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Las tomas ilegales de combustible, el total de litros de hidrocarburos robados y el perjuicio económico para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) han venido disminuyendo si se comparan los primeros cuatro meses de cada año desde el 2023 y hasta el 2026.
El aumento en los operativos contra bandas de ladrones, afincados principalmente en Limón y la caída en los precios internacionales del petróleo están incidiendo en los buenos resultados.
Datos de la entidad demuestran que entre enero y abril del 2023 las pérdidas por robo de hidrocarburos ascendieron a ¢1.133 millones. Para el mismo periodo del 2026, la cifra se redujo a ¢359 millones, una disminución del 68%.
La caída ha sido progresiva: en el 2024 las pérdidas alcanzaron ¢740 millones y, en el 2025, ¢666 millones.
Estos datos coinciden con el más reciente golpe contra bandas dedicadas al robo de combustibles, ocurrido la noche del jueves en Batán de Matina, Limón, donde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fuerza Pública detuvieron a seis sospechosos vinculados con una sustracción en tanquetas.
La reducción también se refleja en las perforaciones ilegales al poliducto nacional. Durante el primer cuatrimestre del 2023 se detectaron 66 tomas clandestinas, frente a las 16 encontradas en el mismo periodo del año en curso. Esto representa una disminución del 75,75%.
El volumen de combustible robado también cayó de forma considerable. Mientras en los primeros cuatro meses del 2023 se reportó la sustracción de aproximadamente 1,9 millones de litros, para el 2026 la cifra descendió a cerca de 730.000 litros, equivalente a una reducción del 62,95%.
El diésel es el hidrocarburo que más se roban seguido de la gasolina súper, ambos ampliamente utlizados en las lanchas del narcotráfico, por ejemplo. El tercer lugar aparece la gasolina de avión, Jet A-1. Además, Limón es la provincia donde más se detectan perforaciones ilegales del poliducto.
Recope dejó de ser la víctima pasiva
La presidenta de Recope, Karla Montero Víquez, atribuyó estos resultados al cambio de estrategia adoptado por la empresa desde el 2022.
Por ejemplo, sostiene que la Refinadora dejó de ser una víctima pasiva y asumió un rol más activo en la investigación, la denuncia y el acompañamiento técnico a los cuerpos policiales. “Eso nos ha venido dando réditos a lo largo del tiempo y hemos visto una población más consciente e informada”, afirmó Montero.
Según explicó, el trabajo conjunto con policías, agentes judiciales y fiscales permitió fortalecer las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de delitos. “Incluso desarrollamos procesos de capacitación técnica para fortalecer las investigaciones y mejorar la capacidad de respuesta frente a este delito”, agregó.
La jerarca recordó que las perforaciones clandestinas no solo generan pérdidas económicas, sino que representan riesgos para las comunidades y el ambiente.
“Cada toma ilegal implica un riesgo enorme. Estamos hablando de estructuras clandestinas que manipulan combustible de manera altamente peligrosa. Combatir este delito también significa proteger vidas humanas, resguardar el ambiente y defender la seguridad energética nacional”, sostuvo.
Ante consultas de La Nación, Recope reconoce que la caída en la pérdida económica está asociada a los precios internacionales del petróleo, que se mantuvieron bajos hasta hace muy poco, a raíz del conflicto entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.
La empresa pública explica que cuando el precio del combustible baja, también disminuye el valor económico de cada litro sustraído; empero, el dato debe analizarse también a la luz de la caída en las perforaciones ilegales y los litros sustraídos, que no deben ser repuestos con nuevas compras de la Refinadora.
Caen seis sospechosos en Batán
El caso más reciente se registró alrededor de las 10:20 p. m. del jueves 21 de mayo en la localidad de B-Line, en Batán de Matina, Limón, luego de que las autoridades recibieran una denuncia confidencial sobre el transporte de combustible presuntamente robado.
De acuerdo con el OIJ, tras coordinar con la Fuerza Pública, los oficiales ubicaron una microbús y otro vehículo que aparentemente funcionaba como escolta. Dentro de la buseta hallaron varios estañones con hidrocarburos extraídos ilegalmente.
Posteriormente, los agentes interceptaron un camión que salió del mismo sitio y se dirigió a una propiedad cercana. Con autorización del Ministerio Público, las autoridades allanaron ambos inmuebles y decomisaron 58 estañones con combustible, dos tanquetas, una manguera de gran extensión, un generador eléctrico y herramientas que presuntamente eran utilizadas para cometer el delito.
Por este caso fueron detenidos una mujer de apellido Herrera, de 37 años, y cinco hombres identificados como Jirón, de 39; Montano, de 49; Ramírez, de 20; y dos sujetos de apellido Campos, de 20 y 45 años.
“Estas personas detenidas quedaron con un informe a la orden del Ministerio Público como sospechosas del aparente delito de robo de combustible”, concluyó el OIJ.
