Un jefe policial de la zona del Pacífico central se vio obligado a cambiar de delegación tras recibir una grave amenaza por parte de una estructura criminal.
Por motivos de confidencialidad y seguridad, no se revelará la delegación específica en la que trabajaba el oficial ni su identidad; se le llamará José, un nombre ficticio.
En una entrevista con este medio, José, con más de 25 años de servicio, comentó que las amenazas llegaron a través de la aplicación de mensajería WhatsApp a principios de julio.
Según el oficial, fue asignado a la delegación en la zona del Pacífico a principios de año, cuando se desplegó un operativo en la zona para atacar al narco.
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“Se generó un trabajo fuerte con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Policía Control de Drogas (PCD), en relación con el grupo criminal que estaba operando en la zona. Se lograron detener decenas de personas”, comentó.
Además, el oficial indicó que las autoridades ubicaron a varios vendedores de drogas con cantidades importantes de sustancias ilícitas, quienes también recibieron prisión preventiva.
“A raíz de eso vinieron las amenazas, porque yo era la jefatura del lugar”, afirmó José.
El oficial relató que, un viernes como cualquier otro, se preparaba para terminar su jornada y descansar el fin de semana. Sin embargo, un mensaje extenso, acompañado de fotografías, cambió su semblante y perturbó su tranquilidad.
El texto comenzaba con un saludo en el que incluso lo llamaban “amigo”, pero a medida que avanzaba la lectura, el tono se volvía cada vez más amenazante.
“Mencionaba que yo no era imbatible, que a mí también me entraban las balas como a cualquier otra persona. Decían que tenían localizada a mi familia, que dejara de jugar de hombre y que dejara de instruir a los nuevos policías para que no se presten a la corrupción”, recordó el oficial.
El mensaje también incluía una oferta para colaborar con los criminales, junto con fotografías del vehículo del oficial. “Me dijeron que ya varios policías estaban involucrados con ellos, entonces me invitaban a unirme a su clan”, narró.
Los criminales sabían incluso que el jefe policial estaría libre el fin de semana, y en su mensaje le recordaron que “los accidentes ocurren”. De esta forma, le insinuaron que algo podría sucederle mientras conducía.
Tras conversar con su superior, el oficial acudió al OIJ para presentar la denuncia. Fue trasladado de inmediato a otra delegación en una zona diferente del país. José sospecha que su número de teléfono llegó a los criminales por medio de otros oficiales en la zona, quienes posiblemente colaboran con la delincuencia.
“En ese momento no me sentí preocupado, es algo normal en nuestro oficio recibir amenazas. Pero lo que sí me preocupó fue mi familia”, agregó.
José reveló que, durante sus 25 años al servicio de la Fuerza Pública, nunca había recibido una amenaza como esa. Aunque en ocasiones anteriores enfrentó intimidaciones, estas se producían “en el calor del momento”, durante operaciones o en la atención a incidentes.
Sobre la investigación relacionada con su caso, afirmó que aún no se encontró nada concreto, aunque fue contactado para las indagaciones correspondientes.
El oficial mencionó que conoce a otro colega que vivió una situación similar, y que recientemente, en Cartago, recibió información de que los criminales amenazan a los miembros de grupos de seguridad comunitaria para que no se reúnan con las autoridades.
Según José, en la zona del Pacífico operan varios grupos que se disputan territorios y buscan reclutar a funcionarios en los cuerpos policiales y judiciales. “Es una lucha terrible”, afirmó.
La situación del país en materia de seguridad, según el jefe policial, “se va a poner mucho peor y en poco tiempo. No falta mucho para ver policías abatidos por el narcotráfico. Estamos muy cerca. Hay policías que no nos prestamos, y es ahí donde vienen las amenazas. La pregunta es en cuánto tiempo las harán efectivas. Eso es lo que me preocupa”, concluyó.
La Nación consultó al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) sobre las amenazas que recibió José. Sin embargo, la Dirección General de la Fuerza Pública respondió que “el traslado del jefe corresponde a necesidades propias de la institución”.
Un excompañero de José en la zona del Pacífico, quien prefirió mantener el anonimato, relató que, pese a ser policías, siempre están expuestos a la incertidumbre y la indefensión. Además, aseguró que, si actúan en defensa propia, no reciben el apoyo del MSP.
“El Ministerio va a buscar el mínimo error para fundamentar algún proceso en contra de los oficiales. Nosotros, antes de usar nuestras armas para poder defendernos, primero tenemos que pensar en todo lo que va a conllevar ese acto”, manifestó.
Según el oficial, cualquier defensa legal que necesiten debe salir de su propio bolsillo. Además, expresó: “Si trabajamos con mano dura contra las agrupaciones criminales del sector, el director regional mueve a todos los que están enfrentando a estos grupos, indicando que esa no es la forma de hacerlo”.
El funcionario también mencionó que en ocasiones trabajan con chalecos balísticos vencidos y enfrentan carencias en cuanto a uniformes y recursos móviles, lo que obliga a los jefes a “correr” para arreglar las patrullas.
Alcalde reprocha traslado de jefe policial
En una entrevista, uno de los alcaldes de la zona afirmó que desconocía las amenazas que recibió el oficial, pero destacó que no considera adecuado su traslado.
“Es muy peligroso cómo canalizan la amenaza. Si un policía está siendo amenazado y lo retiramos, los delincuentes seguirán amenazando a otros, ¿y vamos a retirar a cada policía que amenacen?”, se preguntó.
El gobernante local afirmó que José no tenía mejor protección que la de sus propios compañeros y que “lo mejor” habría sido mantenerlo en su puesto y enviar un mensaje claro a quien emitió la amenaza de que “eso aquí no funciona”.
