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Más de ¢30.000 millones que se pretenden destinar para abrir fuentes de crédito podrían usarse en su lugar para financiar diferentes fuerzas policiales.
Se trata de una iniciativa del diputado Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), quien propone detener la adhesión al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el cual implica un aporte de $300 millones para que Costa Rica acceda a mayor financiamiento en condiciones blandas y poder participar en la toma de decisiones del organismo.
Ese dinero se pagaría en tractos anuales de $60 millones durante un periodo de cinco años. Feinzaig busca tomar el primero de esos aportes (equivalente a ¢30.000 millones) para transferirlo al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), el Ministerio de Justicia y Paz, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Para el diputado, la medida es necesaria no solo por la crisis de seguridad que enfrenta nuestro territorio (en el 2023 se rompió el récord de homicidios) sino también porque ve peligroso que el país se siga endeudando.
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“Yo siento que la gente está como drogada con el concepto de la deuda barata que nos ha vendido este Gobierno. Yo aceptaría el concepto de la deuda barata, si fuera para canjear deuda cara, pero la realidad es que no es eso lo que se está haciendo”, explicó Feinzaig a La Nación.
“Lo que estamos haciendo es crecer la deuda externa, y poniendo en riesgo la estabilidad económica del país a mediano plazo, porque cuando el dólar está a ¢500 es una cosa. Si vuelve a haber una devaluación, vuelve a llegar a ¢600, ¢650, va a ser bien complicado para el Gobierno”.
Al cierre del 2023, el Ministerio de Hacienda registró un endeudamiento del 61,1% del Producto Interno Bruto (PIB), y según sus proyecciones, Costa Rica alcanzaría niveles “ideales” de endeudamiento hasta el 2035.
El diputado explicó que el banco funciona como una sociedad anónima, pues al aportar más dinero al capital del mismo, aumenta el crédito que se puede obtener. Si Costa Rica entra como miembro pleno del CAF (siglas de Corporación Andina de Fomento, el nombre original del banco), habrá acceso a $5.500 millones de deuda adicional a lo que ya se tiene acceso actualmente como miembro regular de la entidad financiera.
Para Feinzaig, el ingreso de tantos dólares a la economía acentuaría aún más la apreciación del colón.
“Ya hemos ido creando conciencia entre los compañeros diputados de que eso sería gravísimo para el mercado cambiario, que si ya están preocupados con el tipo de cambio a ¢500, métale $5.000 millones más a la economía y se nos va el tipo de cambio a ¢400 o ¢350, lo cual es absolutamente insostenible”, manifestó.
Este es el segundo intento de Feinzaig por cambiar el destino de ese dinero. Su primer intento fue en octubre del 2023, mientras se discutía el ingreso de estos recursos en el Presupuesto Nacional.
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En aquel momento, la fracción del PLP propuso, a través de una moción, trasladar ¢17.544 millones al Ministerio de Seguridad, ¢2.500 millones al Ministerio de Justicia y Paz, ¢5.800 millones para crear 150 plazas en el Ministerio Público y ¢12.400 millones para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esa moción fue rechazada, por lo que ahora el congresista busca que la Asamblea Legislativa vote en contra de la adhesión plena al banco, y posteriormente trasladar ese dinero a las instituciones ya mencionadas. No obstante, Feinzaig no se mostró optimista, pues afirmó que lo más probable es que sí se apruebe la adhesión, discutida dentro del expediente 23.614, presentado por el Poder Ejecutivo.
Aún se desconoce la fecha de dicha votación, pues el expediente aún se encuentra muy abajo en el orden del día del plenario. En la última sesión del periodo extraordinario (en el que el Poder Ejecutivo define la agenda), el 30 de abril, el texto ocupaba el lugar 209 en el orden.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial, dijo estar de acuerdo con esta iniciativa; sin embargo, se manifestó escéptico, pues aunque fuese aprobado, no hay certeza de que Hacienda autorice el giro total de los recursos, alegó.
‘No estamos de acuerdo con la propuesta’
Ante consulta de La Nación, el ministro de Hacienda a.i. Luis Antonio Molina, afirmó que ser miembro pleno del CAF aportaría “experiencia” al país para el desarrollo de infraestructura.
Molina señaló que el banco ha financiado proyectos de inversión en infraestructura, educación, tratamiento de aguas, asociaciones público-privadas, innovación y tecnología, trasportes, ambiente, energía, recursos naturales, equidad, género y recientemente, necesidades ligadas a la pandemia.
Señaló que los $5.500 millones a los que Costa Rica tendría acceso “estarían disponibles en función de los requerimientos del país”, sin detallar cuáles proyectos se ejecutarían con ese dinero, y que además recibiría cooperaciones técnicas no reembolsables, es decir, recursos financieros que el Gobierno obtiene y no tiene que devolver.
El ministro interino afirmó que la propuesta de Feinzaig afectaría las finanzas estatales, pues no cuenta con financiamiento para sostener nuevas plazas.
“No estamos de acuerdo con la propuesta del diputado Feinzaig, ya que la contratación de policías se convertiría en un gasto adicional permanente que no cuenta con el financiamiento respectivo, afectando de forma directa los resultados fiscales y de deuda”.
“Además de lo anterior, siendo la seguridad un tema prioritario para la administración, desde inicio de gestión se han venido haciendo esfuerzos importantes para dotar de personal y recursos a los cuerpos policiales del país, así como para mejorar sus condiciones salariales”, aseguró.
Molina mencionó que en el 2023 se nombraron 836 plazas de policías, 300 de ellas nuevas, y se nombrarán 300 más en el 2024. Agregó que el año anterior, mediante presupuesto extraordinario, se dotaron recursos para pólizas de riesgos del trabajo y responsabilidad civil para los policías del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Justicia, así como mantenimiento, adquisición de repuestos, reparación de la flotilla vehicular, y compra de uniformes e insumos de resguardo.
Este medio también consultó al Ministerio de Justicia, pero la entidad indicó que “nos referiremos a este tema si este año llega una consulta por parte de la Asamblea Legislativa. Por el momento no vamos a emitir alguna opinión”. Se enviaron preguntas además al Ministerio de Seguridad y al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, pero al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
