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Desde hace seis años, la fiscala de Homicidios del Ministerio Público, Sandra Lucrecia Castro Caamaño, no trabaja. Empero, sigue siendo funcionaria judicial.
Ella ha gestionado una y otra vez licencias por enfermedad, pues tiene padecimientos físicos y psicológicos. Incluso, ha solicitado que la incapaciten de forma permanente.
Hasta mayo del año pasado, Castro acumulaba 1.482 días de licencia. Este año, La Nación ha llamado en varias ocasiones a sus familiares, quienes indicaron que ella sigue sin laborar.
Este caso figura en una lista de 15 expedientes que tienen en una encrucijada a las autoridades del Poder Judicial, que ya no saben qué hacer con ellos
Se trata de incapacidades de hasta años que el Consejo Superior ha remitido a la Medicatura Forense, pero en las que este ente ha dictaminado que las personas sí están en capacidad de trabajar.
“Enviamos los casos a la Medicatura Forense, pero dice que no está incapacitado (el funcionario) absoluta y permanentemente para laborar. Entonces, uno entiende que la persona debe volver a su trabajo, pero ¿qué pasa si el lunes llega con otra incapacidad? Son en ese tipo de casos en los que tenemos que ver qué hacer”, explicó Mario Mena Ayales, miembro del Consejo Superior.
Los nombres de estos funcionarios salieron a relucir en mayo del año pasado en un informe elaborado por Mena.
El estudio alertó de que existe un “abuso” con las incapacidades y denunció que, en ese momento, 265 servidores tenían entre 300 y 2.100 días de permisos en un periodo de siete años.
En aquel momento, la lista era encabezada por el funcionario Luis Fernando Hernández Guzmán, quien tenía casi seis años de ausencia. No fue posible saber si Hernández continúa enfermo.
Según explicó Mena, esa lista fue remitida a la Comisión de Evaluadora de Incapacidades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que revisara si en cada uno de los casos se había otorgado correctamente la licencia.
“Entre esos estaban estos 15 casos. Ahora tomamos el acuerdo de pedirle a la Comisión (de la Caja) que revise estos con prioridad y que nos diga cuál es el procedimiento que debemos hacer ”, indicó Mena.
Se intentó conversar con Rodrigo Bartels, coordinador de la Comisión Evaluadora, pero dijo que no se referiría, pues no ha recibido la solicitud de revisión de los casos.
El Poder Judicial gasta anualmente ¢3.000 millones en el pago de incapacidades. Los empleados reciben el salario completo, pues la entidad judicial aporta un 40% y la CCSS subsidia el otro 60%.
Difícil dictamen. Mena indicó que el análisis de estas incapacidades récord se complica porque la mayoría son por psiquiatría.
“Yo le puedo pedir a la Medicatura que me diga si alguien se recuperó de una fractura, pero en el caso de psiquiatría es más difícil”, manifestó el funcionario.
Recalcó que, desde la implementación del Reglamento de Incapacidades, que elaboró la Caja, la entidad judicial redujo el porcentaje de incapacidades y que, en solo tres meses, se presentaron 200 menos.
