Así lo plantea el proyecto de ley 21.206, con el cual se pretende que el padre o la madre que recibe el monto mensual compruebe cuánto gasta en rubros como alimentación, salud, educación y vestimenta.

Dicha iniciativa, que fue presentada el 9 de enero pasado por el diputado independiente Harllan Hoepelman, modificaría el artículo 171 del Código de Familia.

De aprobarse, ese artículo diría: "La autoridad judicial, a petición de la parte alimentante, del PANI (Patronato Nacional de la Infancia) o de oficio, solicitará a quien deba administrar los dineros correspondientes a alimentos de un menor de edad que demuestre el pago de colegiatura (…) así como aquellos cuidados médicos (…) y los que tengan que ver con la canasta básica y el vestido”.

En caso de que no se compruebe el uso adecuado del dinero, la autoridad judicial deberá testimoniar piezas ante el Ministerio Público para que se investigue la comisión de los delitos de desobediencia a la autoridad, abuso de patria de potestad y administración fraudulenta.

A febrero del 2018 estaban registrados 186.000 deudores alimentarios; un 87% de los casos eran hombres, según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

Para unos es justicia; para otros, ataque

Este proyecto generó criterios encontrados. Mientras unos señalan que se trata de un tema de “justicia” para los deudores, otros aseguran que es una iniciativa de control sobre las mujeres, quienes son la mayoría de encargadas de las pensiones.

El legislador Hoepelman explicó que este proyecto, promovido por la Asociación de Igualdad de Derechos para Padres, da la “oportunidad” de ser vigilantes en el uso de recursos y busca “acabar con la posibilidad de que la plata se siga malgastando”.

“Hay muchos casos en que este dinero ni siquiera llega a manos del menor, ni siquiera se usa para ellos. Hemos encontrado testimonios de padres que dicen que dan dinero, pero los menores están mal cuidados (...) y si se quejan con la expareja, viene una denuncia para que no se acerque a la vivienda”, comentó.

Arcelio Hernández, abogado y vocero de la Asociación, coincidió con el diputado. “Esto es un tema de justicia para los deudores alimentarios, sin importar si son hombres o mujeres, y para los menores de edad”.

Sin embargo, para el juez de familia Mauricio Chacón, este proyecto de ley es un ataque dirigido a las mujeres, puesto que son ellas la mayoría de las receptoras de las pensiones alimentarias.

“Parte de una falacia que es creer que las mujeres se dejan esa plata (…). Imponer la obligación de rendir cuentas es una forma de ataque a las mujeres y eso me preocupa muchísimo".

“Es una forma de tener control de lo que hacen, porque yo, que soy el hombre y que mando, tengo que saber todo lo que hace, pero yo nunca le digo cuántas cervezas me tomo, ni cuánto dinero invierto en mis cosas. Hago con mi plata lo que quiero, pero usted (mujer) me tiene que decir todo”, reprochó.

Chacón afirmó que en sus 30 años como juez, son pocos los casos donde una mujer malgastó el dinero recibido para sus hijos.

“La doctrina habla de principio de no rendición de cuentas porque la pensión no es un castigo (…). Me da la impresión de que se le quiere dar trámite de regla a aquello que es la excepción y eso me parece perverso”, dijo.

El juzgador aseveró que, cuando hay sospechas de un mal uso de ese dinero, el deudor tiene dos opciones: solicitar una rebaja del monto ante un juez y/o interponer una denuncia penal.

“No siento, por eso, que esta iniciativa sea necesaria. Siento que sería para tirar una pedrada a ver qué saco”, lamentó Chacón, al señalar que, en la parte operativa, dicha norma vendría a complicar las labores diarias del Poder Judicial al tener que cotejar lo gastado versus lo entregado.

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) comunicó que, pese a que no ha revisado el proyecto a profundidad, el texto “pretende la penalización de las mujeres”.

Dicha institución insistió en que ya existen mecanismos para velar por el uso de los recursos de pensiones alimentarias y, en ese sentido, recordó que hasta la Procuraduría General de la República había emitido un criterio al respecto:

“Si el obligado considera que se está haciendo un mal uso de los recursos, puede acudir al rebajo de pensión, lo que obligará al representante del beneficiario a probar los gastos y su vínculo con la necesidad del menor y de existir un abuso en relación con el destino de ese rubro, se puede acudir a la vía penal a denunciar el delito de incumplimiento o abuso de la patria potestad".

La Fiscalía General confirmó que, de momento, no conoce la iniciativa, pero que, de ser aprobado el proyecto, “no tiene ningún tipo de objeción, toda vez que, de recibirse el testimonio de piezas, se procedería a realizar la investigación”.

Se intentó obtener el criterio del PANI pero su oficina de prensa indicó que no se referirán al tema, puesto que desconocen el proyecto.