El crimen organizado estaría detrás de túneles conectados al poliducto de Recope, los cuales demuestran cada vez más un mayor nivel de especialización industrial. La gasolina para aviones y el diésel son los hidrocarburos más perseguidos.
La situación llegó al grado de que, el año pasado, el robo de combustible se triplicó. Durante el 2022, ladrones “ordeñaron” el poliducto, en promedio, 11 veces por mes.
Uno de esos casos fue el de un hombre con antecedentes penales que sustrajo 8.000 litros de diésel, valorados en ¢6,7 millones, desde una tubería en la calle, dos metros bajo tierra, que se conectaba con una bodega cerca del aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.
En el segundo semestre del año, una compleja conexión con válvulas industriales que impedían que la toma fuera detectada por los controles de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), también sorprendió a las autoridades. La conexión estaba escondida en una propiedad en Santa Rosa, en Santo Domingo de Heredia, que pertenece al exfutbolista Allan Alemán.
En los últimos 12 meses, los delincuentes sustrajeron 17.788 barriles de hidrocarburos, un crecimiento del 365% si se compara con los 4.873 barriles robados en el 2021.
Pese a que en este tipo de delincuencia hay casos muy rudimentarios, en diciembre pasado, Juan Manuel Quesada, presidente ejecutivo de Recope, mencionó en la Comisión de Energía de la Asamblea Legislativa que detrás del robo de combustible podría estar involucrado el crimen organizado, debido a la sofisticación con que diseñan las conexiones.
El poliducto de Recope tiene una longuitud de 415 kilómetros y va de costa a costa, desde Moín, Limón, hasta Barranca, Puntarenas. En su recorrido, atraviesa seis provincias y 64 distritos. En algunos sectores hay una, dos o tres tuberías, y parte de esa red está bajo tierra a profundidades de un metro o más, según razones técnicas; en otras partes, por el contrario, la tubería está expuesta.
Diversos métodos
Las tuberías bajo tierra, con conexiones a túneles, o las sofisticadas perforaciones, como la del caso suscitado en Heredia, resumen los métodos más recientes que ha detectado Recope para que los malhechores extraigan el carburante.
“Son túneles de forma artesanal; intervienen la tubería mediante una toma controlada que es bien regulada para robar grandes cantidades, almacenar combustible y transportarlo en vehículos”, explicó Sergio López, jefe de comunicación y estrategia digital de Recope.
Sustracción sofisticada
Recope recibe una alerta al día por tomas ilegales de combustible
FUENTE: RECOPE. || INFOGRAFÍA / LA NACIÓN.
“El Ministerio de Seguridad Pública (MSP), la Policía Judicial y la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) han encontrado vehículos de transporte de productos fríos, vegetales, ganado, microbuses, entre otros, donde viaja la gasolina”, añadió.
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Otra técnica es la conocida popularmente como el “seguetazo”, que es mucho más peligrosa y sin tanta tecnología como las anteriores, ya que por medio de una segueta hacen pequeñas fisuras y ponen de manera artesanal una llave de paso para sacar el combustible.
En años anteriores, el robo había decaído, y las autoridades lo atribuían a un endurecimiento de la legislación que castiga este delito; en cambio, ahora el repunte podría deberse a una mayor movilidad y menos restricciones por la pandemia de covid-19, lo que habría despertado el comportamiento delictivo en la población, alegó Recope.
Ese incremento también se reflejó en la cantidad de denuncias que recibió el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), con 129 reportes en el último año y solo 31 en el 2021, una diferencia de casi 100 aparentes hechos delictivos más denunciados entre un periodo y otro.
Según del presidente de Recope declaraciones reproducidas por el Semanario Universidad, no todas las denuncias se presentan porque son pequeñas o porque no se puede determinar quién cometió el delito. De los casos que se llevaron a las oficinas judiciales desde el 2016 a la fecha (441 en total), solo 246 están activos ante el Ministerio Público y apenas 13 lograron una condena.
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Pérdida millonaria
Aunque no existe una cifra estimada de la pérdida que sufre la Refinadora por el robo de combustible, sí es seguro que el perjuicio económico es de miles de millones de colones que, a largo plazo, repercuten en las tarifas de los carburantes que pagan los costarricenses, pues este aspecto se toma en cuenta al fijar el precio de las gasolinas y el diésel.
El último dato conocido indica que, de noviembre del 2016 a agosto del 2019, se detectaron 530 tomas ilegales, y el valor de los productos sustraídos alcanzó los ¢7.500 millones.
“En el 2022 se encontraron 156 tomas ilegales. Aproximadamente, se emite entre una o más de una alerta al día”, indicó Sergio López, de Recope.
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¿Cómo se detecta?
La sustracción se descubre por medio de controles en las presiones de los flujos y los ductos donde viaja el carburante; de hecho, una anomalía en una de las mediciones permitió realizar la investigación mediante la cual se descubrió al sujeto que presuntamente almacenaba gasolina en la bodega ubicada cerca del aeropuerto Santamaría.
Una vez detectada la toma, se desplaza un equipo de primera respuesta de Recope a identificar el punto exacto donde se encuentra; al hallarlo, se estudia cuánto afectó esa toma y el derrame de combustible a los mantos acuíferos, riachuelos, fincas, animales o comunidades. De inmediato, se repara, para evitar más daño, y posteriormente se brinda un seguimiento ambiental.
En el 2019, 30.000 vecinos de Siquirres, Indianas y Pacuaritos, en Limón, se quedaron sin el suministro de agua potable durante días por un derrame de diésel en el cauce del río Siquirres. Este evento obligó a la entidad a reubicar 10 kilómetros de la tubería de ese sector bajo tierra, para contrarrestar los eventuales actos del hampa.
La Refinadora pone a disposición de la población campañas informativas sobre el perjuicio que causa el robo de combustible, las penas con que se castiga este delito –de hasta 15 años de cárcel– y la línea telefónica 1002, gratuita y confidencial, para denunciar cualquier sospecha de robo de carburantes.
Del 2020 al 2022, el OIJ registró mayor cantidad de denuncias en Cartago, con 111 casos; seguido de Limón, con 95 sustracciones, y Alajuela, en el tercer puesto, con un total de 16.
Otras provincias como Puntarenas, San José y Heredia solo tienen uno o dos robos denunciados; Guanacaste no registra ninguno. En cuanto a los días de más incidencia, son los martes y viernes. El modo de operar se define como “forzadura de equipos” y la hora es indeterminada.