La madre, la abuela y el tío de la niña de 11 meses que murió atacada por un perro american stafford, el 28 de enero de este año en Calle Blancos, son investigados por la Fiscalía del II Circuito Judicial de San José por el delito de incumplimiento de la patria potestad.

Lo anterior quiere decir que las personas que estaban al cuidado de la menor habrían incurrido en falta al deber de prevención con la niña, a quien el perro mordió en la cabeza cuando llegó gateando a la cochera donde estaba amarrado el animal.

En esa casa, las autoridades encontraron, además del american stafford que atacó a la niña, una perra de la misma raza, así como tres cocker, un maltés y un schnauzer, los cuales estaban sin las condiciones adecuadas.

A raíz del ataque, la madre y la abuela trasladaron a la bebé a la Clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, donde entró en paro cardiorrespiratorio y luego falleció en el Hospital Nacional de Niños, producto de las lesiones que sufrió en la cabeza.

La Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) remitió el 28 de marzo el informe de ese caso a la Fiscalía, con el fin de establecer si existió dolo o culpa que terminara con la vida de la menor.

La Fiscalía informó de que el asunto está en la etapa de recolección y análisis de prueba bajo la causa 19-2780-0042-PE.

Ahora, la familia, además de perder a la niña, podría ser procesada y eventualmente condenada a penas que, según el artículo 188 del Código Penal, van de seis meses a dos años.

Criterio legal

De acuerdo con el abogado penalista Daniel Vega, la falta de cuidado de los mayores habría desembocado en la muerte de la niña.

Recordó el caso de otro bebé de siete meses, quien murió cuando su padre se fue al trabajo en Alajuela, el 27 de marzo del 2014, y olvidó llevarlo a la guardería.

El menor quedó en un parqueo, en el asiento de atrás del carro, y falleció por un daño neurológico a raíz del golpe de calor, por estar encerrado casi dos horas.

Esa vez, un guarda descubrió al niño y avisó al papá, quien corrió a llevarlo al Hospital San Rafael, donde pereció poco después.

El jurista explicó que, según la Constitución Política, el Código Penal y el Código de Familia, un padre tiene la función de proteger a su hijo; al incumplir ese deber, se le puede sancionar penalmente por violentar los derechos del menor.

“Probablemente, la Fiscalía lo que está diciendo, en el caso de la niña de 11 meses, es que si le hubieran dado el cuidado necesario, jamás se hubiera expuesto al ataque”, explicó Vega.

Añadió que en algunos casos y después de las audiencias correspondientes, el Ministerio Público aplica criterios de oportunidad o la pena natural, y pide liberar de responsabilidad (sobreseimiento) a la persona investigada, al estimar que la pérdida de un ser querido es suficiente castigo.

De momento, en el caso de la niña de 11 meses, sus familiares podrían ir a juicio; aunque, de ser condenados, no irían a prisión –por tratarse de una pena menor a tres años–, se les mancha el expediente judicial y se sienta un precedente.

El Hospital Nacional de Niños contabilizó, durante los tres primeros meses de este año, tres pacientes egresados por mordedura de perro.

En el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), dijeron que por tratarse de un caso en investigación, no se van a referir al asunto. Empero, esa entidad hace un llamado a los padres, madres o responsables de cuidar niños, para que tomen todas las medidas que garanticen el entorno protector y disminuir los riesgos a los que se puedan exponer.

Dos días después de que falleció la niña mordida por el perro en Calle Blancos, el PANI informó en un comunicado de que “la negligencia o descuido que los adultos están teniendo con sus hijos e hijas, les está causando a los niños, las niñas y los adolescentes, graves daños y hasta la muerte”.

En el 2018, se reportaron al PANI 84.216 situaciones de menores en vulnerabilidad por negligencia en casos de salud, conflictos familiares y agresión física.

¿Qué pasó con el perro ?

