El sistema penitenciario tiene capacidad para 13.289 privados de libertad, pero la población carcelaria asciende a 19.453, lo que quiere decir que hay una brecha de más de 6.000 personas.
El Cacco, presentado por el gobierno como la medida de “plazo inmediato”, proyecta albergar a 5.100 personas. Mientras se concreta la obra, el Ministerio indicó que realiza “seguimiento permanente” de la ocupación y redistribuye reclusos según su perfil de riesgo.
En su respuesta, Justicia reconoce la caída en la aplicación del régimen semiinstitucional, la modalidad que permite a los reclusos trabajar de día y regresar a dormir a un centro penal. En 2016 atendía a 4.890 personas; al 28 de julio de 2026 apenas llegaba a 1.106, una disminución del 75% en una década. “Esta disminución evidencia la oportunidad de fortalecer nuevamente esta modalidad, sin flexibilizar los requisitos técnicos, criminológicos y jurídicos”, respondió el Ministerio.
Ese declive es precisamente lo que el MNPT señaló como una de las causas del hacinamiento y lo que la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Vargas, atribuyó al Ministerio de Justicia en declaraciones anteriores a este medio.
Para revertir esa tendencia, el Poder Ejecutivo presentó el 27 de julio a la Asamblea Legislativa el expediente 25.673, que busca modificar la Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal. De aprobarse, el Instituto Nacional de Criminología (INC) podría autorizar traslados al régimen semiinstitucional con monitoreo mediante tobillera electrónica.
Ante la advertencia del MNPT de que el hacinamiento puede derivar en tratos crueles e inhumanos, el Ministerio aseveró que entre 2022 y julio de 2026, la Policía Penitenciaria decomisó 74.065 armas blancas en las cárceles; durante 2025, se hicieron 16.423 movimientos internos por razones de convivencia y un promedio de 468 traslados mensuales entre centros penales; y con una población promedio de 18.250 personas ese año, se brindaron 76.448 atenciones médicas.
Adicionalmente, Justicia enfatizó que cuenta con un protocolo específico para la prevención del suicidio, enmarcado en la Política Nacional de Salud Mental, diseñado para identificar factores de riesgo y brindar intervención en crisis dentro del tenso entorno penitenciario actual.