“Entiendo que hay miedo y que amenazan a las familias, pero hay que enfrentarlo”, añadió.
El alcalde mencionó que actualmente trabaja en un plan de seguridad que incluye la implementación de más cámaras de vigilancia en el cantón. Además, aseguró que mantiene reuniones periódicas con el MSP para mejorar la seguridad en la zona.
“Estamos estableciendo un convenio con la Fuerza Pública para dotarlos de una nueva delegación policial y de vehículos”, indicó. Agregó que también se trabaja con la Policía Municipal, especialmente en temas de capacitación, ya que, al asumir su cargo en la Municipalidad, descubrió que algunos oficiales no se capacitaban desde hacía 10 años.
Más violencia, menos respeto a la autoridad
En entrevista con La Nación, la consultora en Criminología y Seguridad, Tania Molina, comentó que, aunque la falta de respeto hacia las autoridades no es algo nuevo, se observa un aumento en este tipo de actos.
“Por esto se da la corrupción, porque no solo es que a los policías les ofrecen dinero, sino que bajo amenazas se ven obligados a dejar a los criminales delinquir”, explicó la experta.
Molina también dijo que uno de los problemas en los nombramientos de los oficiales de la Fuerza Pública es que los asignan en sus propias comunidades.
“Por ejemplo, los policías que son de Limón están destacados en Limón. Entonces, las bandas y las organizaciones los conocen. Saben dónde viven, quiénes son sus padres e incluso dónde estudian sus hijos”, ejemplificó. Según la criminóloga, lo ideal sería rotar a los oficiales.
Molina explicó que existe un efecto gradual, en el que la violencia se vuelve cada día más exponencial. En el caso de Costa Rica, según la experta, “vamos a llegar a ver cosas mucho más dramáticas que una amenaza por WhatsApp”.
La criminóloga mencionó que un ejemplo de cómo las autoridades no se respetan es Ecuador, donde los criminales incluso asesinan a policías penitenciarios y lo graban para amenazar a otros oficiales.
“Costa Rica ha avanzado en cuanto a fenómenos que antes no teníamos. Antes no había sicariato, hoy está hipermetido. Antes no teníamos préstamos gota a gota, y ahora incluso se tuvo que legislar”, mencionó.
De acuerdo con Molina, si la situación continúa así, las amenazas a oficiales y personal judicial seguirán en aumento.
“Es lógico que ellos hagan ingeniería social, que estudien a los agentes del orden, a la policía, a jueces y fiscales, y los amenacen, e incluso lleguen a asesinarlos”, agregó.
Contrario a la opinión del alcalde de la zona, Molina consideró que las amenazas deben tomarse con “absoluta seriedad”, ya que “efectivamente se están asesinando a las personas”.
“Si no hubieran trasladado al oficial José, perfectamente podrían haberlo asesinado. Así que sí, hay un aumento de la violencia y los criminales están cada vez más empoderados. Cualquiera que combata las redes ilícitas se expone no solo a recibir amenazas, sino a ser asesinado, y ya lo estamos viendo”, afirmó.
Recientemente, el oficial Bryan Josué Rivera Oviedo, fue asesinado en una operación contra un grupo narco en Herradura.
En mayo, un agente de Fuerza Pública identificado como Alejandro Vargas Ramírez, de 35 años, fue asesinado en el barrio Inmaculada, en el cantón de Quepos, Puntarenas, cuando salía de su trabajo.
En enero, el oficial de la Fuerza Pública, Jordy Rojas, de 28 años, fue asesinado a plena luz del día en San Juan, en el cantón central de Limón. El oficial se encontraba en su día libre y caminaba con su esposa cuando fue alcanzado por gatilleros, quienes le dispararon hasta asesinarlo.
En diciembre, el oficial Víctor Manuel Barroso Lange, de 51 años, falleció tras ser agredido por un individuo al que custodiaba en El Ceibo de Corredores, en Ciudad Neily. En octubre, el agente del OIJ Jeiner Gómez, de 41 años, murió baleado en Tirrases de Curridabat mientras trabajaba en una operación encubierta.
Molina agregó que actualmente la cantidad de policías al servicio no es acorde a la criminalidad. Según mencionó, en total hay alrededor de 12.600 policías en la Fuerza Pública, cuando la situación actual del país amerita más.
“Necesitamos mayor recurso humano policial, pero no se soluciona solo con más policías. Todo esto tiene que ver con elementos criminógenos y sociales que no se están abordando, como la pobreza y la desigualdad”, comentó.
En la zona del Pacífico central, la experta describió la situación como “una locura”, refiriéndose a la cantidad de narcotraficantes que operan ahí. “Hay prostitución, proxenetismo, trata, tráfico de armas. Es un ecosistema criminal enorme”, expresó.
Para Molina, es urgente que la Fuerza Pública se fortalezca, no solo con más personal, sino también con mejor equipamiento y entrenamiento adecuado.
“Ya no estamos enfrentando un fenómeno como el de los chapulines, que era el típico muchacho que va y le arrebata los aretes a una persona. Estamos hablando de crimen organizado transnacional y redes que son profundamente violentas”, agregó.
La profesional hizo hincapié en que para evitar repetir la historia de otros países cercanos con crisis de seguridad, es necesario implementar reformas, proyectos de ley, aumentar la presencia de las autoridades y atender las problemáticas sociales.
“Urge que los tres poderes de la República se pongan de acuerdo. Al país le urge voluntad política, que se logren articular los proyectos vitales nacionales, que son de interés nacional, que están por encima de la bandera política”, concluyó.
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