Rodeada de jefes policiales y dos ministros, la presidenta Laura Fernández llegó al Ministerio de Seguridad Pública para inaugurar la primera reunión de “Fuerza Élite”. Así denominó el Gobierno a las sesiones semanales con jerarcas policiales para coordinar el combate al crimen organizado.
Tras la finalización del primer encuentro privado, que se extendió por aproximadamente una hora y media, la mandataria anunció una serie de propuestas que, según dijo, formulará pronto para buscar su aprobación.
Entre ellas, mencionó una nueva regulación a las visitas en Máxima Seguridad de La Reforma, una ley que sancione la pertenencia a una banda criminal y una prueba de polígrafo para los jefes policiales que estuvieron presentes en la reunión. La mandataria, además, esquivó responder si reforzaría Bahía Drake con Guardacostas, para detener el ingreso de droga por la zona sur.
Aunque este lunes acudieron junto a la mandataria el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; el ministro de Seguridad, Gerald Campos, y los jefes del resto de cuerpos policiales de Costa Rica, no se hicieron presentes representantes del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Así lo recalcó varias veces Fernández durante la mañana.
Sin embargo, más tarde, los departamentos de prensa del Poder Judicial, del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público indicaron que no fueron oficialmente convocados al encuentro, aunque están anuentes a participar y trabajar en equipo para afrontar el crimen organizado.
Estos encuentros en el Ministerio de Seguridad se llevarán a cabo cada lunes a las 8 a. m. y, de acuerdo con las primeras declaraciones de Fernández, durante las reuniones se revisarán datos de inteligencia, se verificará qué están haciendo los cuerpos policiales, qué pasó durante la semana y qué “golpes” darán las autoridades durante la semanas siguientes.
Visitas grabadas
Tras finalizar la reunión, la mandataria explicó que, junto a los jefes policiales, sometieron a discusión una serie de temáticas. Una de ellas fue la revisión de un mapa de calor en el que analizaron el comportamiento actual de las organizaciones criminales en las siete provincias y su influencia en los territorios pese a que, en su mayoría, los cabecillas están detenidos en alguna prisión nacional.
Fernández fustigó que los líderes de estos grupos logren manejar a sus adeptos incluso estando privados de libertad y concluyó, de acuerdo con la información suministrada por los jerarcas, que los reos logran establecer contacto con le exterior, principalmente, por medio de las visitas a los centros penales.
Ante esta problemática, Fernández instó al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, responsable de la supervisión y manejo del sistema penitenciario, a revisar los reglamentos para que los privados de libertad dejen de recibir ciertos privilegios. La mandataria anunció, minutos más tarde, que propondrá una ley para que las visitas en Máxima Seguridad sean grabadas en video y en audio y, de esta forma, las autoridades tengan acceso a las conversaciones.
El director del OIJ, Michael Soto, explicó más tarde, en un video difundido a la prensa, que él mismo comparte esta preocupación y destacó que son precisamente las investigaciones de la Policía Judicial las que han llevado a la detención de los miembros de estructuras criminales; sin embargo, una vez dentro, los presuntos delincuentes han logrado sortear los bloqueos telefónicos. “Es importante que estas personas no tengan comunicación con el exterior”, afirmó el director.
Liberaciones
Durante el discurso final de este lunes, la presidenta criticó la constante liberación de personas detenidas y mencionó el caso de un hombre que, según dijo, tenía más de 300 pasadas y estaba en libertad.
Fernández atribuyó a la Policía Judicial el hecho de que presuntos delincuentes salgan a la calle sin medidas cautelares después de ser aprehendidos por oficiales de la Policía Administrativa, y afirmó que “ni siquiera” le avisan al Poder Ejecutivo cuando salen “sin consecuencias”.
Sobre este aspecto, el director a. i. del OIJ, Michael Soto, aclaró más tarde a la prensa que la Policía Judicial no tiene la potestad legal de poner en libertad a personas. “Cuando se dice que se le presentan detenidos al OIJ y el OIJ los pone en libertad, eso es una afirmación incorrecta. No somos una autoridad judicial que tiene la potestad legal de poner personas en libertad”, afirmó el director.
“No se trata de señalar personas ni instituciones, se trata del trabajo en equipo, es importante, es fundamental y siempre hemos estado dispuestos a hacerlo”, añadió.
Como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado, la presidenta de la República anunció que presentará un proyecto de ley que sancione a las personas que conformen una banda criminal.
Por el momento se desconocen los detalles de esta iniciativa, pues ya existe la Ley Contra la Delincuencia Organizada y el delito de asociación ilícita, que de acuerdo con el Código Penal, sanciona con prisión de uno a seis años a quien tome parte en una asociación de dos o más personas para cometer delitos, por el solo hecho de ser miembro de esa agrupación.
Entre sus anuncios finales, la mandataria también comunicó que someterá a los jefes policiales a una prueba de polígrafo, para detectar en las autoridades cualquier “tufito” de corrupción o infiltración del crimen organizado.
Al respecto, el director general de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, explicó a La Nación que este es un método que utilizan policías en otros países y, según dijo, hasta donde recuerda, esta medida no se ha implementado nunca en los cuerpos policiales en Costa Rica. La presidenta no ahondó en los detalles sobre los eventuales lineamientos.
Esquivó hablar sobre Bahía Drake
A finales del 2024, el gobierno retiró de la estación de Bahía Drake el cuerpo de Guardacostas y el equipo se distribuyó hacia Quepos y Golfito. Este sitio en la zona sur, según expertos, es un punto estratégico para frenar el paso de lanchas cargadas de cocaína procedentes del Pacífico colombiano.
Consultada sobre el ingreso de droga por la zona sur del país y la posibilidad de reforzar esa zona con más oficiales de Guardacostas, la mandataria esquivó responder, justificando que “los temas puntuales de operativos, por razones obvias”, no los comentaría, pues a su juicio, ese tipo de información adelantaría a las organizaciones criminales saber dónde daría la policía su siguiente golpe.
“Esa parte ni me la pregunten, porque no se las voy a decir”, afirmó.