosa fue el daño que hicieron los posibles implicados en contra de mi hijo. Otro es el crimen que las autoridades mismas del país han cometido en contra del crimen de mi hijo”, manifestó.
