Si la ola de violencia que atraviesa el país persiste, podríamos estar a solo unos meses de experimentar una emergencia de seguridad similar a la que enfrenta Ecuador, según advirtió el exministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata.
El año pasado, el país tuvo un homicidio cada 10 horas, el equivalente a 75 por mes. Ahora, en tan solo 19 días de enero del 2024 ya se registraron 43 crímenes de este tipo. La Policía Judicial informó de que la mayoría de estos delitos son producto de ajustes de cuentas.
Mata comparó la situación actual en Costa Rica con la que vivió Ecuador hace un año y medio. Este último país, tras enfrentar un aumento de violencia, experimenta ahora una emergencia desencadenada por la ira de las organizaciones criminales ante el estado de excepción impuesto por el gobierno. Esta medida fue declarada luego de que Adolfo Macías Villamar, líder de la principal banda criminal, Los Choneros, se fugara de prisión.
“Nosotros vamos como un año atrás de la situación que está pasando en Ecuador. Ya nos tomaron las cárceles. Ellos tienen una facilidad de actuar en los centros penitenciarios, estafan, secuestran y mandan a matar gente. Tienen comunicación con sus grupos externos”, afirmó.
El exministro criticó que el sistema de seguridad del país “carece de la capacidad económica para adquirir unidades, contratar policías e invertir en tecnología”.
Mata enfatizó en la necesidad urgente de que el Gobierno invierta en un sistema eficiente de comunicación y respuesta para fortalecer la contención y prevención del crimen. “Los criminales tienen un total desprecio por el sistema. Tienen tan poco respeto que no dudan en disparar a plena luz del día”, aseveró.
Consideró que Costa Rica actualmente tiene “el coctel perfecto” para sumirse en el caos en materia de seguridad. Destacó la necesidad de que el Poder Ejecutivo preste mayor atención al tema, dote de presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública y a la Policía Judicial.
El exministro también señaló como un desafío la Ley de Empleo Público, citando casos de policías desmotivados al saber que los nuevos oficiales recibirán el mismo salario a pesar de que los primeros acumulan más experiencia.
La promesa de seguridad: más policías
En una conversación con La Nación, el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora aseguró que “hay una alta motivación en la población para ser policías y quienes tienen el honor de serlo mantienen un alto compromiso con el servicio”. El jerarca argumentó que durante el 2023 se ofertaron 935 plazas policiales y se obtuvo una respuesta de 24.000 oferentes.
Consultado sobre sus planes para contener los homicidios en el presente año, Zamora declaró: “Este año, se integrarán 1.500 nuevos policías y contaremos con ¢24.000 millones adicionales a nuestro presupuesto. Esperamos mejorar la lucha contra las bandas criminales, lo cual debe ir acompañado de leyes que garanticen la detención y enjuiciamiento efectivo de los criminales”.
Sin embargo, Gerardo Castaing, exjefe del Organismo de Investigación Judicial, criminólogo e investigador, consideró que estas medidas no serán suficientes para detener la ola de violencia.
Castaing se refirió a la urgencia de invertir en un sistema de vigilancia eficiente, no necesariamente más policías, sino cámaras de seguridad colocadas a una altura que permita enfocar adecuadamente los rostros y las actitudes sospechosas de los criminales. Mencionó la existencia de softwares en Colombia que identifican sujetos sospechosos a través de análisis facial.
Este tipo de tecnología, según el experto, es esencial para Costa Rica, donde la determinación de si un individuo tiene orden de captura requiere abordarlo primero y luego solicitarle sus documentos, a menos que sea capturado in fraganti.
El exministro de Seguridad Mata reveló que él y sus colegas de la Comisión sobre crimen organizado del Colegio de Abogados planean presentar un proyecto de sistema de monitoreo ante la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
“La idea es salir con prontitud porque el país requiere de ese tipo de instrumentación, de ese tipo de tecnología, y Gloria Navas (presidenta de la comisión permanente) está muy de acuerdo hacer todo el esfuerzo”, concluyó Mata.
En cuanto a Castaing, además de los avances tecnológicos, comentó que es imperativo cambiar las leyes y otorgar a la Fuerza Pública el poder que requiere. “El primer nivel de contención lo tiene la Fuerza Pública, pero las leyes no les proporcionan el respaldo jurídico necesario”, aseguró el criminólogo.
Castaing aclaró que la situación actual no es responsabilidad del gobierno actual, sino que el problema de seguridad en el país arrastra muchos años de negligencia. Sin embargo, aseguró que no se le da la prioridad necesaria.
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