EscucharSujetos armados con fusiles de asalto y pistolas se pasean por humildes barriadas al sur de la capital. No les importa si es de día, si hay menores caminando por las calles o adultos mayores descansando en los corredores de sus casas.
Escenas así se ven en dos videos difundidos este mes en redes sociales y que ya están bajo análisis del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Los agentes identificaron que los hechos ocurrieron en Sagrada Familia y en San Sebastián entre el 6 y el 7 de marzo.
Una de las grabaciones, hecha en una calle de María Reina, en Sagrada Familia, muestra a un sujeto que avanza con un fusil de asalto –cuyo uso está prohibido entre la población civil–, y le sigue otro hombre sin camisa que lleva una pistola en la mano.
En el otro video, situado en la ciudadela 15 de Setiembre, en San Sebastián, se aprecia a cuatro o cinco hombres armados que disparan contra un objetivo que está fuera del cuadro. Uno de ellos, con un fusil, dispara varias veces y el resto hace lo mismo mientras intentan protegerse detrás de una pared.
La balacera de San Sebastián coincide en tiempo con un ataque armado que sufrieron agentes de la Fuerza Pública, según confirmó la Policía Judicial.
En ambas zonas operan varias organizaciones dedicadas al tráfico y la venta de drogas; una de las más conocidas es la banda de Los Lara.
Tania Molina, consultora en Criminología y Seguridad, explicó que este grupo se dedica a préstamos gota a gota, extorsiones y administración de búnkeres donde hay microtráfico de cocaína, piedra de crack y marihuana.
La disputa territorial entre organizaciones explica la violencia en estas barriadas. Por ejemplo, el 27 de febrero, en Hatillo 6, varios individuos engañaron a un hombre y una mujer para que llegaran en vehículo a una calle donde dos agresores los acribillaron a balazos.
Dos días después, la tarde del jueves 29 de febrero, en la misma comunidad, dos hombres –identificados con los apellidos Benavides, de 38 años, y Castro, de 39– murieron baleados a la orilla de un río.
Bandas enfrentadas
De acuerdo con Molina, la presencia de sujetos armados en esas barriadas no es nueva. Sin embargo, recientemente iniciaron una guerra abierta con otras pandillas por el control de las zonas donde las ganancias por la venta de droga son altas.
“Cada búnker les genera poco más de un millón de colones diarios, es un mercado muy lucrativo”, mencionó la consultora.
Esa guerra esta potenciada, en gran medida, por el aumento en la cantidad de droga que ingresa al país debido a la sobreproducción en Colombia.
Según la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la sobreproducción de cocaína colombiana es la causa principal de la disminución en el precio y, en consecuencia, del aumento en su presencia.
Según la WOLA, el gobierno estadounidense estima que los cultivos de coca en Colombia se triplicaron entre el 2013 y el 2020. Según un reportaje del diario El País, de España, a setiembre del 2023, Colombia contaba con al menos 230.000 hectáreas de coca cultivadas en todo su territorio.
Confianza en la impunidad
Más allá de los conflictos entre bandas criminales, según Molina, los delincuentes se sienten tranquilos al portar armas en plena luz del día pues confían en que, aunque los detengan, pronto estarán en libertad.
“Son conscientes de la alta impunidad”, afirmó la profesional. “Veremos situaciones aún peores porque esto apenas está comenzando”, advirtió.
Según la especialista, esa percepción de impunidad y el hecho de que Costa Rica no tiene ejército son elementos que analizan las organizaciones criminales internacionales para operar en el país a través de minicarteles.
Molina resaltó que los delincuentes que integran estas bandas ven sus arrestos anteriores como insignias de honor e, incluso, se burlan de ellos. “Es una subcultura donde se enorgullecen de haber estado en la cárcel. No les tienen miedo a las autoridades, ni a la prisión”, agregó.
Armas del mercado ilícito
Como se puede apreciar en uno de los videos, uno de los individuos porta un arma de largo alcance. Según la experta, podría tratarse de un AR-15 o de un M-16, ambas armas importadas ilegalmente desde Norteamérica a través del mercado ilícito.
“La mayoría de los homicidios se están perpetrando con armas de fuego largas, diseñadas para combate en guerra. Hasta hace dos años, las armas más comunes utilizadas en crímenes eran las pistolas de calibre 9 milímetros”, explicó.
La especialista dijo además que otras armas de alto calibre también pueden ser remanentes de conflictos armados en el sur del continente.
En una entrevista con La Nación, el exministro de Seguridad Pública Gustavo Mata, explicó que estas armas también ingresan al país mediante intercambios.
Según Mata, en Costa Rica circulan cantidades significativas de cocaína, lo que incita a los narcotraficantes y a sus grupos criminales a emplear esta droga como moneda de cambio, especialmente con los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), a fin de obtener armamento militar.
“El armamento que está usando Costa Rica es sumamente preocupante: M-16, AR-15, AK-47... Y algo sorprendente: granadas de fragmentación”, explicó Mata.
Según el experto, es crucial prestarle atención a esta problemática de manera inmediata, pues se sabe que las bandas criminales locales imitan a grupos delictivos de países vecinos, donde la criminalidad alcanzó niveles nunca antes vistos. El caso más claro, y reciente, es Ecuador.
En algunas naciones –como en el caso de El Salvador–, los índices de homicidios disminuyeron solo tras la aplicación de medidas drásticas, aunque cuestionadas por las organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Policía en desventaja
Para Molina, el uso de armas de alto calibre por parte de los criminales representa una ventaja sobre la Policía de Costa Rica. “La gran mayoría de las armas que utiliza la Fuerza Pública son de tipo pistola semiautomática. Son muy pocas las armas largas”, explicó.
La especialista dijo que cuando los criminales exhiben sus armas en pleno día llevan a cabo una forma de intimidación hacia la población. Lo hacen intencionalmente, con el objetivo de transmitirle a la comunidad que ellos tienen el control.
“Necesitan que la comunidad les tenga miedo para convertirla en su informante, algunos (habitantes lo hacen) por temor y otros porque les gusta la criminalidad”, agregó.
De acuerdo con el artículo 89 de la Ley de Armas y Explosivos, “se le impondrá prisión de dos a cinco años, a quien posea armas prohibidas o reservadas para uso exclusivo de los cuerpos de policía”.
Asimismo, el artículo 97 establece que “se impondrá una pena de tres meses a un año a quien porte, sin autorización legal, o sin el permiso extendido por el Departamento, un arma permitida”.
Los ciudadanos pueden proporcionar información que ayude al decomiso de estas armas y la detención de las personas que las portan o utilizan mediante la línea confidencial y gratuita 1176.
