Carlo Díaz Sánchez, de 53 años, llegó a la Fiscalía General de la República en octubre de 2022, después de casi 25 años de carrera en el Poder Judicial. Cuatro años después, busca permanecer en el cargo en medio de una confrontación con el Gobierno, investigaciones contra altos funcionarios públicos y una gestión marcada por las extradiciones y la lucha contra el narcotráfico.
Este lunes 19 de octubre, los 22 magistrados de la Corte Plena decidirán si le conceden un segundo periodo al frente del Ministerio Público, institución que dirige desde el 31 de octubre de 2022.
Pero, ¿cuál ha sido la trayectoria del fiscal general que busca mantenerse cuatro años más en el puesto?
Según el currículo que presentó ante el Poder Judicial para participar en el concurso de fiscal general, Díaz es licenciado en derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), donde se graduó en 1997. También obtuvo una maestría en derecho penal en la Universidad Internacional de las Américas (UIA) y egresó de la maestría en criminología de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).
Su trayectoria comenzó en enero de 1998 en la Fiscalía de Limón y continuó en distintos despachos de Costa Rica. Fue fiscal coordinador en Limón, Pavas y Desamparados, y ocupó cargos de fiscal adjunto en San José, Heredia, Alajuela y Cartago.
De acuerdo con su hoja de vida, también trabajó en la Fiscalía de Asuntos Indígenas, la Fiscalía de Ejecución de la Pena y la Unidad de Monitoreo y Gestión de Fiscalías. Además, ejerció como juez del Tribunal Penal de San José y juez suplente del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago.
En mayo de 2004 obtuvo una plaza en propiedad como fiscal coordinador y, en febrero de 2014, ascendió a fiscal adjunto. Antes de asumir la Fiscalía General, dirigía la Fiscalía de Ejecución de la Pena.
Su llegada a la Fiscalía General
Díaz asumió el 31 de octubre de 2022 para un periodo de cuatro años.
Al llegar al cargo, señaló entre sus principales desafíos el combate a la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado, así como la protección de poblaciones vulnerables.
En su propuesta para dirigir la institución, planteó modernizar los procesos mediante tecnología, evaluar el rendimiento de las fiscalías y distribuir mejor las cargas de trabajo.
Investigaciones y lucha contra el narcotráfico
Durante su gestión, el Ministerio Público ha tramitado investigaciones que involucran a altos funcionarios públicos.
Entre ellas figura la causa por el presunto financiamiento paralelo de la campaña presidencial de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia.
También presentó una acusación contra Chaves y el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, por presunta concusión en el caso BCIE-Cariñitos. En setiembre de 2025, la Asamblea Legislativa rechazó levantar la inmunidad del mandatario al no alcanzar los 38 votos necesarios.
En materia de crimen organizado, durante su gestión se realizaron operativos contra estructuras vinculadas con el narcotráfico, entre ellos la captura de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, considerado sucesor de Diablo, quienes fueron detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) durante la operación Némesis.
Además, tras la reforma constitucional aprobada el 15 de mayo de 2025, que permitió la extradición de costarricenses por delitos de narcotráfico y terrorismo, se concretaron los primeros casos, entre ellos los del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez; Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, señalado como presunto cabecilla del narcotráfico en Limón, y Edwin López Vega, alias Pecho de Rata. Los tres permanecen recluidos en prisiones estadounidenses.
En una entrevista con La Nación, Díaz destacó la cooperación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y aseguró que, de conseguir un segundo periodo, pretende impulsar investigaciones contra los llamados “narcotraficantes invisibles”: personas que mantienen negocios aparentemente lícitos, pero cuyos recursos podrían provenir del narcotráfico.
Los cuestionamientos por los nombramientos de su pareja
La gestión del fiscal también ha enfrentado cuestionamientos por su participación en nombramientos de su pareja, Arelys Mora Gamboa, funcionaria del Ministerio Público.
Este diario informó, en noviembre de 2024, con base en registros de Gestión Humana, que Díaz propuso y autorizó cuatro de los 19 nombramientos de Mora como fiscala auxiliar.
Tres de esas gestiones ocurrieron antes de que iniciaran su relación sentimental, en agosto de 2023, y una cuando ya eran pareja.
Los registros contrastaron con declaraciones anteriores de Díaz, quien había asegurado que no propuso el nombre de Mora para esos puestos y que únicamente aprobaba trámites gestionados por otros funcionarios.
En ese momento, consultado nuevamente, el fiscal indicó que no se referiría al asunto mientras se desarrollaran los procedimientos disciplinarios.
La confrontación con el Gobierno
Otro episodio de su gestión ha sido el enfrentamiento constante con el gobierno.
En marzo de 2025, el expresidente y ahora ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves, participó junto con ministros de su administración en una manifestación frente a los Tribunales de Justicia para exigir la renuncia de Díaz. Durante la actividad lanzó fuertes críticas contra el fiscal y otras autoridades judiciales.
La confrontación continúa en el gobierno de Laura Fernández, quien en mayo de 2026 calificó al fiscal general como una “vergüenza nacional”, después de un intercambio de declaraciones sobre una reunión entre la mandataria y jerarcas judiciales.
Díaz ha defendido su actuación y sostiene que los ataques responden a sus posiciones sobre la independencia del Ministerio Público y la separación de poderes.
¿Por qué busca reelegirse?
En setiembre de 2026, Díaz anunció que solicitaría continuar cuatro años más al frente de la institución.
En entrevista con La Nación, explicó que tomó la decisión después de conversar con su familia y valorar los proyectos que considera pendientes.
Entre sus prioridades, mencionó continuar la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, fortalecer la cooperación con la DEA y dar seguimiento a los cambios administrativos del Ministerio Público.
También advirtió sobre la falta de personal y afirmó que la institución necesita más de 200 plazas adicionales entre fiscales y personal técnico.
Su primer periodo concluye el 31 de octubre de 2026. La decisión sobre su continuidad corresponde a los 22 magistrados de Corte Plena, quienes tienen previsto votar este lunes 19 de octubre.
