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Dos hombres de apellidos Enríquez Thomas y Martínez Martínez se entregaron a la Policía entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves, luego de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanara sus viviendas en Pococí de Limón.
A los sujetos se les vincula con una banda que, con ayuda de a menos cinco policías penitenciarios, introducía droga al Centro de Atención Integral (CAI) Carlos Luis Fallas, en Pococí de Limón.
De acuerdo con la Policía Judicial, los oficiales cobraban hasta ¢900.000 por cada libra de marihuana que introducían a la prisión y, aparentemente, también introducían teléfonos celulares a cambio de ¢80.000.
Los funcionarios del Ministerio de Justicia fueron identificados con los apellidos Brenes Vega, Paguaga Jiménez, Anzora Salazar, Jiménez Sandoval y Rivera González. Este último, al parecer, habría renunciado recientemente ya que tenía mejores oportunidades laborales.
Durante el operativo realizado el miércoles en la mañana también se detuvo a otras siete personas apellidadas Pérez Montero (mujer), Brenes Vega, Martínez Slack (mujer), Vargas Arias (mujer), Hurtado Muñoz y Araya Sibaja. Presuntamente, algunos de ellos tiene un grado de familiaridad con los policías.
Por otra parte, el líder de la agrupación era un privado de libertad de apellidos Camacho Chaves, quien está preso desde el 2009 por un delito sexual.
“El grupo tenía un enlace directo con la población penitenciaria. Un privado de libertad, de apellido Camacho Chaves era proveído por funcionarios policiales que trabajan en el centro y que aprovechaban cuando estaban destacados en las áreas denominadas fortines, recibían las drogas y una vez con ellas las entregaban a este privado para su distribución”, explicó Wálter Espinoza, director del OIJ este miércoles luego de las diligencias.
En las cuentas de Camacho, según la Policía Judicial, se registran transferencias internacionales de sumas “importantes”, razón por la cual se coordina con la Agencia para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), para ampliar las pesquisas y determinar si existen vinculaciones internacionales.
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La investigación de estos hechos se inició en agosto del año pasado, luego de que el Ministerio de Justicia recibió avisos de parte de compañeros de los policías implicados. La información se trasladó a la Policía Judicial.
La audiencia de solicitud de medidas cautelares por este caso arrancó este jueves y se prevé que se extienda al menos hasta el sábado.
