La jueza explicó, que una serie de señalamientos por parte de autoridades del gobierno y que iniciaron en julio del año pasado, habrían atizado el conflicto con Ulloa Borrero. En ese mes durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia Gerald Campos, cuestionaron un fallo de la jueza quien ordenó cambiar a un reo sentenciado a 48 años de cárcel por asalto y violación, de un ámbito de mayor a menor contención.
“Fui expuesta por parte del Poder Ejecutivo donde se indicó con mi nombre y apellidos. Posteriormente, resolví otras quejas y nuevamente el Poder Ejecutivo me volvió a exponer en medios de prensa esto en julio 2025 a raíz de las resoluciones que emití, incluso sacaron fotografías de mis redes sociales exponiéndolas en medios”, argumentó la funcionaria.
La jueza además aclaró: “Me tocó el caso por rol” y detalló que pidió todos los informes correspondientes sobre los cuales dictó la resolución.
El 3 de setiembre durante otra rueda ante medios, el presidente y el ministro cuestionaron otro fallo de la juzgadora quien dispuso instalar un horno de microondas y un televisor en Máxima Seguridad de La Reforma y restituir la visita íntima.
A criterio de la jueza y de sus abogados, en ese contexto se agravaron los conflictos entre ambos. “Conocí a Roberto en 2023 esto desde que falleció la mamá, mantuvimos una relación cordial, solo nos saludábamos, pero desde que fui expuesta en prensa Roberto cambió su actitud, comenzó a tirarme el perro y a grabarme y cada vez los hechos han ido en aumento”, argumentó.
Levinson Escalante, abogado de la víctima, dijo este lunes, previo a ingresar a la audiencia de medidas cautelares en los tribunales de Heredia, que “este no es un caso aislado” y explicó que cuentan con vídeos en donde desde mediados del año anterior, se aprecia al imputado donde ofende a la mujer.
El abogado detalló que Ulloa Borrero pasaba con su perro frente a la casa de la ofendida y “le decía jueza corrupta, jueza amiga de delincuentes”, Escalante recalcó que esto sucedió debido a las declaraciones de Chaves y Campos al exponer el nombre de la jueza.
El conflicto escaló a tal punto que el viernes 17 de abril el sospechoso primero habría azuzado a su perro para que la atacara y luego la habría golpeado con los puños. Sobre ese evento la jueza declaró: “Cuando el perro de Roberto se salió por la ventana fue producto de que este le dijo al can “salte o salga Duka”, por eso el animal se salió”.
La denunciante añadió que mientras Ulloa la agredía físicamente, “me dijo en dos ocasiones jueza hijueputa”.
Por su parte, Gabriela Arias, del bufete BGA, quien representa al imputado Ulloa Borrero, sostuvo que “la narrativa pública dista bastante de la realidad, puesto que inicia como un conflicto vecinal, que no está vinculado a la función pública ejercida por la jueza ni a sus resoluciones”, afirmó a La Nación.
Calificación legal
La fiscalía adjunta de Heredia argumenta que este caso debe tramitarse como tentativa de femicidio amparado en el inciso B, del artículo 21 bis, de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, que fija penas de prisión de entre 20 y 35 años por femicidio en otros contextos.
El abogado penalista Federico Campos explica que para procesar y llegar a condenar a alguien por el delito de tentativa de femicidio, debe demostrarse la intención o el dolo del inculpado de querer el resultado de asesinar a la víctima. “Y, por más repudiables que sean los hechos, no veo tan clara esa intención” dijo Campos, a la vez que agregó que en caso de no demostrarse ese posible delito, “podría seguírsele causa y sancionársele por el delito de lesiones (graves o gravísimas)”.
Esto último, continuó el litigante, “dependerá de la incapacidad forense y de las secuelas producidas a la víctima y, además, por el delito de coacción por el acoso previo que tuvo contra ella. El hecho de que la víctima sea jueza no le da ninguna ventaja o privilegio especial”, advirtió Campos.
El experimentado jurista reprochó la acción del imputado, “es muy preocupante que un ciudadano tome represalias contra una funcionaria judicial por sus resoluciones”. Además, citó a un jurista uruguayo quien dijo: “Cuando los jueces tienen miedo, ningún ciudadano puede dormir tranquilo” porque estos son un bastión de toda Democracia; y, es más preocupante, si ello es causa o resultado de la violencia política que se ha generado desde el actual gobierno azuzando e indisponiendo a los ciudadanos contra el Poder Judicial”.
Otro penalista ve distinto el panorama y explica que en el sistema penal de Costa Rica se configura la tentativa desde que se inicia la ejecución del delito “con actos directamente encaminados a su consumación y el imputado no logra el resultado por causas ajenas a su voluntad”, dijo el abogado Julio Córdoba.
En ese escenario de acuerdo con Córdoba, “es de suponer que la Fiscalía considera contar con los indicios que indican que el ataque tenía ese fin, el de dar muerte a la señora jueza. Respecto al tipo penal, si se considera que estamos ante una tentativa de femicidio, sería por aplicación del numeral 21 bis de la Ley de Penalización de la Violencia Contra las Mujeres que tipifica femicidio por antecedentes de violencia en el entorno comunitario, ya que según se aprecia en las noticias ambos eran vecinos cercanos”, dijo.
En caso de que el caso se descarte como intento de femicidio lo que aplicaría es el delito de tentativa de homicidio “que sería simple o calificado dependiendo del ataque, por ejemplo si hubo alevosía o ensañamiento. En lo que corresponde a las lesiones el Código Penal las sanciona como gravísimas, graves o leves según el tiempo e incapacidad que sufra la víctima y si como consecuencia de estas se generan lesiones permanentes” puntualizó Córdoba.
Ambos juristas coincidieron en condenar el acto que actualmente se ventila en el Juzgado Penal de Heredia.
