EscucharAnte la creciente ola de homicidios que golpea al país y que mantiene su tendencia al alza este año, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) insiste en que se sigue fallando en prevención.
Entre el 2016 y el 2017 murieron 1.181 personas en nuestro país por acciones homicidas, muchas de ellas relacionadas con el narcotráfico.
Estos números equivalen a 12,1 asesinatos por cada 100.000 habitantes, cifra considerada como epidemia por la Organización Mundial de la Salud.
Por esta razón, Wálter Espinoza, director del OIJ, urgió más vigilancia policial en lo que llama zonas calientes, pero también atención a adictos, asistencia social a familias y mayor empleo para la juventud, entre otros.
Explicó que las organizaciones criminales desarrollan sus actividades ilegales en determinado espacio territorial, con posibilidades de moverse de manera segura y controlada, por lo que preservan y mantienen ese sitio como un monopolio criminal frente a otras agrupaciones.
“Esos espacios son enclaves, sus áreas de acción y los lugares que ellos dominan y donde mantienen control de acciones como la venta de sustancias ilegales como cocaína, crack y marihuana”, dijo.
Cuando el OIJ identifica a un grupo y tiene pruebas de su operación, realiza allanamientos masivos, que a veces tienen impacto en más de 25 lugares, utilizando a veces cientos de policías.
Ahí es donde el OIJ ve el principal fallo del sistema, porque desaparece la oferta, pero persiste la demanda de droga. En ese momento debería volcarse el Estado sobre la comunidad de inmediato con medidas de prevención.
Al saber que ya no están los cabecillas, entonces que ingrese Seguridad Pública, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social y que el Ministerio de Educación se acerque a las familias afectadas y se recuperen los espacios, alega Espinoza.
Si eso no pasa, algunas otras organizaciones se meten y vuelve el fenómeno original de criminalidad, o bien el espacio es tomado por las semillas que quedaron de las organizaciones sacadas del sitio.
Por eso, el funcionario insistió en que la labor policial es solo un ingrediente más del platillo y que la intervención estatal evitaría más enfrentamientos, muertes y asesinatos.
Los últimos casos
En los 45 primeros días de este año el OIJ registra 80 asesinatos, casi dos diarios, la mayoría son ajustes de cuentas, mientras que el año pasado para este mismo periodo se tenían 77 homicidios.
Solo en cinco horas, en la noche del martes, mataron a tres hombres en nuestro país.
Al filo de las 6 p. m. frente a la terminal de buses del Caribe, en barrio Tournón, San Francisco de Goicoechea, mataron a Gebrám Salem Ortiz, de 23 años, a quien persiguieron motorizados y primero lo hirieron en una pierna, para luego acribillarlo en el suelo de al menos siete balazos.
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Ni siquera se había levantado ese cuerpo, cuando en Tirrases de Curridabat mataron a Carlos Alberto Arrones Portuguez, de 43 años.
Eran las 9 p. m.cuando el OIJ recibió la alerta de que habían baleado a una pareja en el centro de ese distrito.
La mujer, identificada como Ruth Calero Sánchez, de 23 años, recibió un balazo en el codo derecho, mientras que Arrones, su compañero sentimental, quedó grave y murió cuando era trasladado en un carro particular al Hospital Calderón Guardia.
El hombre tenía antecedentes por robo, portación ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas.
La pareja caminaba de regreso a su casa. Se presume que un hombre los seguía y, aparentemente, les disparó en varias ocasiones por detrás; luego, el sospechoso huyó del lugar en un carro tipo automóvil.
Poco después, en Miravalles de Curridabat, fue hallado un carro de cuatro puertas, con características similares al que utilizó el presunto homicida para huir, por lo que fue sellado por los agentes y trasladado al Complejo de Ciencias Forenses.
La Policía aún estaba en esas labores, cuando a las 10:30 p. m., en San Ramón de Alajuela, se registró otro homicidio.
Un colombiano, preliminarmente identificado como de apellidos Yepes Velásquez, de 35 años, fue hallado en una vía pública, en Río Jesús, distrito de Santiago de San Ramón.
El primer informe del OIJ revela que el sujeto fue encontrado por un vecino del lugar y estaba atado de pies y manos para atrás con gasas plásticas.
El foráneo presentaba heridas de arma de fuego en la cabeza y el cuello y, al parecer, en el sitio había una nota de los homicidas con el nombre de las próximas víctimas.
Un tatuaje ayudó al OIJ a identificarlo. Tenía antecedentes por robo agravado y portación ilegal de arma de fuego.
El hombre tenía unos cinco años de vivir en nuestro país y era vecino de Guadalupe. No se le conocía oficio.
Armas de fuego por doquier
Espinoza se mostró alarmado por los que considera una altísima disposición de armas de fuego en el país y eso lo ven en la mayoría de escenas criminales.
El año pasado, entre ambas Policías (Fuerza Pública y OIJ), decomisaron más de 3.000 armas de fuego, las cuales se usan en más del 70% de los homicidios.
Espinoza calificó de relativamente fácil conseguir esas armas, lo mismo que en otros países del área, desde donde las trasladan a nuestro territorio.
Eso significa que los grupos criminales tienen acceso a esa herramienta que usan para amedrentar, amenazar, castigar y matar y así lo evidencian la cantidad de indicios balísticos que el OIJ encuentra en los sitios de asesinatos.
Esfuerzos policiales en sitios deprimidos
El director general de la Fuerza Pública, Juan José Andrade, coincide con Espinoza en que el tráfico de drogas ha disparado la cifra de homicidios y en que urge más apoyo de otras instituciones; sin embargo, resaltó las labores de la Fuerza Pública en el combate diario contra la criminalidad.
Dijo que hay equipos especiales que entran a zonas donde proliferan las ventas de drogas y los homicidios, como en Alajuelita, Pavas, León XIII, Desamparados y sectores de Hatillo, donde muy a menudo colaboran con el OIJ en la captura de sospechosos.
Destacó que de los 13.000 policías, dedican unos 2.000 a operativos de contención y abordajes en zonas con grupos posesionados.
Cuando entran a búnkeres, encuentran a veces hasta 50 consumidores y cado uno de ello fuma en promedio 15 piedras de crack por noche, lo que significa que deben conseguir unos ¢15.000 diarios para droga.
Muchos de ellos piden dinero en paradas de buses, semáforos o a la salida de tiendas. Otros limpian parabrisas en semáforos o hasta cuidan carros para juntar el dinero.
De ellos se valen las redes narcos y muchos búnkeres generan hasta ¢2 millones diarios, lo que desata la pelea por esos mercados y la guerra a balazos que los ciduadanos están viendo todos los días.
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Andrade dijo que los sitios donde están los búnkeres, sea en Cartago, Alajuela, San José u otras provincias tienen en común las construcciones en terrenos prohibidos, ranchos que se comunican por callejuelas internas que dominan quienes viven ahí y las tomas clandestinas de servicios públicos como agua y luz.
Llamó a los gobiernos locales a cumplir un papel más protagónico en la recuperación de esos espacios, antes de que crezcan y desaten una mayor delincuencia.
Afirmó que la Fuerza Pública trabaja con niños de zonas vulnerables, padres de familia y mujeres agredidas, en aras de buscar salidas a las situaciones que son el cultivo para generar más criminalidad.
El año pasado dieron formación contra drogas y contra la integración de pandillas a 65.000 niños y jóvenes.
Con el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) impulsan el programa “Enfrentado la vida sin violencia”, con el que buscan ayudar a jóvenes que no trabajan ni estiudian, detalló.
