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En mayo, Xinia María Gómez Vega, de 40 años de edad, fue asesinada a balazos cuando incumplió una medida de protección pues era testigo en un juicio por el homicidio de su sobrino.
Ella debía alejarse del centro de Cartago, pero decidió ingresar a esa ciudad. Esa decisión le costó la vida.
Róger Mata, fiscal encargado de la Oficina de Atención y Protección a Víctimas y Testigos del Poder Judicial, explicó que el éxito de los planes que se diseñan para proteger a quienes estén en procesos depende de que la persona obedezca las medidas que se le imponen.
“En el caso de Cartago, la persona decidió ir a la zona de riesgo, y eso nos da esa consecuencia fatal”, dijo Mata.
El experto agregó que las medidas varían de acuerdo con los casos. Algunas incluyen la vigilancia permanente.
La Oficina también asesora a las personas en el área legal, psicológica o de trabajo social
En el 2009, se creó una ley para otorgar más recursos a la protección de víctimas y testigos. Desde ese año, la Oficina incrementó la cantidad de casos que atiende.
Durante el 2011, por ejemplo, recibieron 9.488 expedientes, mientras que este año ha atendido 5.112 casos.
