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Oficiales de la Fuerza Pública pusieron en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, dos fincas que se encontraban en disputa en el territorio indígena.
Así lo informó la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, que detalló que la acción se realizó la mañana de este lunes de una manera pacífica.
El viceministro de Seguridad Eduardo Solano Solano explicó que se trata de dos expedientes con varios meses en trámite en el Ministerio y que esta mañana el terreno fue entregado a la comunidad.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, afirmó que había "aproximadamente seis (desalojos) en el Ministerio de Seguridad Pública que no se habían ejecutado por diversas razones, nos tomamos el tiempo de revisar los expedientes en asocio con Casa Presidencial, y había dos que estaban relativamente sencillos de realizar, esos fueron los dos que se realizaron hoy. Quedarían entre cuatro y seis desalojos pendientes en el mismo sector”.
Salitre es un poblado del distrito central de Buenos Aires, Puntarenas, que abarca 11.700 hectáreas y con una población de 1.845 habitantes, según el censo de 2011.
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Se trata también de una zona de constantes conflictos entre indígenas y no indígenas por el uso de las tierras. La polémica se avivó aún más con la muerte del líder Sergio Rojas, el 18 de marzo, por circunstancias que todavía no están claras.
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Este territorio y otros 23, que pertenecen a otros grupos indígenas del país, quedaron protegidos por la Ley Indígena (6172) emitida el 29 de noviembre de 1977.
Ahí se estableció que las reservas indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar (...) terrenos o fincas comprendidas dentro de estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros indígenas”.
En el 2015 y luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD) emitió una medida cautelar de protección para los pueblos bribri y teribe, fue que se ordenó la recuperación de los territorios que estaban en poder de personas no indígenas. Estos debían ponerlos en posesión de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, que según las disposiciones, es la propietaria de la tierra.
Colaboró el periodista Yeryis Salas.
