Ariel Mauricio Arauz Alvarado de 24 años, falleció el 17 de abril pasado al recibir varios disparos tras una presunta agresión policial en San Rafael de Heredia. Las autoridades judiciales continúan investigando si agentes de la Fuerza Pública que atendieron disturbios tras la Quema de Judas habrían accionado sus armas y algunas de esas balas fueron las que causaron el deceso.
Esta es una de las 34 denuncias por presunto abuso de autoridad que acumula el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en los últimos 17 meses, entre enero de 2021 al 15 de mayo del 2022. El abuso ocurre cuando un funcionario público actúa de manera prepotente o con un fin distinto a las potestades concedidas en su cargo, contra particulares o con sus subordinados. La cifra acumulada podría ser mayor, pero las mismas autoridades reconocen que no todos los ciudadanos elevan el asunto a instancias administrativas.
Otro caso reciente se produjo el 21 de marzo en San Carlos, cuando dos policías de Fuerza Pública quedaron bajo arresto por el presunto delito de abuso de autoridad, tras dispararle a las llantas de un auto que pretendían embargar.
En apariencia, el dueño del vehículo se opuso a que le quitaran el auto, por lo que los policías le habrían disparado a las llantas con el arma de reglamento para evitar su huida. Los oficiales trabajan en la delegación de Aguas Zarcas, y también se les investiga por presunto cohecho propio y peculado.
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Actualmente el MSP cuenta con un total de 14.739 oficiales distribuidos en diferentes cuerpos policiales en todo el país, quienes se exponen a ser sancionados con suspensión sin goce de salario de 1 a 30 días, o el despido sin responsabilidad patronal, en caso de que incurran en abuso de autoridad, o cualquier otra falta grave a sus deberes y obligaciones establecidos en la Ley General de Policía.
Otras faltas
En esos 17 meses, la institución abrió 451 expedientes a agentes policiales, distribuidos en 31 causas por acoso sexual y laboral, 50 denuncias por ausencias, en temas de corrupción se tramitaron 38 casos, por incumplimiento de deberes el dato fue de 74, negligencia de funciones 16 causas y 70 incidentes por violencia doméstica. A estos se suman otros 171
Acoso sexual y laboral se considera toda conducta sexual indeseada por quien la recibe, tanto hombres o mujeres, que ocurre en el centro o lugar de trabajo, en forma reiterada y que provoca efectos perjudiciales. Por su parte, incumplimiento de deberes se define como la falta de realización de un deber puesto por una norma o contrato y negligencia de funciones es cuando de manera descuidada y sin interés realiza sus funciones un servidor público.
La cartera agregó que los uniformados reciben apoyo psicológico a través de 12 profesionales calificados en la materia, que ofrecen el servicio en 6 centros de atención y a través de giras en el territorio nacional, tanto a funcionarios policiales como a familiares. “La atención psicológica que se les brinda es independientemente del motivo y es voluntaria”, indicó la oficina de prensa del MSP ante la consulta de este medio.
Según el artículo 338 del Código Penal, “será reprimido con prisión de tres meses a dos años, el funcionario público, que, abusando de su cargo, ordenare o cometiere cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien”.
Precisamente, el 27 de mayo del 2019, el Tribunal Penal de Goicoechea impuso una pena de un año de cárcel contra cuatro funcionarios de la Fuerza Pública, señalados por vapulear a un comerciante cartaginés en Tejar de El Guarco en el 2013.
Max Sánchez Calderón, el afectado, declaró a La Nación un año después que el castigo no fue suficiente, pues el vivió un “martirio” y sufrió graves lesiones cuando los policías lo patearon en los genitales hasta dejarlo inconsciente y le dispararon cerca de la cabeza, sin que él supiera que se trataba de un tiro de salva. Por último, lo tiraron en una zona montañosa.
Estos hechos ocurrieron entre el 8 y 9 del junio del 2013, para cuando Sánchez tenía 23 años.