San José (Redacción). El Juzgado Penal de Hacienda informó esta mañana que dictó cinco meses de prisión preventiva contra los funcionarios Manuel Serrano y Miguel Ramírez como parte de la investigación que realiza el Ministerio Público sobre un presunto pago de dádivas a encargados de fiscalizar la construcción de la ruta 1856.
Serrano, Ramírez y otras cuatro personas fueron detenidos el miércoles como parte de las pesquisas sobre este caso. Entre los detenidos figura el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Carlos Acosta, quien no descontará prisión preventiva pero sí se le aplicaron otras medidas cautelares que –hasta el momento– no se han precisado. Los otros detenidos son los empresarios David Castillo, Giovanni Baralis y Johnny Muñoz, a quienes se les dictó medidas cautelares que no se conocen.
La audiencia preliminar se inició ayer a la 1:30 p.m. y concluyó esta madrugada a las 3:30 a.m.
José Miguel Villalobos, abogado defensor de cuatro de los seis detenidos, declaró anoche a este medio que la solicitud de prisión preventiva de la Fiscalía no tenía fundamento y anticipaba un fallo favorable para sus defendidos. De igual criterio fue Roy Villalobos, defensor del imputado Johnny Muñoz, quien esperaba otro tipo de medidas cautelares.
Jorge Chavarría, fiscal general, aseguró ayer que la solicitud de prisión preventiva en contra de los imputados se fundamenta en aspectos meramente jurídicos y no necesariamente personales. Agregó que al ser imputados, en este caso sí aplicaba la solicitud.
”Tenemos la convicción, y puede que estemos equivocados, que son el grupo nuclear a partir del cual se genera todo el planeamiento. Por ello procede la prisión preventiva”, aseveró Chavarría.
La construcción de la vía 1856 en la zona fronteriza con Nicaragua se inició en diciembre del 2010 como una respuesta al diferendo limítrofe con la nación vecina y la ocupación nicaraguense en Isla Calero. El Conavi ha gastado más de ¢20.000 millones en este proyecto.