Ua reforma legal que busca reducir el hacinamiento en las cárceles, eximiría del encierro a quienes hurten y causen daños, siempre que el valor del bien no sea mayor a medio salario de un oficinista 1; es decir, ¢212.100.
El plan de ley que se tramita en el Congreso, en el expediente 19.490, reformaría los artículos 208, 228 y 394 del Código Penal, para que hurtos y daños menores dejen de ser delito y se conviertan en una contravención. Así, el castigo sería de 10 a 60 días multa, sanción que es fijada por un juez.
Cuando se trate de montos mayores o cuando el hecho se cometa con violencia sobre las personas, se mantendrían las penas actuales que, en el caso del hurto, son de un mes a tres años de prisión y, por daños, de 15 días a un año de encierro.
En el caso de los reincidentes, la pena sería de entre cinco y 20 días de prisión.
De acuerdo con Adaptación Social, el hacinamiento en el sistema penitenciario es de 45%; es decir, que en un espacio para 100 personas, hay 145.
La población penal hasta el 26 de febrero de este año era de 13.510 personas. De estas, hay 462 con sentencia por hurto simple y daños, así como 145 indiciados por diversos hurtos.
Esos datos del Ministerio de Justicia no incluyen la cuantía del valor afectado, por lo que no se puede determinar en cuántos hubo afectaciones por menos de ¢212.100.
Según las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), las denuncias por hurtos pasaron de 10.128 en el 2014 a 11.489 el año pasado.
El proyecto de ley, presentado por las diputadas liberacionistas Silvia Sánchez y Karla Prendas, e impulsado por el Ministerio de Justicia, se encuentra en la Comisión de Asuntos Jurídicos.
Proceso caro. Esta iniciativa surgió debido a las diversas llamadas de atención tanto de la Defensoría de los Habitantes, la Sala Constitucional, el Mecanismo de Prevención de la Tortura y la Defensa Pública, sobre la carencia de condiciones para dar trato digno a los privados de libertad.
En la justificación de la iniciativa se señalan los elevados costos de los procesos judiciales por estos delitos, incluso cuando los bienes hurtados puedan ser latas de atún, quesos o un balón.
En el documento se destaca que, según el Departamento de Planificación del Poder Judicial, el costo de un proceso ordinario asciende a ¢6,6 millones. Además, que mantener a un preso cuesta ¢27.000 cada día.
Bien visto. Consultado sobre este plan, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, mencionó que, desde el 2009, cuando se modificó el Código Penal para que todos los hurtos fueran considerados delitos, sin importar el valor del bien, las incidencias no bajaron.
El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Ottón Solís, dijo estar de acuerdo con que se considere contravención la primera vez que se comete, pero no cuando haya reincidencia.
Por su parte, el legislador liberacionista Juan Luis Jiménez Succar, consideró que la propuesta es importante para desahogar las prisiones. “Como no hay una política penitenciaria que regule el hacinamiento, esa puede ser una salida”, agregó Jiménez.
El fiscal general, Jorge Chavarría, estimó que, de hacerse el cambio, se descongestionaría el sistema penal, que ahora abarca esos hechos que no son graves.
“Estas conductas no quedarían impunes, sino que se les aplicaría una pena reducida y equitativa”, manifestó.
Asimismo, resaltó que, como el proceso ya no sería en la vía penal, se tramitaría la denuncia directamente en los juzgados contravencionales y eso haría más expedita la atención.
“En nuestro criterio, todas las implicaciones de la reforma son positivas”, puntualizó.