Según el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), el animal que protagonizó el ataque contra la niña de 11 meses está en manos de un depositario administrativo que coopera con esa entidad.

Su alimentación y cuido están a cargo de Senasa y de organizaciones que colaboran con la institución.

En Senasa afirman que el perro es parte de la investigación penal.

Por su parte, en la Policía Judicial y la Fiscalía indican que el futuro de ese can será establecido por un Juzgado, con base en los criterios técnicos que rinda Senasa.

El Departamento Legal del Servicio aseguró que aún no ha recibido ninguna información por parte de la Fiscalía y por eso no se refirieron al asunto.

Rubén Rodríguez, presidente de la Federación Canina de Costa Rica (ACAN), se pregunta qué pasó con el perro y dice que es obligación de Senasa informar de dónde lo tiene y qué técnica de modificación de conducta están usando.

“Ese perro ya cobró la vida de un ser humano. Necesitamos saber si están aplicando la tabla de nocividad publicada en diciembre del 2018 para cualquier perro que haya mordido”, dijo.

Con base en eso, el perro se clasifica como nocivo o no. Si la forma que están usando no es la adecuada, “ese perro se va a volver a jalar una torta”, sostuvo.

El protocolo establece que si un perro presenta agresividad irreversible, se le debe aplicar la eutanasia.

Rodríguez dijo que cada vez que Senasa recoge un perro de esos, es como que si se lo tragara un hueco negro; no se sabe dónde está.

Como ese perro demostró agresividad contra la niña, la única forma de trabajar en ese impulso o estímulo que generó el ataque es con niños. ¿Quién va a “prestar” a un niño para realizar una prueba piloto que determine si el perro le va a generar agresión o no?; eso es muy difícil, dijo Rodríguez.

“Yo tengo que volver a poner al perro bajo un mismo escenario, para ver si se va a erradicar o no esa conducta. Aunque se le ponga bozal, durante la prueba el perro se le puede lanzar encima al niño y maltratarlo”, afirmó.

A manera de ejemplo, dijo que si un can le tiene miedo a los motores de los carros, se le debe modificar la conducta con una serie de técnicas, porque si no se le presenta el estímulo detonador, no se garantiza que esa conducta sea modificada en el cerebro del perro.

“Tengo que ir paulatinamente acercándolo a un motor en diferentes momentos y en diferentes escenarios. Modificar una conducta es todo un proceso y es muy caro, porque obliga a meterse de lleno con el animal", dijo.

En un centro de entrenamiento, la modificación de una conducta cuesta hasta $3.000. “Yo no sé cómo está haciendo Senasa y si los perros american stafford decomisados en Calle Blancos están con una persona certificada”, acotó.

Desde que una persona adquiere un perro de raza poderosa, tiene la responsabilidad del manejo y los cuidados que requiere, pero a veces, por ignorancia, muchas personas faltan al deber de la responsabilidad y piensan que es igual que un salchicha (dachsund) o un french poodle, cuyo tamaño y fuerza de mordedura no se comparan con un perro de talla grande.

En lo que Rodríguez conoce del caso de Calle Blancos, le parece que era un perro amarrado en una esquina de la casa, con poca socialización y estresado. “Eso evidencia el mal manejo, descuido y desconocimiento total por parte de la familia. Vimos que es poderoso, porque le arrancó la vida a la niña”, puntualizó.

Entre las razas consideradas “poderosas” están los american stafford, pitbull, cane corso, fila brasileiro y dogo argentino, así como combinaciones entre ellas que, por morfología, puedan ser letales en un ataque contra un humano.

Para Federico Chaverri, director general del Senasa, es ambiguo identificar razas poderosas, pues en los años 70 se satanizaron los dóberman, en los 80 fueron los rotweiller y recientemente los american stafford y otros parecidos.

A su juicio, “los animales con mayor talla y con mayor fuerza física son los que eventualmente tienen riesgo de causar lesiones más fuertes y requieren más cuidado”.