La defensa de Kilmar Armando Ábrego García presentó un aviso suplementario ante el Tribunal del Distrito Central de Tennessee en el que acusa al gobierno de Estados Unidos de llevar adelante un proceso judicial “vengativo y selectivo”.
El documento al que tuvo acceso el diario La Prensa Gráfica, registrado el 23 de agosto del 2025, sostiene que tres instituciones —el Departamento de Justicia (DOJ), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)— actuaron de forma coordinada para presionar a Ábrego a declararse culpable de los dos cargos federales en su contra, relacionados con conspiración y transporte ilegal de migrantes.
En el escrito, los abogados relatan que, tras la solicitud de desestimación presentada días antes, el gobierno intentó condicionar la liberación del salvadoreño a un acuerdo de culpabilidad. El jueves 21 de agosto, se ofreció a la defensa que si Ábrego se declaraba culpable, sería deportado posteriormente a Costa Rica con estatus de residencia o de refugiado.
Sin embargo, tras su liberación el viernes 22 de agosto, el ICE comunicó que la deportación se realizaría hacia Uganda, un cambio que los abogados calificaron como represalia directa por ejercer el derecho legal a la libertad bajo fianza.
El aviso también expone que el DHS emitió un comunicado responsabilizando a la jueza federal Paula Xinis, del Distrito de Maryland, por “permitir que un conocido miembro de la MS-13, tratante de personas, golpeador de mujeres y depredador infantil caminara libremente por las calles de Estados Unidos”.
La defensa sostiene que esas acusaciones se basan en documentos seleccionados de manera arbitraria y buscan desacreditar a Ábrego en la opinión pública, reforzando lo que consideran un procesamiento impulsado por motivos políticos.
Ábrego fue liberado el viernes 22 de agosto del 2025 de una cárcel en Tennessee y viajó a Maryland para reunirse con su familia, donde permanecerá mientras espera el inicio de su juicio programado para el 27 de enero del 2026. Días antes había presentado formalmente una moción para que se desestimaran los cargos en su contra, argumentando que el proceso era resultado de un patrón de represalias desde que desafió su deportación ilegal a El Salvador.
El proceso judicial continúa en curso y Ábrego se mantiene bajo medidas cautelares. Sus abogados aseguran que el gobierno está usando tácticas de presión “sin precedentes”, al plantear la posibilidad de enviarlo a terceros países como Costa Rica o Uganda, a cambio de una admisión de culpabilidad, lo que a su juicio viola la Quinta Enmienda de la Constitución de EE. UU.
La deportación ‘por error’
El caso Ábrego ha sido objeto de amplia atención internacional desde que en marzo del 2025 fue deportado a El Salvador pese a contar con una orden judicial en EE. UU. que impedía su retorno por riesgo de persecución. Al llegar al país, fue recluido primero en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
La administración estadounidense reconoció inicialmente que la deportación se debió a un “error administrativo”. Sin embargo, poco después, funcionarios comenzaron a describir a Ábrego como miembro de pandillas y a presentar documentos para vincularlo con delitos no criminales.
Para su defensa, ese giro narrativo constituye evidencia de un proceso “vengativo” destinado a castigar a quien había logrado detener su deportación en instancias judiciales.
El caso también ha tenido un fuerte impacto político. El senador demócrata Chris Van Hollen viajó, en abril del 2025, a El Salvador para exigir la liberación de Ábrego cuando se encontraba en el CECOT, asegurando que se encontraba “traumatizado” por las condiciones de su detención.
Otros congresistas como Maxwell Frost, Robert García y Glenn Ivey también realizaron gestiones en el país, denunciando restricciones para verificar su situación.
El congresista Ivey intentó ingresar a la prisión de Santa Ana en mayo, pero las autoridades salvadoreñas le negaron el acceso. En paralelo, la senadora Jeanne Shaheen solicitó al Ejecutivo de Estados Unidos transparencia sobre los acuerdos migratorios firmados con el gobierno salvadoreño, argumentando que se desconocen los alcances y compromisos asumidos.
El proceso contra Ábrego se mantiene abierto en el Tribunal del Distrito Central de Tennessee. La defensa insiste en que el caso debe ser desestimado porque responde a un patrón de represalias y de uso indebido del aparato federal para presionar al acusado. La próxima audiencia está programada para enero del 2026, aunque sus abogados anticipan que seguirán presentando mociones previas en busca de archivar la causa.