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El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, agradeció este martes a los diputados la aprobación en segundo debate del proyecto de ley de sicariato que castiga con hasta 40 años de prisión a los delincuentes que se dediquen al homicidio por encargo.
La principal novedad celebrada por Soto es la tipificación como delito de la preparación y el entrenamiento de asesinos a sueldo, una figura que busca atacar la logística detrás de este tipo de homicidios vinculados, en siete de cada diez casos, a ajustes de cuentas o venganzas entre grupos criminales.
La ley en cuestión es el proyecto 24.047, presentado por el diputado David Segura, del Partido Nueva República (PNR), y aprobado con el voto afirmativo de 42 congresistas. La iniciativa introduce el artículo 280 bis en el Código Penal, para establecer una pena de tres a cinco años de cárcel para quien públicamente ofrezca, solicite o promueva servicios de homicidio por encargo o promesa remuneratoria.
El elemento que impacta directamente en la labor del OIJ es la extensión de esa misma pena a “quien públicamente ofrezca servicios de preparación o entrenamiento para llevar a cabo el homicidio por sicariato”.
Casos documentados
Michael Soto explicó que la inclusión de esta figura responde a una problemática identificada por la policía judicial, la cual se hizo visible con la circulación de videos “donde expolicías o personas con conocimiento en armas preparaban y entrenaban a sicarios”.
Para el jefe policial, la aprobación formal de este artículo es de gran valor, ya que convierte esa clase de actividades en una “conducta delictiva”, lo cual es “beneficioso para el trabajo que hacemos”. Soto enfatizó que la ley no solo penaliza la preparación de los sicarios, sino también la difusión y promoción de este tipo de actividades ilícitas.
Además de la penalización del entrenamiento, Soto resaltó otras novedades contenidas en el proyecto que incorporan el artículo 112 bis, el cual establece una pena de prisión de 20 a 40 años para el homicidio por sicariato.
El jerarca indicó que el aumento de pena es “significativo”, y si bien reconoce que esto “no es un elemento disuasor”, sí otorga a la policía y a los jueces un margen de acción “bastante amplio”.
Asimismo, destacó la inclusión explícita del tema de la “promesa o la remuneración económica” en el nuevo marco legal. Esta precisión, a su juicio, es fundamental en las investigaciones, pues permite a la policía judicial tener un “margen amplio de investigación” para perseguir al crimen organizado, el cual considera que es “lo que está ocurriendo y desangrando al país”.
El debate en el Congreso
El proyecto se aprobó en primer debate en noviembre con mayoría calificada (38 votos), y solo se opusieron la presidenta legislativa en ejercicio, Vanessa Castro, y la independiente Gloria Navas. Este lunes, el segundo debate recibió una aprobación de 42 legisladores.
Navas, abogada penalista de profesión, se opuso al proyecto pues considera que el Código Penal ya castiga el homicidio calificado con penas de 20 a 35 años y que, al sumar delitos como la participación criminal, se podían construir condenas de hasta 150 o 200 años. La legisladora sugirió que la creación de una pena específica por sicariato podría, paradójicamente, resultar en la aplicación de una sanción menor si los jueces optaran por sancionar solo ese delito.
