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Detrás de los delitos ambientales en el país hay organizaciones criminales “especializadas y profesionales”, afirmó el ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.
La tala desenfrenada, la caza y el tráfico de animales invertebrados son algunas actividades en las que hubo más especialización en los últimos años, declaró Rodríguez este lunes durante la firma para renovar la vigencia de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental.
En la firma participaron la fiscala general, Emilia Navas, el ministro de Seguridad, Michael Soto, y el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza.
Según el jerarca de Ambiente, Costa Rica es reconocida a nivel mundial por ser casa de especies exóticas cotizadas en el mercado de insectos, una problemática que comparó con el tráfico de marfil en África.
“Hoy se exportan arañas, escarabajos a mercados muy especializados y a coleccionistas que pagan altas sumas de dinero, y eso requiere una labor en la que participan profesionales especialistas en los diferentes campos”, dijo Rodríguez.
“¿Por qué se da en Costa Rica y no se da en Nicaragua, en Colombia o en México? Porque aquí existe muchísima información biológica de adónde están las especies y cuáles son, incluso existe el apoyo de logística e inteligencia que se da desde el país porque hay gente que conoce de eso, en Nicaragua usted va a buscar una especie de interés comercial y mucha gente probablemente no sabe dónde encontrarla”, indicó.
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Un ejemplo de que el país es objetivo de traficantes es la detención, en febrero pasado, de dos alemanes que intentaron salir por el aeropuerto Juan Santamaría con más de 1.000 hormigas, al menos 12 arañas y un alacrán.
En una entrevista a un medio alemán, uno de los arrestados afirmó que visitaba Costa Rica con frecuencia para llevarse las hormigas a Alemania, supuestamente “con el permiso de las autoridades locales”, para coleccionarlas o venderlas.
Tras ser condenados a ocho meses de cárcel, los extranjeros quedaron libres por el beneficio de la ejecución condicional de la pena. Sin embargo, la Interpol activó alertas a cada país al que visiten.
Los grupos organizados también extraen especies preciadas de madera y huevos de tortuga. Además, están armados y pueden actuar de forma violenta, aseguró el ministro.
Rodríguez aseveró que las condiciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se quedaron atrás frente al ritmo de profesionalización de las actividades ilegales en los últimos años.
“Los guardaparques iban a la Escuela de Policía a complementar la capacitación de sus estudiantes con temas ambientales, ahora necesitamos que sean alumnos de esas escuelas (policiales) para ir adelante en ese fortalecimiento”, afirmó.
El ministro también externó preocupación por el ingreso de bandas narcotraficantes en el Parque Nacional Corcovado, en Osa de Puntarenas, debido a que los funcionarios del Minae tienen capacidades “limitadas” para enfrentar estos movimientos.
“Los traficantes internacionales de droga se nutren de servicios de inteligencia y logística de aquellos que andan haciendo a la vez otras actividades ilegales”, detalló Rodríguez.
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En el último operativo en esta zona se encontró una tonelada de marihuana y 118 kilos de cocaína en una lancha encallada en playa La Leona, el viernes anterior.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, explicó que es poco común que cargamentos de marihuana ingresen por la costa Pacífica.
“Tenemos que hacer un análisis para entender esta nueva ruta y tomar acciones, porque tradicionalmente el ingreso ha sido por otros sectores del país”, dijo Soto.
Convenio
El convenio de la Comisión Nacional de Seguridad Ambiental, creado en el 2016 y extendido por cinco años este lunes, pretende que las instituciones públicas se brinden apoyo logístico y administrativo para combatir los delitos contra el medio ambiente.
Además, se estipula a la Fiscalía General como la coordinadora del Grupo Director, el cual conforma los grupos temporales creados para las investigaciones criminales.
Según el ministro Rodríguez, este pacto ha ayudado a combatir la impunidad que muchas veces han enfrentado las denuncias realizadas por el Minae.
“Desde el Ministerio Público, una de las prioridades de persecución delictiva es el fenómeno criminal que atenta contra el ambiente, y estamos convencidos de que la única manera de atacar con éxito estos casos es mediante la coordinación estrecha con las instituciones que hoy firmamos el convenio”, destacó la fiscala general, Emilia Navas.
