Problemas en el techo, paredes deterioradas y mobiliario en mal estado. Así están los edificios donde trabajaban decenas de policías en 60 delegaciones de la Fuerza Pública en diferentes zonas de todo el país.

En esa lista están, por ejemplo, la sedes de Guápiles, en Pococí de Limón; Paraíso de Cartago, y Desamparados, San José, en donde urge una intervención.

Otras decenas de inmuebles entran en la categoría de “regulares”.

“Las que están muy malas son 60, están en todo el país y esas son las que queremos abordar. Son delegaciones pequeñas, que cuentan con 15 o 20 oficiales”, detalló Michael Soto, ministro de Seguridad Pública.

Para enfrentar la situación, Soto analiza la posibilidad de obtener un crédito. La otra vía a la que podría apostar es a las llamadas alianzas público-privadas, en la que una parte la financia el Estado y otra las empresas.

“Hay un problema de infraestructura que es de muy larga data, estamos tratando de abordarlo con algún crédito internacional porque tenemos delegaciones en pésimas condiciones, donde las comunidades o el mismo personal se queja”, manifestó.

A pesar de esas carencias, aseguró, en las 600 delegaciones de todo el país se tiene lo básico para trabajar. Poco a poco, señala, espera llenar las necesidades y planificar de cara al futuro.

Durante la administración de Luis Guillermo Solís se construyeron delegaciones con más personal (más de 20 oficiales). Ahora, la intención es concentrarse en otras más pequeñas.

Para lograrlo, sin embargo, será fundamental tener el apoyo de las municipalidades y empresas de las comunidades para asegurar que se les dé mantenimiento.

Un ejemplo de coordinación y trabajo conjunto es el realizado en Laurel de Corredores, Puntarenas, donde la Junta de Desarrollo Regional de la zona sur (Judesur) y el Ministerio de Seguridad trabajaron de la mano para tener una mejor delegación.

“Los oficiales de esa delegación pasarán de la ruina a la opulencia, las instalaciones estaban construidas con madera antigua y hasta torcida se veía, ahora las nuevas instalaciones son lindísimas, pero hay que pensar también en el mobiliario: mesas, sillas, casilleros, cocina, refrigeradora, microondas, entre otros”, explicó el jerarca.

Pocos recursos para construir

Existen casos en que Seguridad Pública recibe ofrecimientos de lugareños para donar lotes, pues les interesa que haya una delegación policial. No obstante, la entidad prefiere no recibirlos hasta no tener los recursos o el respaldo para levantar la sede y equiparla.

“A mi me da congoja, me gustaría tener una chequera y decir: esta delegación está muy fea, háganmela nueva, pero es muy difícil una construcción (...).

“El Ministerio no tiene recursos para construir, entonces estamos tratando de buscar apoyo. Los municipios, por ejemplo, nos podrían ayudar con el mantenimiento, pero es difícil porque son muchas delegaciones”, afirmó Soto.

Lo ideal es lo que ocurrió en una zona turística (que las autoridades prefirieron no divulgar), donde un grupo de comerciantes donó un terreno y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) garantizó el apoyo para la construcción.

Para seguirle el pulso al problema de infraestructura fue designada la viceministra Fiorella Salazar Rojas, quien evaluó el estado de las delegaciones para tener un diagnóstico y priorizar.

Luego de conocer el resultado, fue que se consideró la búsqueda de un crédito internacional, para ofrecer a los policías un lugar digno para laborar y a la vez respetar los derechos humanos de los detenidos.

Precisamente, el Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura (MNPT) evidenció en su último informe de labores, publicado en julio de este año, problemas para mantener personas recluidas en las delegaciones de Fuerza Pública de Guatuso y San Ramón de Alajuela.

Ahí, ante la carencia de celdas, los aprehendidos se dejan atados a una banca o los mantienen encerrados en una perrera abandonada frente a la sede.

Para Soto tales denuncias deben atenderse, empero, será de manera paulatina y con la idea de dejar mejores delegaciones al concluir la gestión.