EscucharLa directora de la Defensa Pública, Marta Iris Muñoz, hizo un llamado “respetuoso y vehemente” a la ministra de Justicia y Paz, Cristina Ramírez, para que acate la resolución de la Sala Constitucional, que la obliga a entregar los datos de hacinamiento carcelario desagregados por ámbitos.
En un comunicado de prensa, Muñoz consideró de vital importancia el hacer públicas las cifras de la sobrepoblación en las diferentes cárceles, como lo venían haciendo las administraciones anteriores.
Según comentó, publicar los datos permite sensibilizar sobre las situaciones de vulnerabilidad que enfrentan los reclusos. Además, ayuda a redirigir políticas públicas y recursos del Estado para restituir los derechos humanos que se están violentando debido a los graves problemas de hacinamiento.
Orden. Desde el 17 de febrero, la Sala Constitucional obligó a la jerarca de Justicia a entregar los datos en un plazo de 15 días. Ramírez ha argumentado su negativa a suministrar tal información, al decir que eso vulnera la seguridad nacional.
El lunes anterior, la ministra prometió a este diario entregar los datos antes del plazo fijado, pero luego presentó una gestión de adición y aclaración a los magistrados para que le aclaren si debe hacerlo a pesar de que eso podría llevar a una eventual fuga masiva de reos.
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Al 22 de febrero, el sistema penitenciario mantenía tras las rejas a 13.873 personas, pero las instalaciones solamente permiten albergar a 9.774, por lo que existe un hacinamiento del 41,9%. | ARCHIVO / MARCELA BERTOZZI (Marcela_Bertozzi)
Llamado. El presidente del Colegio de Periodistas, Marlon Mora, también expresó este jueves que resulta incomprensible la retención de los datos por parte de la ministra.
“Estoy sorprendido por esta forma de actuar. Sin bien es común tener que recurrir a los tribunales para hacer valer el derecho a la información, algo que no debiera suceder en un país como el nuestro, extraña la posición de la ministra de poner obstáculos a una decisión clara, contundente e inapelable”, manifestó Mora.
Marta Iriz Muñoz comentó que la Sala Constitucional rechazó que dar esa información significara un peligro, pues esta versa sobre las condiciones en que se encuentran los reos, lo que es de interés público.
“No se justifica desde ningún punto de vista la restricción al acceso de estos datos”, aseveró.
Por otra parte, avaló la resolución del tribunal y consideró que, por el principio de transparencia, la información debe estar publicada en la página web del Ministerio de Justicia y Paz, de modo que se encuentre a disposición de familiares de los reos, medios de comunicación y entes que protegen los derechos humanos.
“Costa Rica ha asumido compromisos internacionales en el respeto de los derechos humanos, por lo que la información de la situación penitenciaria del país es una herramienta para el control”, añadió Muñoz.
