EscucharLa Defensa Pública calificó de una “cacería de brujas” al plan de extinción de dominio presentado por el Gobierno.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa y un equipo de sus colaboradores consideraron que la norma propuesta viola derechos.
Juan Carlos Salas, defensor, explicó: “Creo que trataron de crear un proceso nuevo para evitar las garantías que tiene el proceso penal. Aunque dicen que no es penal, lo ponen a cargo de la Fiscalía, que solo ve casos penales”.
“La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que no importa el tipo de proceso, si es civil, laboral, disciplinario, siempre que se van a imponer sanciones debe respetarse el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
”Por ejemplo, las presunciones siempre deben estar a favor del administrado y aquí están a favor de la administración pues le imponen a la persona la obligación de probar cómo obtuvo los bienes”, agregó Salas.
El abogado también objetó el artículo 31 del proyecto, el cual obliga a funcionarios y a personas privadas a entregar información, aun sin orden judicial.
“Se puede convertir en una cacería de brujas, igual que como ocurría en la Inquisición”, señaló.
La Defensa también apuntó que es “preocupante que el ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas) sea parte y beneficiario” y que el derecho de defensa sea “disminuido con los plazos irracionales”.
Además, los abogados criticaron la segunda instancia (apelación) por limitada y que el plan permita retirar bienes lícitos cuyo valor sea equivalente al de ilícitos que no se puedan obtener.
Carlos Alvarado, director del ICD, explicó que los plazos son cortos porque los bienes se deterioran, y admitió que se debe considerar que haya una tercera instancia.
Alvarado recalcó que no se trata de un proceso penal y detalló que el dinero se invierte en el mismo sistema de extinción.
