Los paquetes iban tirados debajo de una rejilla de refrigeración del contenedor, donde oficiales antidrogas dieron con la ilegal mercancía. Foto: MSP. Los paquetes iban tirados debajo de una rejilla de refrigeración del contenedor, donde oficiales antidrogas dieron con la ilegal mercancía. Foto: MSP.
El hecho de que un kilo de cocaína multiplique su valor hasta cien veces desde su punto de producción hasta que llega a Europa hace que el crimen organizado no cese en usar los puertos del istmo para envíos al viejo continente.
Este viernes el Ministerio de Seguridad dio a conocer el primer caso de este año en la terminal administrada por la firma holandesa APM Terminals en Moín, Limón.
Se trata de un cargamento de 110 kilos que iba oculto tras la pared del fondo de un contenedor con una carga de jugo de piña dirigida a España.
Este cargamento tiene un costo millonario en nuestro país, donde el precio ronda los $7.000 por kilo, pero en Europa cada kilo puede ascender hasta $100.000.
Por esa razón, el crimen organizado busca todos los mecanismos para vulnerar la vigilancia policial, comprar conciencias y evadir los escáneres.
El decomiso de los 110 kilos hallados la tarde del jueves se obtuvo gracias a las labores de análisis y perfilamiento que realiza la PCD en esa terminal de contenedores.
Algunos de los paquetes decomisados estaban envueltos en papel con el número 87 en tinta negra, los otros tenían un dibujo con colores negro, celeste y blanco.
De momento no hay detenidos por este golpe, pero las pesquisas siguen para determinar el punto de carga del contenedor y tratar de dar con los responsables.
El destino de la droga era el mismo que se detectó en octubre del 2018, cuando se descubrió en España una carga de seis toneladas, la más grande en el registro histórico movilizada desde puerto Limón.
Durante el 2020, la PCD decomisó 16.192 kilogramos de cocaína que pretendían ser trasegados en 18 contenedores que fueron detectados los muelles de Limón y Puntarenas.
Esa cifra triplicó la del 2019, cuando se confiscaron 5.927 kilos de cocaína en diez contenedores en esas dos provincias costeras.
No tocaron la cárcel
En noviembre del año pasado, dos encargadas de los escáneres de APM Terminals fueron detenidas porque supuestamente reportaron datos falsos en torno a un contenedor que salió con 900 kilos de coca hacia el puerto de Róterdam, Holanda.
Esa vez, otros dos empleados y un transportista también fueron detenidos por la Policía de Control de Drogas como parte de esa operación de tráfico internacional de cocaína.
Los implicados son tres hombres: de apellidos Herrera Valderramos (el transportista), Hadden Ulloa y Cerdas Fonseca, así como dos mujeres apellidadas Garita Fernández y Gómez Pérez. Para el momento de los hechos, los últimos cuatro laboraban para la terminal de contenedores APM, en Moín.
Este viernes la Fiscalía Adjunta de Limón informó de que desde el 4 de noviembre del 2020 solicitó que se ordenara prisión preventiva en contra de los cinco imputados, sin embargo, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento.
Ante ello, y por la gravedad del caso, el Ministerio Público apeló ante el Juzgado. Así las cosas, el 8 de enero anterior hubo una nueva audiencia, empero, el Tribunal Penal de Limón rechazó nuevamente la petición de la Fiscalía.
Por lo anterior, a los cinco detenidos se les dictaron medidas como presentarse a firmar cada 15 días, no salir del país y mantener domicilio fijo.
Ante esta instancia, la Fiscalía ya no tiene otra posibilidad de apelar.
Dos operadoras los escáneres en el muelle de APM Terminals cayeron por consignar datos falsos de un contenedor con 990 kilos de coca. Otros dos operarios también fueron detenidos en noviembre del 2020.Foto: Archivo/ proporcionada por Reiner Montero. Dos operadoras los escáneres en el muelle de APM Terminals cayeron por consignar datos falsos de un contenedor con 990 kilos de coca. Otros dos operarios también fueron detenidos en noviembre del 2020.Foto: Archivo/ proporcionada por Reiner Montero.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó de que la captura de ese grupo se realizó durante una serie de allanamientos ejecutados en Limón, Moín, Pocora y San Ramón de Alajuela.
En estos operativos se decomisaron ¢2,5 millones y $300, así como documentos relacionados con el caso y otra evidencia importante para el desarrollo de la investigación.
