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Cinco oficiales de la Fuerza Pública fueron despedidos sin responsabilidad patronal por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) luego de que el Consejo de Personal tramitara dos expedientes disciplinarios relacionados con presuntas conductas ilícitas.
Cuatro de los destituidos trabajaban en Santa Cruz, Guanacaste. A estos funcionarios se les atribuye haber ingresado de manera ilegal a una vivienda y sustraído un arma de fuego en febrero de este año.
Los cuatro oficiales de Santa Cruz se mantienen suspendidos del ejercicio de sus cargos como medida cautelar dictada en sede penal.
El segundo expediente disciplinario corresponde a una funcionaria asignada a Coto Brus, en la Zona Sur. La oficial también cuenta con una medida cautelar judicial de suspensión del cargo mientras se le investiga por el presunto delito de brindar información telefónica a un supuesto narcotraficante.
Informe confidencial de la DIS
Estos cinco despidos tracscienden poco tiempo después de que La Nación revelara un informe que identifica a 116 funcionarios que podrían estar colaborando con organizaciones de tráfico de droga y contrabando.
El documento elaborado por la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) del MSP advierte sobre una presunta infiltración del crimen organizado dentro de la Fuerza Pública de la Región Brunca Sur.
El texto, del cual La Nación tiene copia, analizó los antecedentes de 122 funcionarios destacados en las delegaciones de Golfito, Coto Brus, Corredores y Puerto Jiménez, así como en la Dirección Regional 10, en Corredores.
El documento tiene observaciones para 116 agentes, por su presunta colaboración con organizaciones dedicadas al narcotráfico y la trata de migrantes. También, acredita la existencia de una estructura de oficiales que, en apariencia, colabora con grupos dedicados al contrabando de licor y señala a otros policías por otros delitos como femicidio (un caso), violación (tres casos), violencia doméstica (uno) y favorecimiento real (cinco), entre otros.
Hay oficiales que aparecen reseñados por varios presuntos delitos, como tráfico de migrantes y aterrizajes de aeronaves en pistas clandestinas.
El informe enfatiza que buena parte de la información proviene de fuentes humanas confidenciales, por lo que requiere corroboración y no puede considerarse prueba directa para sustentar una acusación penal.
