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El Gobierno de la República impulsa la creación de un juzgado y una fiscalía adjunta que se especialicen en quitar bienes a quienes no puedan comprobar que los obtuvieron de forma lícita.
Según las autoridades, el objetivo es combatir más eficazmente al crimen organizado.
Carlos Alvarado, director de Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), explicó que se trata del proyecto de ley 18.964, llamado Ley sobre Extinción de Dominio.
De acuerdo con el funcionario, la norma permitiría que los bienes de origen ilícito pasen a manos del Estado, sin que exista una compensación futura a los propietarios, por ejemplo, si son absueltos en un proceso penal.
De hecho, Alvarado recalcó que la materia no es penal, si no civil, pues no es necesaria la comprobación de un delito. “Es de contenido patrimonial, no conductual, es si la cosa se adquirió con causa justa o no”, especificó.
El jefe del ICD adujo que las acciones de lucha contra el crimen organizado son insuficientes.
“Qué es lo único que les hace daño a estas organizaciones? Quitarles el dinero ”, afirmó.
Además, señaló que la figura de “capitales emergentes”, contemplada en la Ley contra la Delincuencia Organizada, tampoco es suficiente pues carece de un procedimiento específico.
Bajo esa ley, el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Goicoechea le quitó en julio una fortuna de ¢320 millones a un vendedor de tiempos, quien no pudo justificar el origen del dinero.
El plan 18.964 fue presentado el 6 de noviembre a la Asamblea Legislativa. El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que es posible que el proyecto avance durante el periodo de sesiones extraordinarias. “Tiene buen ambiente”, expresó.
José Manuel Arroyo, vicepresidente del Poder Judicial, indicó que analizará el texto.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunicó que el proyecto de ley no ha sido enviado a su representada, por lo que desconocen sus implicaciones.
Osvaldo Henderson, fiscal adjunto de Legitimación de Capitales y Extinción de Dominio, estimó que es una buena iniciativa, pero señaló que “debe ser cuidadosa la revisión del proyecto para que de verdad sea una herramienta útil”.
El funcionario resaltó que desde julio se creó la Fiscalía que él lidera para tener una especialización en la materia, pero advirtió: “Es necesario además fortalecer la Sección de Lavado del OIJ, así como su financiamiento, porque en manos de ellos está el trabajo de campo”.
La jefa de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, junto con un equipo de sus colaboradores, afirmó que la ley propuesta serviría para una “cacería de brujas” y violaría derechos.
Propuesta. Según el plan, el proceso de extinción tendría una fase prejudicial y una jurisdiccional.
En la primera, la nueva Fiscalía Adjunta de Extinción sería la encargada de hacer las investigaciones que demuestren que los bienes no tienen origen lítico.
Alvarado indicó que en estas indagaciones colaborarán la Policía Judicial y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del ICD, la cual recibe reportes del sistema financiero bancario.
El plan establece que las autoridades podrán realizar registros y allanamientos; interceptación de comunicaciones telefónicas y similares; recuperación del rastro de información dejado al navegar por Internet u otros medios tecnológicos bajo la autorización del juez competente.
En la fase jurisdiccional, la fiscalía presentará ante el juzgado un requerimiento de extinción. De ser admitido, el juez dictará una fecha para una audiencia preliminar en un plazo no mayor a diez días. En esa cita, las partes podrán presentar pruebas.
El planteamiento permite que el proceso continúe en ausencia de una de las partes.
Posteriormente, se dará un periodo de prueba de 30 días, luego del cual, se dictará una sentencia.
Los bienes que pasen al Estado serán administrados por la Unidad de Recuperación de Activos (URA) del ICD. Los ingresos que se obtengan financiarán al sistema de extinción, según Alvarado.
Las apelaciones se presentarían ante un Tribunal Contencioso Administrativo.
