Un oficial de Fuerza Pública, de apellido Cordero, acudió al Tribunal Penal de Pavas como testigo aportado por la defensa de las tres personas acusadas de operar el primer laboratorio de fentanilo descubierto en Costa Rica.
Los encartados en este caso son un costarricense de apellido Arroyo, un colombiano de apellido Martínez y un residente de Tibás de apellido Valdivia, quien permanece en libertad y a quien las autoridades apuntan como el presunto cabecilla de la organización.
Los tres fueron aprehendidos el 21 de noviembre de 2023, luego de una serie de allanamientos orquestados por la Fiscalía, en colaboración con Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Durante su intervención, el oficial admitió que, en una diligencia policial realizada en San José, en el 2023, aprehendió a Martínez, decomisó su celular y lo desbloqueó con un código enviado por un agente de la Policía de Control de Drogas (PCD).
Una vez que logró acceder al dispositivo, tomó fotos de información privada y las envió a dicha autoridad policial.
El abogado defensor, Mario Quesada, calificó como ilegal la intervención policial, así como el acceso al celular del sospechoso, pues ni la PCD ni la Fuerza Pública, en apariencia, tenían la orden de un juez que avalara el acceso. Esto, según Quesada, podría poner en riesgo el resto de la prueba, que derivó en al acusación por parte del Ministerio Público.
La intervención
Aunque Cordero no precisó la fecha exacta en la que ocurrió la intervención, los hechos concuerdan con el relato de un policía encubierto de la PCD, que acudió al debate el pasado lunes y martes, aportado como testigo del Ministerio Público.
Para acreditar la presencia de fentanilo en los alijos distribuidos por esta presunta banda, el oficial concretó ocho compras de cientos de pastillas entre diciembre del 2022 y mayo del 2023, todas financiadas por la DEA. Las compras fueron sometidas a pruebas de laboratorio y arrojaron la presencia del opioide sintético.
Para infiltrarse en el grupo, de acuerdo con el testimonio del oficial, una fuente anónima de la DEA le proporcionó un contacto directo con uno de los presuntos miembros de la organización: un hombre de apellidos Corrales Sandí, alias Mecánico, propietario de un negocio en Escazú. Corrales fue asesinado en un ajuste de cuentas durante la investigación.
El primer contacto del agente de la PCD con Martínez ocurrió el día en que el oficial concretó la segunda compra de pastillas contaminadas con fentanilo a la presunta banda criminal.
En esa ocasión, el oficial encubierto llegó al parqueo de una torre residencial en San Sebastián, acompañado por Corrales. Allí, se pactó la adquisición de 400 pastillas por $4.800.
Martínez arribó a bordo de un vehículo y, en apariencia, entregó las 400 pastillas dentro de una bolsa de papel. El oficial, sin embargo, no sabía quien era, por lo que ordenó seguir al sospechoso para identificarlo.
Fue entonces cuando se le haría girado la orden a Cordero, oficial de la Fuerza Pública, para detener al sospechoso en el centro de San José.
El oficial afirmó ante el Tribunal este miércoles que recibió información directa por parte de su jefe, quien le indicó que lo contactarían agentes de la PCD. En ese momento no recibió mayores detalles.
Posteriormente, un funcionario de dicha policía se habría puesto en contacto con él y le habría solicitado colaboración para intervenir al sujeto. Cordero afirmó que en esta ocasión tampoco se le brindaron detalles, sólo le indicaron que el hombre viajaba a bordo de un taxi y le ordenaron aprehenderlo, identificarlo y determinar su sitio de residencia.
“No sabíamos lo que estábamos manejando”, afirmó Cordero.
Sin embargo, una vez que dio con el hombre, el oficial rememoró que el contacto de la PCD le filtró el código del celular para acceder al teléfono. Entonces recibió la directriz de abrir el dispositivo y tomar fotos de datos privados.
“Se tomó una foto del celular donde se ve el email”, admite. La imagen, agregó el oficial, se envió a los agentes de PCD.
“En la experiencia que yo tengo, nunca me había pasado esto, PCD casi nunca trabaja con Fuerza Pública. No sé por qué en este caso fue así. No entiendo por qué en una investigación en la que tienen algo concreto... ¿Por qué no lo ejecutan y lo hacen ellos?”, cuestionó el oficial.
En esa intervención, Martínez fue llevado a un centro temporal de aprehensión para tomar sus datos, concretar el decomiso de una punta de cocaína que se halló entre sus pertenencias y fue puesto en libertad ese mismo día.
“Teoría del fruto envenenado”
El abogado defensor, Mario Quesada, manifestó a este medio que la PCD no contaba con la orden de un juez para intervenir el celular de Martínez, por lo que la prueba fue obtenida de forma ilícita.
“Del estudio del expediente ya la defensa sabe que, a partir de esa identificación del aparato y de la dirección que indicó el imputado, se empezó a generar un caudal del prueba importante que fue lo que llenó de contenido toda la hipótesis policial y derivó en la acusación que al día de hoy nos tiene en este debate”, agregó Quesada.
El abogado argumentó que todos los elementos de prueba derivaron de una acción ilícita, por lo que estos no podrían ser utilizados como elemento para determinar “el hecho histórico” que se pretende, en este caso, en materia penal.