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Una nueva empresa ofrecerá el servicio de tobilleras electrónicas con las que se monitorean 1.838 reos en el país. Esto luego de que la Contraloría General de la República resolvió declarar sin lugar los recursos de apelación presentados en contra de la adjudicación promovida por el Ministerio de Justicia y Paz.
De esta forma se confirma el acto de adjudicación dictado a favor del Consorcio para el Monitoreo de Personas en Costa Rica, por un plazo de 48 meses y un precio unitario de $5,98 por día. Este monto es casi la mitad de lo que hasta hoy se le paga a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, que es de $11,64 diarios por reo.
Este Consorcio está conformado por Radiográfica Costarricense y la firma brasileña Servicios de Gestión en Seguridad Vial SGSV Sociedad Anónima.
Precisamente, este 8 de marzo vence el contrato actual para el control de las personas monitoreadas. Mientras el Ministerio de Justicia finiquita los detalles de la nueva contratación avalada por la Contraloría, esa vigilancia estará, de forma emergente, a cargo de la empresa estatal Radiográfica Costarricense (Racsa).
Según la Contraloría, se rechazaron los recursos de apelación interpuestos por los consorcios BEP, SOIN-TRACK, SPC-ATTENTI y el Panóptico Costarricense. En todos los casos, alegó el ente, el rechazo estuvo justificado en incumplimientos técnicos que imposibilitaban que dichos concursantes ganaran el proceso licitatorio.
En virtud de lo resuelto, el Ministerio de Justicia ya puede proceder con la suscripción del nuevo contrato e iniciar la ejecución contractual. La fecha de entrada en vigencia no trascendió.
El uso de tobilleras se aprobó por ley en el 2014 con el afán de descongestionar los centros penales del país y a la vez contar con una medida alternativa a la prisión que permita respetar los principios constitucionales de proporcionalidad, racionalidad y dignidad humana.
